La clase media y el incierto futuro de Chile

Autor: Jorge Gomez

Si una familia de clase media en Chile enfrenta una enfermedad catastrófica, tiene dos opciones: recurrir a su seguro privado de salud, comprometiendo parte importante de la economía familiar, u optar por el sistema estatal y verse sometido, eventualmente, a una lista de espera que tiene una mediana de demora de hasta 15 meses.

La misma paradoja se evidencia en el acceso a educación de calidad. Un colegio particular pagado tiene un costo mensual altísimo, incluso en UF, mientras que la educación estatal, salvo algunas excepciones, no ha logrado revertir el estancamiento que documenta la prueba PISA, pese a sucesivas reformas educacionales. Los resultados muestran que, entre 2006 y 2022, cerca de la mitad de los estudiantes chilenos no alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemática. La OCDE sitúa a Chile en el nivel más bajo de la escala en razonamiento matemático y comprensión lectora entre su población adulta. Educarse bien en Chile sale caro. Panorama deprimente si consideramos la revolución tecnológica en curso y el desafío de destrucción creativa que eso conllevará.

«Proteger y ampliar a la clase media no es solo un asunto económico. Es un asunto político esencial, porque uno de los mayores peligros para una democracia es el debilitamiento, precisamente, de su clase media»

Algo similar ocurre con el mercado laboral. Por un lado, se producen leyes que buscan proteger el trabajo pero que terminan elevando su costo e incentivando el desempleo y la informalidad. Los datos del INE del trimestre marzo-mayo de 2026 son elocuentes: la informalidad alcanzó 27%. Por otro, se proponen normas que flexibilizan el mercado laboral pero que podrían dejar sin protección al jefe de hogar de una familia ante un eventual despido. Así, la clase media se puede ver atrapada entre una informalidad estricta o una informalidad legal, como sucede con los llamados «profesores taxis» —docentes que reparten su jornada entre varios colegios con contratos parciales y sin estabilidad ante contingencias graves.

La clase media también está cada vez más lejos de tener casa propia. Hay familias que podrían pagar un dividendo, pero no pueden ahorrar para el pie del 20%. La clase media entonces no califica para un subsidio ni tiene la capacidad de ahorro para pagar un pie al banco. A esto hay que sumar el IVA a la vivienda, impulsado por la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet (alguien que claramente no tiene problemas de acceso a la vivienda). Bajo esas leyes tributarias la clase media se ve obligada a reunir más ahorro justo cuando menos margen tiene para hacerlo. Además, enfrenta un doble desafío. Primero, cada vez se le hace más difícil acceder al crédito hipotecario. Segundo, crece el riesgo de caer en morosidad hipotecaria. Según la CMF, el índice de morosidad hipotecaria ha ido aumentando. Algo que algunos de nuestros políticos no consideran es que la inflación no es inocua para la clase media, puesto que el dividendo sube automáticamente con esta. Por eso impulsar los retiros de las AFP fue una irresponsabilidad.

A propósito de los políticos, ni hablar del Papá Estado. Al ser considerada como pudiente, la clase media es sometida a una fuerte carga fiscal. Sólo pregúntese cuántos impuestos, patentes y permisos paga si usted es un profesional independiente, si tiene algún emprendimiento formal o quiere iniciar un pequeño negocio, aunque no genere rentas millonarias. La clase media está en un limbo donde no hay subsidios ni exenciones, sólo impuestos y tributos.

La clase media además confronta una paradoja política. Al depender de sus propias uñas, no se organiza en grupos de presión como sí lo hacen los gremios, sindicatos y asociaciones de funcionarios que reclaman prebendas y exenciones. Por tanto, aunque todos hablan de la clase media, nadie se preocupa realmente de ella porque en parte no se sabe quiénes son parte de esta.

Según la metodología más reciente se considera de clase media a un hogar de tres personas cuyo ingreso total mensual está entre $1.585.616 y $4.228.308 si arrienda, o entre $1.066.923 y $2.845.125 si tiene vivienda propia. Con este criterio, la clase media alcanzó el 46,8% de la población en 2024. Pero esta aproximación estadística debe complementarse. Hablamos de gente cuya fuente principal de ingresos es su trabajo, su profesión o su emprendimiento —y que se ha vuelto progresivamente más dependiente del favor estatal justo cuando su ingreso autónomo se debilita. Un estudio del OCEC-UDP muestra que la clase media fue el segmento con la mayor caída real de ingresos del trabajo entre 2017 y 2022. Por tanto, no hablamos de gente con grandes patrimonios inmobiliarios o accionarios, capaz de emprender en los negocios o la política sin temor al fracaso.

Bajo este escenario, la clase media chilena está atrapada en una paradoja marcada por una dinámica política que la perjudica desde diversos flancos: una élite de izquierda cuyas medidas debilitan las dinámicas de mercado que favorecen la movilidad social y hacen a la clase media más independiente; y una élite de derecha que parece haber olvidado que reducir la incertidumbre para incentivar los mercados no es solo dar certezas a los grandes inversionistas, sino también a los trabajadores y emprendedores, para que se animen a crear negocios sin temor a caer en la informalidad y la deuda que son, precisamente, las puertas de entrada a una mayor dependencia del favor estatal. Lo peor, estas élites actúan como si no compartieran su destino material y cívico con la clase media.

Donde todo esto se evidencia con más fuerza en la actualidad, dejando en evidencia el cortoplacismo de las élites, es en el asunto político por excelencia: la natalidad. La baja histórica en nuestras tasas no es un tema de recursos, de lo contrario cuando éramos más pobres como país deberíamos haber tenido menos natalidad, y ahora que somos más ricos, más sanos y con menos pobreza, deberíamos tener más natalidad. Pero ocurre justo lo contrario: tenemos la tasa más baja de la historia, 1,03 hijos por mujer según el INE, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1. Quizás esto es más un asunto de certezas. Y la clase media ya no puede darse esos lujos. Esto no se resuelve obligando a las mujeres a tener hijos. Es un asunto que se relaciona con crear certezas respecto al futuro.

Por eso, proteger y ampliar a la clase media no es solo un asunto económico. Es un asunto político esencial, porque uno de los mayores peligros para una democracia es el debilitamiento de su clase media. Sin ella se produce un proceso doble: se instalan oligarquías que logran capturar la maquinaria política y económica bajo promesas de todo tipo, y se expande una masa de personas cada vez más dependiente de lo que esa élite decida repartir. Ahí ya no hay posibilidad de desarrollo económico ni de estabilidad democrática. No hay futuro.