Para el Gobierno, moderación y para la oposición, unidad
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Publicado en El Mostrador, 08.01.2021Si hay alguna palabra que puede expresar mejor lo ocurrido durante el caótico 2020, es la palabra “crisis”, sobre todo aplicada a nuestro país. No cabe duda de que el año que acaba de terminar ha sido uno de los más difíciles desde el retorno a la democracia, ya que el país se vio inmerso en una triple crisis: una crisis pandémica internacional, una económica mundial y en una nacional de orden político y social de grandes magnitudes. Si la palabra del 2020 fue “crisis”, todos esperamos con anhelo que las palabras de este 2021 sean “recuperación” y “sanación” en todos los aspectos: económico, psicológico, social y político.
En este sentido, el 2021 esta lleno de desafíos, especialmente aquellos políticos: tenemos un sinnúmero de elecciones, entre ellas una elección presidencial y una para elegir a los constituyentes que nos representarán en la redacción de nuestra nueva carta fundamental. Sin duda, el desafío político es enorme. No obstante, tenemos otros desafíos económicos y sociales de igual importancia como volver a generar crecimiento económico y, a su vez, volver a generar empleo de calidad y digno para todos los chilenos. Este 2021 que recién comienza debemos ser capaces de superar la palabra “crisis” y de enfocarnos en la palabra “recuperación” o “reparación”, en especial en la generación de empleo para poder combatir la pandemia de la informalidad que amenaza a miles de compatriotas.
Instaurar una agenda positiva de reparación a nivel social y económico requiere de dos pilares fundamentales que estuvieron tristemente ausentes durante todo el 2020:
De la misma forma, la violencia rural contra privados y empresas en el sur del país ha alcanzado ribetes sorprendentes. Solo en el 2020 hubo 80 episodios incendiarios y de violencia rural graves que afectaron a empresas en el sur del país, causando daños y pérdidas por $ 35 mil millones de pesos sólo el año pasado. Cuatro regiones del sur del país se han visto afectadas producto de esta ola de violencia rural desatada. De hecho, se estima que la violencia rural del 2020 ha más que duplicado la intensidad y los daños de todos los años anteriores. Entre enero y diciembre del año pasado, se produjeron la mayor cantidad de ataques rurales violentos por temporada de que se tenga registro, con un promedio mensual de 6,7 acciones de fuego y destrucción. Esta cifra es inédita, ya que en el 2019 hubo 39 episodios de violencia rural (3,2 al mes), y el año que lideraba las estadísticas era el 2016 con 46 ataques en el año (3,8 cada mes). No existe actividad económica ni familias que puedan sostenerse en el tiempo ante formas reiteradas de violencia, tanto urbana como rural, como las que hemos experimentado en el país.
Si no detenemos este fenómeno de la violencia y si no somos capaces de erradicarla este año que recién comienza de nuestro diario vivir, será imposible instaurar una agenda de recuperación. La reparación social, psicológica y económica que Chile tanto necesita será imposible si no detenemos la violencia y su normalización en todas sus formas. En este sentido, el año 2021 es clave en materia de violencia, ya que determinará si la violencia callejera y rural puede ser erradicada de cuajo o si estará presente de forma rutinaria e intermitente en nuestras vidas como sucede en otros estados fallidos latinoamericanos.
De hecho, la reparación laboral se esta viendo marcada por una recuperación solo por vía del empleo informal. Pero, a diferencia de otras recuperaciones en donde el empleo informal aumenta producto del empleo por cuenta propia, lo que está ocurriendo hoy, es que muchos empleos informales se están creando a través de asalariados del sector privado. Esto, como lo reconoce el economista Juan Bravo, es una generación de empleo informal “negro y es algo inusual. Esto tiene que ver con la micro y pequeña empresa, donde el 70% de los nuevos empleos asalariados que están creando son informales… …Eso te revela que esas empresas, las micro y pequeñas, están optando no por usar el subsidio del Gobierno, sino que están prefiriendo contratar en negro”.
La informalidad laboral es problemática ya que dichos trabajadores no tienen acceso a la salud ni a previsión social a través de su empleo. La informalidad también impide optar a la protección que proveen ciertas formas de seguridad social, así como también cierra la posibilidad de usar los mercados financieros formales, dañando el acceso al crédito en buenas condiciones y, por ende, el acceso a la vivienda. La informalidad es un generador implacable de desigualdad económica y multidimensional, haciendo un daño social de forma asimétrica, ya que afecta de sobremanera al quintil de menores ingresos.
Para finalizar, queda claro que una agenda seria y responsable de reparación social y económica para el 2021 tiene como condiciones necesarias el fin de la violencia, su erradicación y un ataque serio contra la informalidad laboral, que vayan de la mano de un crecimiento económico robusto. Sólo de esta manera podremos pasar de la palabra “crisis”, que profundamente nos marcó el año pasado, hacia la palabra “sanación” que tanta falta nos hace a todos.
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Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
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