Estudiantes como daño colateral
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Publicado en Pulso, 7.4.2015
Publicado en Pulso, 7.4.2015
Autor: Eduardo Gomien
En junio de 2015 se cumplen 800 años de la Carta Magna en Inglaterra, uno de los primeros arreglos constitucionales que buscó evitar los abusos y garantizar la libertad individual de los súbditos del Rey Juan I, estableciendo ciertas libertades mínimas y limitando el poder de cobrar impuestos, entre otros acuerdos.
En Chile, en cambio, hemos iniciado el camino a una discusión poco seria sobre la asamblea constituyente. Al igual que ya lo hemos hecho tantas veces en nuestra historia, creemos que una nueva Constitución es fundamental para cambiar de raíz todo lo que parece andar mal.
Así, un nuevo texto -se supone- mejorará la participación ciudadana en política, nos hará mejores contribuyentes, generará espacios amplios de participación, permitirá a los parlamentarios escuchar “a la calle”, acabará con la corrupción, traerá más cultura y un largo etcétera.
Pero lo esencial de una Constitución es su capacidad de poner límites al poder. La Carta Magna fue uno de los primeros de este tipo. Por eso, si queremos debatir en serio sobre cambiar la Constitución, pensemos en cómo frenar la hiperinflación legislativa, en lugar de dar rienda suelta al voluntarismo y ambiciones de poder de nuestros parlamentarios y demás políticos.
Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
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