Las fundaciones no tienen la culpa

No cargar cadáveres y culpar al sistema, estas parecen ser las dos caras de la nueva estrategia comunicacional del Gobierno para afrontar el escándalo del Caso Convenios, cosa que debería chocarle a cualquiera que tenga un mínimo de memoria y de sentido común.

Resulta que ahora desde el Ejecutivo son capaces de apreciar con claridad y distinción que Democracia Viva es un caso de corrupción. Todo partió con las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que en este caso había un uso abusivo de la autoridad para obtener un beneficio privado. Luego fue secundado por el senador Latorre, el ministro Montes e, incluso, por el presidente Boric. Se trata, a todas luces, de un reconocimiento tardío. Desde que el escándalo se destapó a mediados de junio de este año no han existido otros antecedentes que permitan explicar este cambio de discurso. Este reconocimiento no se debe a un compromiso con la probidad y la transparencia, solo obedece a la táctica política: Democracia Viva es insalvable, un peso muerto que hunde el barco del Gobierno.

Pero también hay en esta estrategia un claro deseo de evidenciar a Democracia Viva como una vergonzosa excepción. Pero es demasiado tarde, todos sabemos que es mucho más que eso, sabemos que la extrema izquierda tiene como principio el vivir de la política incluso cuando no son elegidos democráticamente. Ya lo dijo, Íñigo Errejón: la militancia no vive del aire. Por lo visto, tampoco de su trabajo, la militancia vive de la plata de todos nosotros.

«Atribuir el robo de recursos públicos a la facilidad con la cual ahora se constituyen fundaciones es tan absurdo como señalar que se evitan accidentes de tránsito gracias a lo engorroso que es sacar la licencia de conducir en las municipalidades».

Con todo, la estrategia más disparatada para afrontar (o eludir) el Caso Convenios también fue expuesta por el ministro Luis Cordero. A juicio del ministro, uno de los factores que permitirían explicar la corrupción de su Gobierno es la facilidad con la cual se constituyen asociaciones sin fines de lucro en la actualidad y que «la perspectiva del tiempo» estaría demostrando que con el engorroso procedimiento previo a 2011 «algunos resguardos se tomaban». Para rematar su exposición, dijo que esto era casi como «constituir una empresa en un día».

En primer lugar, llama la atención que el ministro vea con malos ojos la posibilidad de constituir una empresa o una fundación en un día, como si los trámites excesivos y la inexplicable burocracia tuvieran una razón de ser. Ante el alma de burócrata de Cordero, me quedo con el mensaje del proyecto de ley que permitió esta flexibilidad que proviene del Gobierno de Ricardo Lagos: «Un Estado moderno pero carente de una asociatividad autónoma por parte de la ciudadanía, arriesga el peligro de funcionar en el vacío. De otra parte, una democracia que reposa sobre una asociatividad débil genera desconfianza en el ejercicio del poder y una deslegitimación de las instituciones encargadas de tomar decisiones públicas».

Por otra parte, atribuir el robo de recursos públicos a la facilidad con la cual ahora se constituyen fundaciones es tan absurdo como señalar que se evitan accidentes de tránsito gracias a lo engorroso que es sacar la licencia de conducir en las municipalidades. El Caso Convenios no sería posible sin una clara voluntad de favorecer con recursos públicos a intereses particulares o partidistas. Si el Gobierno del presidente Boric quiere tener un compromiso genuino con la probidad debe evitar estas explicaciones absurdas de tinterillo y sacar de su Gobierno a todos los responsables —se por acción o por omisión— de esta millonaria pérdida de las arcas fiscales.