Si le das más poder al poder

Autor: Jorge Gomez

El economista francés Frédéric Bastiat decía a mediados del siglo XIX que el Estado era «la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza por vivir a expensas de todo el mundo». La crisis desatada por los cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE) denota con nitidez esa advertencia. Tanto el diseño original del instrumento como la posterior promesa de su condonación se basan en la misma quimera: la ilusión de que el aparato estatal, en su rol de garante, puede asumir de forma inocua el costo del financiamiento universitario; es decir, que puede absorber costos sin que nadie los pague.

Detrás de esta retórica, camuflada bajo el ropaje de la justicia social, late una profunda respuesta humana: en el mundo real, todos prefieren que la factura la pague el vecino. Es la máxima de Bastiat operando en su estado más puro. Así, según cifras de la Tesorería General de la República (TGR), la deuda morosa del CAE asciende hoy a 4 billones de pesos (cerca de 4.500 millones de dólares). Ese es el dinero que el Fisco ya debió desembolsar para cubrir los impagos de los titulares de esos créditos con la banca, de los cuales un 72,5%, según un informe de Acción Educar, son personas que efectivamente obtuvieron su título profesional.

«La izquierda profundizó irresponsablemente estas dinámicas al enarbolar la condonación del CAE como un artilugio de campaña, pretendiendo hacer desaparecer por arte de magia el volumen de lo adeudado»

Esta crisis de morosidad tiene diversas raíces. En parte, se origina en la burbuja creada por el propio Estado al subsidiar la demanda por educación superior, lo que expandió artificialmente la oferta de profesionales y devaluó los títulos universitarios, dificultando el pago para algunos deudores. Sin embargo, la morosidad también ha sido azuzada por discursos políticos demagógicos que presentan al Estado como un benefactor cuyos costos siempre pagan otros. Esto ha alimentado una conducta de free-riders o polizones sociales que también observamos en aquellos profesionales que, tras ser beneficiados con costosas becas estatales para estudiar en el extranjero, deciden no regresar al país y eludir su compromiso contractual de retribución. Según antecedentes del Ministerio de Ciencia, los becados en el exterior mantienen una deuda total de 100.000 millones de pesos, de los cuales un 70% corresponde a becarios que no han acreditado su retorno obligatorio a Chile.

En ambos casos el incentivo subyacente es el mismo: privatizar las ganancias y socializar los costos. El deudor del CAE que exige una condonación y el becario que no regresa a cumplir el contrato que firmó conscientemente, operan bajo el mismo parámetro: esperar que otros contribuyentes —quienes quizás nunca se beneficiaron del acceso a la universidad o de estudios en el extranjero— absorban el costo de sus decisiones individuales.

La izquierda profundizó irresponsablemente estas dinámicas al enarbolar la condonación del CAE como un artilugio de campaña, pretendiendo hacer desaparecer por arte de magia el volumen de lo adeudado. Esta mirada romántica del Estado como una entidad filantrópica pavimentó el camino para instalar una falsa superioridad moral, donde cualquier alza tributaria es presentada como un acto intrínsecamente justo. Bajo esta lógica, los frutos del trabajo ciudadano son vistos, a priori, como patrimonio disponible para el Fisco y para los afanes redistributivos de algunos políticos y demagogos.

Es lo que el filósofo alemán Peter Sloterdijk llamó «la mano que toma»: la cara oculta del Estado de bienestar, aquella que extrae antes de dar y que trata la productividad del individuo como un recurso público antes que como el fruto de su esfuerzo. Bajo esa perspectiva confiscatoria, la expansión de las facultades de control y recaudación —incluidos los embargos automatizados de la TGR— ha sido una consecuencia lógica. No es raro, entonces, que el Estado se alce sobre los ciudadanos de carne y hueso como un acreedor implacable. El deudor moroso del CAE completa esta dinámica: al socializar el costo de su deuda, somete a otros contribuyentes a mayor presión para financiar un compromiso que jamás contrajeron.

Por eso resulta grotesco ver a quienes alimentaron la capacidad recaudadora del aparato público, bajo promesas de derechos sociales, lamentar hoy los embargos que la Tesorería aplica sobre las cuentas corrientes de los deudores del CAE. Ahora se escandalizan al descubrir que el Leviatán que ellos mismos reforzaron no tiene piedad con ciudadanos que creyeron, ilusamente, que el Estado sería su aval eterno.

La contradicción de quienes hoy se quejan del rigor fiscal que ellos mismos construyeron —dotando al Estado de la capacidad técnica y legal para que no se escapara un solo peso destinado a financiar utopías— es mayúscula. Sloterdijk lo anticipó con claridad: quien reclama con indignación los beneficios de «la mano que da», no debería sorprenderse cuando aparece «la mano que toma».