Boric: discreto legado, pesada carga

Autor: Juan Lagos

El legado de Gabriel Boric no será recordado solo como discreto por la barra brava de una izquierda que prometió cambiarlo todo desde octubre de 2019. También lo será para una mayoría de chilenos que, lejos de los relatos épicos, evalúa a los políticos por sus actos y resultados. En lo económico, junto al penoso crecimiento, el país no ha logrado recuperarse de la crisis de empleo tras la pandemia. La inversión sigue entrampada por una permisología ideológica que convirtió proyectos viables en papeleos eternos. El balance no entusiasma y explica por qué la gestión Boric solo genera conformidad en muy pocos.

Hay quienes valoran esta administración porque «no ha sido tan mala como se esperaba». Bajo este punto de vista, se suele agregar que, considerando la ideología y trayectoria del mandatario, el desenlace podría haber sido peor. Esta es una vara peligrosa, porque rebaja los estándares de la buena política y desatiende la enorme responsabilidad que supone manejar un aparato estatal que se financia con el esfuerzo de millones de contribuyentes. Cuando se instala la idea de que basta con «no hacerlo tan mal», la política deja de ser un ejercicio de excelencia pública y se transforma en cómoda administración del poder. En ese escenario, los ciudadanos dejan de exigir y el Estado deja de rendir cuentas. El resultado es siempre el mismo: gobernantes menos responsables y una sociedad menos libre.

«Cuando se instala la idea de que basta con “no hacerlo tan mal”, la política deja de ser un ejercicio de excelencia pública y se transforma en cómoda administración del poder. En ese escenario, los ciudadanos dejan de exigir y el Estado deja de rendir cuentas. El resultado es siempre el mismo: gobernantes menos responsables y una sociedad menos libre».

Ese deterioro se vuelve todavía más preocupante cuando el Gobierno no se limita a cerrar su ciclo con resultados discutibles, sino que intenta proyectar sus decisiones más allá de su mandato. En las últimas semanas, la administración de Gabriel Boric ha impulsado iniciativas destinadas a condicionar al próximo Gobierno, trasladando rigideces y compromisos que restringen la capacidad de decisión futura. Hubo un momento, tras el contundente triunfo de José Antonio Kast, en que el presidente ensayó un tono de prudencia institucional, cercano a una retórica de responsabilidad con todas las generaciones que evocaba lejanamente a Edmund Burke.

Ese giro, sin embrago, fue pasajero. Las decisiones adoptadas en el tramo final del mandato muestran que aquella retórica de prudencia fue más una reacción coyuntural que una convicción política asentada. Lejos de una actitud de contención y responsabilidad intergeneracional, el Gobierno de Boric ha optado por dejar comprometida la acción de la administración entrante. El caso más evidente es el proyecto de reajuste del sector público impulsado por el ministro Nicolás Grau. Lo que se presentó como una rutinaria discusión salarial terminó por convertirse en una extensa ley miscelánea, con 129 artículos que modifican más de un centenar de normas. El texto introduce cambios en la estructura de los ministerios, en el funcionamiento de empresas públicas y en reglas administrativas que exceden por completo el objeto original del proyecto.

Entre sus disposiciones más delicadas está el endurecimiento de las condiciones para no renovar funcionarios a contrata. Bajo el argumento de otorgar estabilidad, se consagra en los hechos la permanencia de miles de empleados incorporados por Gabriel Boric. Se trata de una decisión que transforma gasto flexible en gasto permanente y que limita de manera significativa el margen de gestión del próximo gobierno. No es una medida inocua, sino una carga trasladada deliberadamente hacia el futuro.

Aunque la directora de presupuestos nos diga que estas normas no tendrán mayor costo fiscal, todos sabemos que convertir obligaciones transitorias en permanentes tiene efectos reales, aunque no se reflejen de inmediato en los informes oficiales. Diversos especialistas han advertido que la inamovilidad forzada podría generar un impacto estructural relevante en las finanzas públicas, reduciendo la capacidad de ajuste del Estado en un escenario ya estrecho.

En una democracia sana, la deliberación legislativa exige buena fe, claridad en los objetivos y transparencia en los efectos de las leyes. Cuando se introducen cambios estructurales bajo un rótulo engañoso y se acelera su tramitación para evitar una discusión de fondo, se deteriora la confianza institucional y se desnaturaliza el rol del Congreso. No se trata solo de una mala práctica política, sino de un precedente que empobrece la alternancia en el poder.

El próximo Gobierno del presidente Kast enfrentará desafíos complejos en materia económica y de seguridad. Hacerlo cargado, además, con amarras diseñadas a última hora es una señal equivocada y un mal legado institucional. Los Gobiernos pasan, pero las rigideces mal diseñadas por malos gobernantes permanecen y las pagan siempre los ciudadanos.

Ese es, en definitiva, el balance que deja Gabriel Boric: resultados discretos en su gestión y una pesada carga proyectada hacia el futuro. Chile necesita recuperar estándares altos, una ciudadanía exigente y políticos conscientes de que administrar el Estado implica responsabilidad, no complacencia. Esa responsabilidad implica, además, no dificultar deliberadamente la tarea de quienes deberán hacerse cargo de corregir lo que no funcionó.