El delirio institucional del feminismo de género
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Publicado en El Mercurio, 29.05.2021Voté Rechazo, porque siempre he creído en la institucionalidad y corresponde al Congreso la potestad constituyente. Un proceso que nadie pedía y que nacía de la violencia y la extorsión no podía generar nada bueno. La Convención surge de una elección popular con un trasfondo de hastío con la pandemia, el encierro, los problemas económicos y la violencia. Esa mayoría es transitoria y su compromiso con un nuevo texto constitucional -asumiendo que sale uno- será frágil si no se hacen las cosas bien.
Ni Piñera cuando salió elegido con una abrumadora mayoría ni la izquierda que ganó ahora la Convención clavaron la rueda de la fortuna ni se pueden declarar mayoría permanente y excluyente. Son respaldos precarios y volátiles, y sería bueno que la izquierda lo entienda.
Chile lleva 10 años sin crecer económicamente; sin mejorar las remuneraciones y con una inflación subyacente de 2 dígitos. La gente está más pobre, está descontenta y no sabe por qué. Eligió a Piñera porque no le gustó el 'otro modelo' de Bachelet y quería un cambio. Piñera empezó a enmendar el rumbo el primer año, pero las remuneraciones siguieron sin crecer porque había un millón de inmigrantes que entraron al mercado del trabajo. En estos 10 años lo único que creció fueron los empleados públicos, los cargos políticos (intendentes y gobernadores duplican el costo y se estorban), los impuestos (62% han subido los impuestos a las empresas) y las regulaciones.
Esta es la causa y origen de la falta de progreso, de oportunidades y de frustración de la ciudadanía. El Estado burocrático ha ahogado el desarrollo, eso lo ha hecho en silencio y de a poco, pero la acumulación de malas políticas tiene un efecto en el tiempo. Esto no es atractivo comunicacionalmente y por eso nadie lo dice, pero la gente lo padece y se rebela. Si la Convención no entiende y corrige esto, seguiremos de mal en peor.
La oligarquía política no lo reconocerá, porque sería asumir su propia responsabilidad y sigue culpando al 'modelo', imputándoles todos los males del país, desde la falta de seguridad (culpa de una policía ineficaz y de un sistema judicial que no disuade); la falta de pensiones (culpa de que ahorramos poco y ganamos y vivimos más); de la sequía (culpa de que no invertimos en embalses, plantas desalinizadoras y riego tecnificado, y no de que el agua no es estatal), etc. Mientras tanto, los rostros en la TV siguen repitiendo tonteras como que podemos mejorar las pensiones gastándonos los ahorros y silencia verdades como que prohibimos el lucro y dimos gratuidad en educación y esta empeoró.
Tenemos un Estado hipertrofiado que no soluciona los problemas cotidianos de la gente. La salud, la seguridad y la educación son estatales; son malas y falsamente gratuitas, porque salen carísimas. Eso no es culpa de los privados ni es falta de recursos. Es culpa del propio Estado capturado por la política y los grupos de interés que no hacen nada por mejorar su productividad.
Chile tiene una oportunidad, para que el trabajo de la Convención no sea el resumidero de una narrativa falsa, sino que alinee el sistema político y jurídico con las necesidades e inquietudes de la ciudadanía. Chile tiene una sociedad civil vibrante, y llena de organizaciones voluntarias (gremios, sindicatos, colegios profesionales, centros de estudios; universidades, iglesias, etc.) que les preocupa el país y la mantención de un ecosistema político que permite la libertad, la democracia y el progreso. Esa sociedad civil debe controlar que la Convención respete las reglas acordadas y proponer ideas que reflejen soluciones racionales para los desafíos del país. Por eso es importante, por ejemplo, lo que están haciendo las universidades de Chile y Católica, reuniéndose con los constituyentes, de manera que estos cumplan con el mandato ciudadano de hacer una Constitución para todos y no para Pikachu y Stingo.
En la sociedad civil y su empoderamiento se juega el futuro de Chile, no en una Convención, que si la dejamos sola y a su arbitrio, hará una Constitución para 30 días y no para 30 años.
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