El fracaso de Chile

Autor: Jorge Gomez

A estas alturas es evidente que la democracia chilena está infectada por un parásito que crece a medida que destruye lentamente a su huésped. El crimen organizado ha encontrado terreno fértil para ir pudriendo nuestro campo de flores bordado. Combatir la alta corrupción debería ser una política de estado urgente y prioritaria. La irrupción del crimen organizado es el problema político más importante de las últimas décadas. Porque no sacamos nada con tener una nueva constitución con derechos sociales si la gangrena del crimen organizado se enquista en el Estado y la sociedad. Si eso ocurre, sólo será la linda máscara de un estado fallido y anómico.

Algunos podrían decir que se exagera, pero hay hechos que inevitablemente muestran que el riesgo de corrupción institucional es efectivo. El puerto de San Antonio ha sido catalogado por la ONU como principal punto para trasladar droga a América del Norte y Europa. Somos el tercer punto de salida a nivel latinoamericano. En 2022, el delito de trata de personas, cuyas principales víctimas son mujeres, aumentó en 460%. La impunidad y descontrol migratorio es terreno fértil para mafias ligadas a este flagelo que además se instalan en ciudades chilenas. Somos el segundo país, después de Colombia, más impactado por acciones terroristas según un informe del Instituto de Economía y Paz (IEP) de Australia. El mayor número de víctimas fatales se produjo en los últimos dos años. Todos estos problemas incluyen balazos y por tanto el tráfico de armas, que representa otra maraña de magnitud.

«Si el parásito del crimen organizado se enquista en Chile, efectivamente fracasaremos como país y como sociedad».

El narcotráfico, la trata de personas que causa estragos en el norte y el terrorismo ligado al robo de madera en el sur, están desafiando al Estado de Derecho y su principal función: garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El ejemplo más visible es el modo en que el narcotráfico ha salido de sus reductos habituales para situarse en todos los espacios e imponer sus normas y valores sin contrapeso. Esto implica que han ampliado su control territorial y simbólico. Los ajustes de cuentas son reflejo de la extensión de la corrupción, la anomia y la impunidad.

La respuesta institucional frente al crimen organizado requiere voluntad política, no sólo de un gobierno sino de todos los sectores. Sobre todo, de la sociedad civil, para revertir el desdén político que ha existido frente al problema. Solo así se adoptará una mirada de Estado de largo alcance. En ese sentido, somos los ciudadanos los que debemos elevar nuestra moralidad pública. En cada acto, en cada espacio. No debemos dejarnos seducir por la indolencia frente a una sociedad que se muestra cada vez más corrompida y anómica.

Si el parásito del crimen organizado se enquista en Chile, efectivamente fracasaremos como país y como sociedad.