Chile: ¿Populismo constitucional o democracia liberal?

Autor: Eleonora Urrutia

Se acerca el momento de decidir si se prefiere un país con libertad y sensatez política y económica, o uno arruinado por el engaño del autoritarismo y del populismo.

Embarcado Chile en la tarea de reformar su Constitución, es vital que se recuerden ciertos conceptos fundamentales ligados a la esencia de la cooperación social y la convivencia pacífica: la existencia de un estado y las funciones que debe cumplir en beneficio de la sociedad y en el ámbito de la acción individual. Si el país ha decidido desarrollar nuevas instituciones es necesario plantearse cómo se logra que una sociedad conjunto humano diverso y con distintos intereses, cada uno pueda perseguir su destino.

No puede ignorarse, por otro lado, el contexto vigente en estos temas. Dos episodios recientes ilustran la manera en que se desenvuelve la relación entre el gobierno y la esfera de control de los individuos. El primero es el abuso de la autoridad durante el estado de excepción en el que vive Chile hace más de un año a raíz de la aparición de COVID-19. Está caracterizado por una cadena ininterrumpida de decisiones políticas extremas impuestas a la ciudadanía, que si tenían alguna justificación al inicio de la pandemia, no sólo resultan ahora muchas de ellas contra evidencia, sino que resultan inquietantes ante la aparición de un estado policial en el que, además, se estimula la figura de delatores y colaboracionistas.

El segundo caso es el reciente fallo del Tribunal Constitucional por siete votos contra tres, negando acoger a análisis el requerimiento del gobierno de declarar inconstitucional el proyecto de ley para retirar, por tercera vez, fondos desde las cuentas de las AFP. Dado que la función del tribunal es juzgar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso, en el caso pareciera haber actuado políticamente ya que no en función de lo que la Constitución indica. Valida un estado de cosas en que las principales instituciones del país no están obligadas a respetar sus límites constitucionales, lo que autorizaría al Congreso a gobernar y no solo a legislar, dando por tierra con el principio de separación de poderes, quizás la mayor limitación al abuso del poder. No es casualidad que tengan avanzada tramitación otros dos proyectos de dudoso linaje constitucional, la creación de un impuesto patrimonial a los llamados súper ricos y un nuevo impuesto a las ventas de minerales, en particular el cobre. Porque es fácil crear impuestos que afectan a unos pocos para repartirlos en gastos que llegan a muchos para conseguir votos, es que la Constitución prohíbe al Congreso crear impuestos y deja reservada la iniciativa en materia de gasto público e impuestos al Presidente. Llamar ley a cualquier cosa que decidan los representantes elegidos de la mayoría, y definir como gobierno bajo la ley todas las directrices de ellos emanadas – aun cuando sean discriminatorias a favor o en contra de grupos de individuos – equivale a tener un gobierno arbitrario que abusa de su poder.

"Tan poco latente están estos principios en la comunidad política chilena, que parte de los que más pidieron una nueva Constitución no están de acuerdo con la regla de los 2/3 de los votos para aprobar su redacción"

Hay que recordar, además, que una aplastante mayoría de chilenos votó por una nueva Constitución despertando la ilusión de cambios que de no darse – y es probable que ello ocurra porque provienen de deseos difícilmente conciliables entre sí – generarán desencanto y rabia. A poco andar quedará claro que la Convención Constituyente es irrelevante para generar cambios en las condiciones reales de vida. Por ello, la calle será nuevamente el escenario donde se pedirán respuestas a las demandas sociales, lo que volverá a permitir que los grupos más violentos desplieguen su potencia.

Durante dos siglos, desde el fin de la monarquía absoluta al nacimiento de la democracia ilimitada, el gran objetivo del gobierno constitucional se cifró en limitar el poder de coacción monopólico del estado. Los principios fundamentales que fueron afirmándose gradualmente para evitar cualquier ejercicio arbitrario de ese poder fueron la separación de poderes, la soberanía del derecho y el sometimiento del gobierno a la ley. En la práctica se ha demostrado que incluso esto solo no basta, pero que son condición necesaria para limitar el poder. Estos grandes principios liberales pasaron a segundo plano, y hasta fueron casi olvidados, cuando se pensó que el control democrático del gobierno hacía superfluo otro baluarte contra el uso arbitrario del poder, cuando surgió la idea de que, dado que el Parlamento era elegido democráticamente, no resultaba necesario que estuviera sometido a norma previa alguna. La democracia, como método saludable para llegar a tomar decisiones políticas que todos puedan aceptar, se ha convertido así en pretexto para imponer medidas que, bajo la pantalla del igualitarismo, se alejan del principio de igualdad ante la ley, antes considerado piedra fundante de la limitación del poder.

