El alcalde White y el abandono del Estado

Autor: Álvaro Pezoa

El alcalde de San Bernardo (PS) necesita «que al Presidente Kast le vaya bien». Suena raro cuando las palabras provienen de un miembro de la oposición, pero, en este caso, constituyen una plegaria. Christopher White está sufriendo abandono del Estado y si la situación no se resuelve pronto, podrían asesinarlo.

Desde que asumió como alcalde, White ha realizado notorios esfuerzos por recuperar espacios públicos y combatir la delincuencia en su comuna. Bajo su gestión se han retirado «narcoaltares», murales y cámaras de bandas criminales. Por eso, no es de extrañar que se haya convertido en blanco del hampa.

A fines de agosto, White fue informado por Fiscalía de un plan para asesinarlo durante Fiestas Patrias. Y el 1 de septiembre, se capturó al «Indio Juan», que diseñaba el plan siniestro. Ese mismo día, el alcalde se descompensó en las dependencias municipales y pensó en renunciar. No es para menos.

«Quizás sea momento de que el gobierno haga valer la presencia del Estado y cumpla la gran promesa de campaña, pero que lo haga con un respaldo amplio, no solo del oficialismo, sino también de la oposición y de la ciudadanía»

El asunto es grave por varios motivos, pero dos parecen destacar sobre el resto. En primer lugar, hay una señal de alerta para la institucionalidad: la autoridad política ya no es intocable. Por otro lado, la sensación de impunidad delictual va de la mano con una percepción de incapacidad del Estado de combatir el crimen organizado.

El modus operandi del narco no es novedad para varios países en Latinoamérica y en Chile comenzamos a acostumbrarnos. En la actualidad, hay al menos 22 alcaldes y 18 fiscales con medidas de protección por amenazas provenientes del crimen organizado. El hecho de que White solicite respaldo directamente a un Presidente que está en las antípodas de su domicilio político habla de la crisis de seguridad que estamos viviendo.

Encuestas como Pulso Ciudadano y Criteria (agosto) han arrojado un amplio respaldo de los chilenos a las medidas contra el crimen organizado (despliegue policial permanente en 50 barrios críticos, agravantes por pertenecer a organización criminal, colaboración entre FF.AA. y Carabineros, etc.), pero han dejado en evidencia que la herramienta institucional escogida por el gobierno (Estado de Excepción) no tiene la misma aprobación. Es decir, el sentido de urgencia es patente, pero el mecanismo genera desconfianza por el riesgo para las libertades individuales.

En las últimas semanas, varios académicos y exautoridades han criticado -transversalmente y con legítima preocupación- la Agenda de Seguridad del gobierno, por las atribuciones que se le otorgarían al Ejecutivo. Y, en este caso, parece que el chileno de a pie (ese que suele quedarle ajeno a la élite política) está viendo el peligro de esa arista.

Quizás sea momento de que el gobierno haga valer la presencia del Estado y cumpla la gran promesa de campaña, pero que lo haga con un respaldo amplio, no solo del oficialismo, sino también de la oposición y de la ciudadanía. En estos momentos, eso es completamente posible. El alcalde White es una evidencia de ello.

Esperemos que prime la cordura y se llegue a un acuerdo de gran convocatoria política y social, que persiga el crimen organizado de manera efectiva y nos permita vivir sin el temor de que los presidentes se conviertan en tiranos.