Durante estos días se cumplen ya dos años desde el estallido social iniciado el 18 de octubre del 2019, y del cual todavía estamos viviendo sus repercusiones en distintos aspectos, como lo político, lo constitucional, y así como también sus consecuencias en materia de violencia y destrucción del espacio público.
Nos hemos “latinoamericanizado” en materia financiera, dejando de ser el país símbolo de la seriedad y de la responsabilidad fiscal, tomando el camino derecho hacia un subdesarrollo económico-financiero de la mano de los retiros.
Hay que tener particular atención en aquellas candidaturas presidenciales que prometen más gasto público, un mayor rol del Estado en la economía y mayor gasto para la ciudadanía a punta de impuestos, ya que estas propuestas no resuelven el problema fiscal de fondo, sino que lo podrían acrecentar aún más.
Es la primera medición internacional de nuestro estado institucional y económico, relacionado con nuestras libertades, desde que ocurrió el estallido social, y sus resultados no podrían haber sido peores: la peor caída de posiciones del país desde que se tenga registro.
La pureza política no existe y el supuesto pueblo “puro” e “iluminado” es una mera ficción de ideólogos emborrachados con el asambleísmo y la democracia radical
El caso del notario zombi, entonces, nos permite cuestionar profundamente el actual paradigma notarial y reflexionar acerca de si no existirán mejores mecanismos, más efectivos, transparentes y fáciles de usar, para resguardar la fe pública, que nuestro actual vetusto sistema notarial.
La Lista del Pueblo, en vez de ser la voz pura y racional de los marginados en el debate público, ha terminado siendo el reflejo de lo peor de nosotros mismos, de nuestra virulencia y de nuestra actual cultura de la cancelación, contribuyendo a acelerar el estado de descomposición de nuestro debate público
Con estas medidas populistas y simplistas –que muchos chilenos y políticos electos incluso avalan–, nos hemos disparado en los pies, cometiendo un acto de suicidio financiero.
Recientemente se publicó el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y sus resultados son elocuentes: el ser humano y sus prácticas de producción son el mayor responsable del calentamiento global en el mundo.
Este debate entorno al derecho de propiedad resulta fundamental y determinante para el futuro del país, en este ensayo analizaremos las distintas propuestas de algunos sectores de izquierda constituyentes.
Una de las grandes contribuciones del trabajo de Ostrom es demostrarnos que los seres humanos pueden auto-gobernarse y crear instituciones propias sin la necesidad de recurrir a un Estado superior u omnisciente para resolver sus problemas.
La violencia es como una caja de Pandora, ya que, una vez abierta e incitada por los políticos e intelectuales en las redes sociales, esta pierde el control y tiende a naturalizarse y a formar parte normal del país.
Se necesitarían nada menos que 31 años para satisfacer las necesidades habitacionales de las 84.000 familias de ingresos bajos que residen en Santiago.
Para Millas, un pensador honesto debe despojarse de los fetiches ideológicos y, por ende, contribuir a desenmascarar la violencia y denunciar sus trampas filosóficas, en vez de ocultarla por aparentes objetivos nobles.
Es de esperar que el lamentable regreso de la pobreza sirva de agua fría para poder calmar los ánimos y erradicar las alucinaciones de tantos Constituyentes refundacionistas.
Las severas derrotas de la derecha chilena en las elecciones recientes han calentado los ánimos y el debate ideológico dentro del sector.
El hecho de que estemos ya a julio del 2021, sin reabrir los colegios de forma amplia, inteligente y estratégica –sumándole a esto el poco interés de los políticos y del Colegio de Profesores de colaborar para volver a clases presenciales–, sugiere que la situación será igual o aún peor que el 2020.
Tiene mucho sentido, en materia de gestión de riesgo político, que los cotizantes puedan tener la libre opción de retirar sus fondos, para poder rescatarlos de una posible usurpación ilegítima por parte del Estado.
El argumento clave para preferir más días de vacaciones que días feriados es el de evitar dañar la productividad y la capacidad de generar valor agregado del país debido al aumento de los feriados irrenunciables.
El hecho de que entidades estatales, que deberían velar por el bienestar de todos, sigan lógicas mezquinas, al tratar de querer hacer negocios inmobiliarios o “pasadas” con sus terrenos, revela el profundo estado de descomposición de nuestra actual política y burocracia estatal.
