6 Principios para una política migratoria integral
No hay material políticamente más inflamable que el tema migratorio, especialmente si los actores políticos se empeñan en ello y el debate se polariza entre 'amigos de los inmigrantes', que tildan toda inquietud al respecto como racismo, y aquellos que sólo ven amenazas en la inmigración.
De esta manera se hace muy difícil que la razón se imponga sobre los mensajes populistas, que explotan sentimientos enfrentados. Sin embargo, debemos intentarlo. Por ello me permito, a partir de mi experiencia sobre el debate europeo, extraer seis principios que, a mi juicio, podrían orientarnos hacia una política migratoria razonable y sustentable.
El primero es la veracidad, es decir, ser rigurosos y honestos con la información que se maneja. El error capital del debate europeo fue el ocultamiento de datos preocupantes acerca de la inmigración por parte de los gobiernos y partidos que temían una reacción xenófoba ante un tratamiento más verídico del tema. Ello llevó a una falta de medidas adecuadas frente a los problemas que se acumulaban y terminó promoviendo aquella xenofobia que se buscaba evitar. A falta de información creíble cundieron los rumores y gran parte de la opinión pública dejó de confiar en una clase política que quería hacerle creer cosas que en absoluto concordaban con sus vivencias cotidianas.
En nuestro caso veo atisbos de una situación semejante. Un ejemplo de ello son las cifras que se manejan. La encuesta Casen 2015 da una cifra de 465 mil inmigrantes. Sin embargo, según el Anuario Estadístico 2005- 2014 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, una cifra similar (411 mil en 2014) corresponde sólo a los inmigrantes con permiso de permanencia definitiva, dejando fuera unos 200 mil migrantes con visas temporales de distinto tipo y un número indeterminado de extranjeros que residen irregularmente en el país. Por tanto, esta fuente oficial nos permite estimar la cifra total entre 700 mil y 800 mil personas lo que, por su concentración geográfica, nos da porcentajes en torno al 10% de la población en ciertas regiones.
El segundo principio es la integralidad. La política migratoria debe abarcar tanto los objetivos y regulaciones migratorias como una visión clara acerca de la integración de los inmigrantes. Las necesidades y la capacidad de integración de una sociedad dada deben ser factores determinantes de los volúmenes y composición de la inmigración que se busca promover. No tiene sentido discutir la regulación del flujo migratorio sin esclarecer previamente su utilidad y formas de integración. Ello ha ocurrido en Europa, donde finalmente el fracaso de la integración, con la formación de guetos y fuertes conflictos interétnicos, ha sido el caldo de cultivo para el surgimiento de fuertes movimientos antiinmigración.
El tercero es el principio de responsabilidad, tanto para con los recién llegados como para con la población nativa. Esto último es clave y se refiere especialmente a los sectores sociales que sentirán directamente los efectos más complejos del fenómeno migratorio.
Se trata de la competencia por los puestos de trabajo, la convivencia barrial o la eventual saturación y deterioro de los servicios públicos en áreas donde los inmigrantes tienden a concentrarse en un primer momento.
Paliar esto requiere ser previsores y realizar significativas inversiones públicas, pero también de un diálogo con quienes se sientan amenazados o desplazados por los migrantes. No hacerlo a tiempo conduce a fuertes tensiones sociales y, como lo muestra Europa, les brinda su principal base electoral a los partidos que harán del combate a la inmigración su gran bandera de lucha.
"No hacerlo a tiempo conduce a fuertes tensiones sociales y, como lo muestra Europa, les brinda su principal base electoral a los partidos que harán del combate a la inmigración su gran bandera de lucha."
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El cuarto es el principio de legalidad. Sobre ello se debe ser tajante. La inmigración ilegal no debe aceptarse, ya que genera no sólo formas muy problemáticas de inmigración sino, además, un sentimiento muy nocivo en la población nativa de que la situación está fuera de control y que cualquiera puede avecindarse en nuestro país.
El Estado de Derecho debe valer tanto para el migrante como para el nacional. Además, es vital castigar con la expulsión las conductas delictivas severas o reiteradas, pero sin olvidar que la presunción de inocencia es universal.
El quinto es el principio de progresividad, que en vez de partir de la plena igualdad de derechos establece un camino hacia esa igualdad, que se logra progresivamente en la medida en que el inmigrante va mostrando su capacidad de aportar al país y cumplir sus leyes.
Es decir, los derechos se deben ir ganando sucesivamente hasta llegar al derecho máximo, que es el convertirse en ciudadano chileno. Ello lo ha aprendido Europa con el tiempo, bajo el impacto nocivo de conductas parasitarias e insolidarias respecto de sus generosos Estados de bienestar.
El último principio es el patriotismo abierto. Llamo de esta manera una postura acogedora y generosa, pero basada en una clara afirmación de la identidad del país que abre sus puertas. No se trata de exigir la asimilación, sino de potenciar la diversidad dentro de un marco de valores compartidos y una lealtad y gratitud con Chile que nos haga parte de una misma comunidad. Así han hecho incontables colonias de inmigrantes en nuestra historia y en esa lealtad para con una patria de todos debemos seguir basando nuestra visión de la inmigración.
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Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
Publicado en Pulso, 14.12.2016
Autor: Mauricio Rojas