La lección que esto nos deja es de la mayor importancia para el futuro de Chile. El país enfrenta la discusión de la reforma de su norma fundante en un momento en que existe poca riqueza cultural para comprender de qué se trata una Constitución, cuál es el espíritu que debe subyacer en el eterno dilema de la democracia: la tensión entre libertad individual y poder colectivo. Lograr que una comunidad funcione es un proceso evolutivo y lo que la historia enseña es que las sociedades exitosas han sido aquellas basadas en los principios liberales mencionados, las que han sabido darse un gobierno efectivo pero muy limitado en su accionar respecto de los individuos y que han dado la mayor libertad para que las personas florezcan. Más aún, cuando esas mismas sociedades se alejan de estos conceptos, dejan de ser exitosas, como tan claro se ve en la aparente infinita decadencia argentina.

Pero tan poco latente están estos principios en la comunidad política chilena que parte de los que más pidieron una nueva constitución bajo el llamamiento a un gran acuerdo, ahora están molestos con la regla de los dos tercios para aprobar su redacción y pretenden que se acepten sus cambios sin esas mayorías acordadas, por el solo hecho de pedirlas. Está tan poco enraizada la idea de que las autoridades deben tener límites, y que la Constitución ayuda en ello, que pasan desapercibidas afirmaciones tan llamativas como las de la ex presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien en medio del debate por el posnatal y mientras se discutía la constitucionalidad del proyecto, algo exasperada declaró: “Prefiero cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida como senadora que pasar por sobre una demanda urgente que tienen las madres y los padres hoy (...).

"Se acerca el momento de decidir si se prefiere un país con libertad y sensatez política y económica, o uno arruinado por el engaño del autoritarismo y del populismo"

Estos dirigentes políticos chilenos están conscientes que rompen con los principios tradicionales que han permitido que Chile sea lo que hoy es, y que desconocen así sus deberes como miembros de una corporación, como políticos y como partícipes del sistema democrático. Su primer deber es respetar las reglas que los ciudadanos se han dado para la disputa pacífica por el poder y para decidir qué intereses merecen ser acogidos y cuáles no, y cómo. Pero lamentablemente parecen creer que basta la justicia material de los ideales en los que están basados sus intereses para que las reglas constitucionales y demás límites a que deben atenerse dejen de tener valor. En otros términos, buscan la coerción para lo que ellos quieren pero que a ellos no se les aplique.

Mal presagio para Chile. Durante los últimos años ha existido una fuerte agitación en favor de la adopción de formas democráticas donde el poder de la mayoría no conozca límites. La forma más radical de este tipo de ideas es la propuesta de una asamblea constituyente, donde todo el poder está concentrado y permite la refundación del país. Este ha sido el camino seguido por los experimentos autoritarios latinoamericanos y basta ver en qué estado se encuentra Venezuela para entender la peligrosidad de un experimento semejante.

Ceder durante la Convención Constituyente a la presión de quienes propician el cambio cultural a través de la reforma constitucional sería legitimar no sólo sus propósitos manipulativos sino también allanar el camino a futuros líderes de corte abiertamente populista que intentarán profundizar el uso personalista y anti liberal de la democracia. Se acerca el momento de decidir si se prefiere un país con libertad y sensatez política y económica, o uno arruinado por el engaño del autoritarismo y del populismo.

Si Chile consigue incorporar en su nuevo texto constitucional los principios libertarios con suficiente consistencia tendrá, al menos, el mínimo necesario para seguir mejorando. Si, por el contrario, el dogmatismo demagógico que abrazan ciertos sectores intelectuales y políticos se impone como la principal fuerza estructurante de la nueva Constitución, el país acelerará su proceso de decadencia, destruyendo las perspectivas de un mejor porvenir.