Montes debe irse

Hoy, 4 de enero de 2024 se votará en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes por su negligencia en la supervisión y control de su cartera en la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante 2022 y 2023, que incluyó asignaciones irregulares de fondos a entidades como Democracia Viva —que hoy tiene a su director en prisión preventiva— que han puesto en tela de juicio la capacidad de Montes para dirigir su ministerio de acuerdo con la ley.

No deja de ser curiosa la dinámica política que rodea a las acusaciones constitucionales en Chile recientemente. Su frecuencia ha aumentado, a pesar de la complejidad que conlleva la fragmentación del Congreso para materializarlas. Estas acusaciones se han vuelto eventos políticos cuyo éxito a menudo depende de circunstancias coyunturales y de cómo ciertas noticias pueden inclinar la balanza. Recordemos que el 13 de diciembre de 2023, tras la detención de Andrade y Contreras en el marco del Caso Convenios, la oposición anunció unánimemente la acusación contra Montes. Este tipo de acontecimientos puede alterar significativamente el escenario político y las posibilidades de éxito de una acusación. Si ayer hubiese sucedido algún evento similar, probablemente las chances de que prospere la acusación contra Montes serían mayores.

«El compromiso con la probidad y la transparencia va más allá de no participar directamente en actos ilícitos o de no encubrirlos. Se requieren liderazgos proactivos y vigilantes, capaces de prevenir cualquier acto de corrupción y de no limitarse a reaccionar una vez que el daño ha sido expuesto públicamente. Superemos la lógica del “me enteré por la prensa” de una buena vez».

La superficialidad con la que se abordan las acusaciones constitucionales no se limita exclusivamente a los políticos encargados de votar hoy. Es notable cómo algunos analistas políticos evitan profundizar en el mérito específico de cada acusación, prefiriendo generalizar sobre el uso reciente de este mecanismo. La pereza intelectual de estos analistas a menudo se traduce en la repetición de latiguillos que los hechos han desmentido. Un ejemplo claro es la creencia de que una acusación constitucional fallida inevitablemente fortalece al ministro acusado. La realidad contradice esta idea: figuras como Siches, Ríos, Ávila y Jackson, quienes enfrentaron acusaciones constitucionales, ya no forman parte del Gobierno. Este patrón sugiere que, más allá del resultado de la votación, las acusaciones tienen un impacto en los ministros y no es precisamente su fortalecimiento.

Si bien puedo concordar con la idea de que la herramienta de la acusación constitucional ha sido sobreutilizada recientemente, me distancio de aquellos que argumentan que, en el caso de Carlos Montes esta acusación carece de fundamento por una supuesta impecabilidad en su gestión. Contrario a lo que el profesor Hernán Corral sugiere en su última columna, describiendo a Montes como alguien que «se ha comportado muy eficientemente y con gran celo y responsablidad», los hechos que sustentan la acusación constitucional desmienten este tipo de respaldos.

La realidad muestra que Montes comenzó a tomar medidas significativas únicamente después de que el escándalo saliera a la luz pública, a pesar de que rumores sobre las irregularidades ya habían llegado incluso a La Moneda con días de antelación (¡¿llegó a Presidencia, pero no al Ministerio?!). Este retraso en responder a la crisis a lo menos suscita dudas sobre su liderazgo y capacidad de gestión. Sumado a esto, la falta de respuesta de Montes a las afirmaciones de la exsubsecretaria Tatiana Rojas, particularmente su negativa a revelar los correos electrónicos que intercambió con ella, agrega otra capa de incertidumbre. Rojas sostiene que informó a Montes con anterioridad, y la falta de transparencia en este asunto no hace más que intensificar las sospechas de omisión o negligencia por parte del ministro. Por último, la estrategia del Partido Socialista de blindar a Montes, centrándose exclusivamente en los miembros de Revolución Democrática, carece de fundamento. El conocimiento del socialista Ricardo Trincado sobre la situación al mismo tiempo que Tatiana Rojas desmantela la narrativa de que los únicos responsables sean exclusivamente del Frente Amplio, mostrando que la problemática es más amplia y no se limita a una sola facción política.

En definitiva, independientemente del resultado de la acusación constitucional, es imperativo que Carlos Montes deje su cargo de ministro de Vivienda y Urbanismo. Los hechos han mostrado que no estuvo a la altura de las responsabilidades inherentes a su posición. La falta de conocimiento sobre las situaciones críticas que afectaban a su cartera, manejadas indebidamente por varios funcionarios bajo su mando, apunta a una negligencia significativa en su gestión. El compromiso con la probidad y la transparencia va más allá de no participar directamente en actos ilícitos o de no encubrirlos. Se requieren liderazgos proactivos y vigilantes, capaces de prevenir cualquier acto de corrupción y de no limitarse a reaccionar una vez que el daño ha sido expuesto públicamente. Superemos la lógica del “me enteré por la prensa” de una buena vez.