Pacto fáustico

Autor: Jorge Gomez

El gobierno de José Antonio Kast enfrenta una paradoja. Si por un lado ha planteado disminuir el poder estatal encarnado en burocracia y tributos, en términos de seguridad enfrenta el dilema de cumplir con la tarea de establecer una mayor seguridad para la ciudadanía sin caer en la omisión, pero sin necesariamente acrecentar el poder e injerencia del Estado sobre los ciudadanos. La propuesta presentada por el Ejecutivo evidencia ese dilema y es importante ponerlo en discusión.

La seguridad es un problema cierto en Chile pues es evidente que han existido cambios en las dinámicas de la criminalidad. Por ejemplo, secuestros y sicariatos eran cuestiones infrecuentes años atrás y erradicarlas o a lo menos disminuir su incidencia es, probablemente, un deseo generalizado de la ciudadanía. Según un informe de Fiscalía del año 2025, entre 2022 y 2024 en Chile se registraron más de 800 secuestros por año, alcanzando en 2024 la cifra más alta de la serie histórica. Pero creer que este problema podría significar una especie de carta blanca al gobierno es errada en todo sentido.

«La indistinción entre lo político y lo jurídico que conlleva un estado de excepción trae consigo el riesgo de que este se torne permanente bajo la discrecionalidad de una persona: el Presidente, sea quien sea»

El propio gobierno de José Antonio Kast ha dicho en su propuesta que la seguridad tiene una dimensión que trasciende la mera persecución penal y que, por tanto, la discusión no versa respecto a libertad y seguridad, sino en qué instrumentos requiere legítimamente el Estado para cumplir con sus deberes de protección en términos de seguridad en sentido amplio. En términos generales o superficiales el debate versa respecto al modo en que el Estado impone su soberanía mediante, por ejemplo, un nuevo estado de excepción. Pero establecer que esto último es una potestad política del Poder Ejecutivo fuera del control judicial, hace que el debate sea respecto a las potestades del Presidente, sea cual sea. No del Estado en conjunto.

Esto implica, por tanto y se quiera o no, discutir respecto a los contornos entre lo jurídico y lo político. Porque un estado de excepción implica esa indefinición. Ante esto, quienes se autodefinen como liberales deberían ser los primeros en poner atención a lo que se impulsa y no caer en una condescendencia complaciente pues implica discutir sobre los confines en que el Poder Ejecutivo ejerce potestades mediante una condición de excepcionalidad que podría adoptar el carácter de técnica de gobierno.

Un punto de discrepancia clave con la propuesta se relaciona con el criterio para definir cuándo existe una amenaza grave e inminente o una afectación grave a la seguridad pública que justifique el estado de excepción de seguridad pública en el cual se podrían restringir una serie de libertades, como el derecho a reunión, y se podrían interceptar toda clase de comunicaciones. Esto implica definir cuándo existe tal amenaza y también cuándo esta desaparece. La indistinción entre lo político y lo jurídico que conlleva un estado de excepción trae consigo el riesgo de que este se torne permanente bajo la discrecionalidad de una persona: el Presidente. Insisto, sea quien sea.  

¿Por cuánto tiempo una comuna o un barrio afectado por el crimen organizado podría estar bajo este estado de excepción? ¿Cuál sería el criterio para ponerle término? La propuesta, tal como ha sido presentada, no fija un límite temporal automático ni exige mayorías parlamentarias reforzadas para las prórrogas sucesivas —dos salvaguardas institucionales claves para evitar que la excepción se vuelva permanente. Porque insisto, la decisión es de una persona, un presidente, sea quien sea.

La indefinición respecto a la amenaza grave e inminente podría convertir el poder que busca imponer el orden en un poder que deviene en arbitrario. Advertir esto no es estar a favor de la anomia, el desorden o el crimen. Es simplemente pedir la prudencia política necesaria ante una zona de indistinción entre lo político y lo legal que es, en definitiva, un estado de excepción donde las libertades y derechos de las personas quedan suspendidos. Tener presente esto es clave para discutir otras de las propuestas hechas por el gobierno como la inhabilidad de prestaciones (derecho a salud, derecho a educación, libertad de trabajo y seguridad social) y la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos a quienes sean condenados por delitos ligados al crimen organizado y el terrorismo.

A ver, digámoslo honestamente: la mayoría desearía colgar o fusilar a violadores, sicarios y asesinos en masa. Pero como sociedad debemos tratar de hacer imperar normas y no sólo pasiones. Es eso lo que permite constituir una comunidad política viable. Por eso, las inhabilidades podrían ser un remedio peor que la enfermedad puesto que implican la creación de sujetos que quedan al margen —sin acceso a salud o educación—. Pero entonces, lo que surge a partir de esta especie de condena al ostracismo es una forma peligrosa de barbarie en el seno de la polis.

Así, el exceso de sesgo punitivo, sin mediar la posibilidad de la reinserción, podría ser contraproducente con la pretensión de restablecer el orden y la seguridad pues estaría creando una dualidad entre ciudadanos insertos en el marco legal y sujetos condenados a estar al margen de la ley. Se pueden pensar otros regímenes de inhabilitación temporal que endurezcan las consecuencias penales en proporción a los delitos, pero sin necesariamente recurrir a la exclusión tal como hoy se plantea en el proyecto del gobierno.

La República entonces no se vería fortalecida, sino que estaría creando sus propios verdugos al ir expandiendo paulatinamente el marco de la excepcionalidad en cada prórroga, en cada nueva inhabilitación, en cada nueva restricción. Siempre es bueno recordar lo que Alexis de Tocqueville advertía: que la paz pública es un gran bien; pero no podía olvidarse que era a través del orden firme como todos los pueblos han acabado en la tiranía.

Para no ser tan pesimistas, digamos que el hecho de que las voces de alerta ante la propuesta del gobierno las pusieran personas ligadas a partidos oficialistas o cercanos a este, no es necesariamente una señal de amarillismo o cobardía, sino de sanidad y prudencia política. Algo necesario para equilibrar el principio de separación de poderes (para no atar al Presidente frente al crimen organizado) y el principio de control mutuo (para que los ciudadanos podamos proteger nuestras libertades frente a la acción del poder político).

Las tan manoseadas credenciales democráticas que cada tanto se exigen entre los políticos, en este caso, se evidencian al anteponerse el debate público y democrático en favor de las libertades frente a la ciega complacencia con la expansión del poder político.