Sospecho del Estado

Autor: Jorge Gomez

Foto: Aton Chile

El control de identidad se suma a una lista de proyectos legislativos —algunos por fortuna fracasados—que se fundan en el mismo principio que establece que el Estado, a través de sus funcionarios, debe evaluar las buenas o malas intenciones de quien forma una escuela o declara sus impuestos: la sospecha. Así, la medida replica la idea extendida de que los ciudadanos somos seres perversos, y por tanto deja en manos de la subjetividad de un funcionario policial el evaluar nuestros propósitos al hacer uso de la libertad de circulación.

Como dueño de mi voluntad y mi cuerpo, debo sospechar del criterio del Estado y sus funcionarios, incluidos policías y legisladores. Más de alguno dirá que las leyes se deben respetar, pero ello no significa estar de acuerdo con hacer legítima la coacción arbitraria del Estado sobre las personas en base a sospechas sobre nuestras intenciones. Aunque exista aprobación mayoritaria y legal -cualquiera sea la aberración que se consagre como ley- el control de identidad no es legítimo. Porque no existe ningún derecho a coaccionar a nadie, salvo que esté perpetrando en este momento y directamente un acto abierto de agresión contra la vida y propiedad de otras personas.

El Estado debe garantizar la seguridad individual frente a una agresión cierta, no contra riesgos o temores remotos. Porque si se le permite imponer sus sospechas sobre las personas que caminan por las calles ¿Cuál será el límite para que no extienda tal principio en otros ámbitos?

Ahí radica lo más grave de la medida propuesta, porque los mismos que la sustentan son los que luego se quejan —en nombre de la libertad— de que el Estado ejerza sus sospechas en otros espacios, acusando a los ciudadanos de tener intenciones dudosas, de ser los lobos del hombre.