Notarios: entre zombis y ministros de fe

Pues bien, todos sabemos que uno de los escándalos más jugosos de estas semanas ha sido el supuesto “milagro” en el cual la LdP resucitó a un notario fallecido –el ahora notario zombi, don Patricio Zaldívar– para poder inscribir la candidatura de Diego Ancalao con firmas falsas. Si bien este caso puede sonar folclórico, digno de un realismo mágico a la latinoamericana, es mucho más importante de lo que se ha querido reconocer, pues pone en entredicho el supuesto rol de los notarios como ministros de fe.

Estas últimas semanas han sido desastrosas para la Lista del Pueblo (LdP). Aquel colectivo que se supone buscaba erigirse como un grupo puro, representante del pueblo y que venía a renovar la política nacional, se ha visto involucrado en un sinfín de escándalos, mentiras vergonzosas e irregulares, iguales o peores a aquellas que buscaban erradicar. Sin duda el auge y estrepitosa caída de este colectivo será un caso de estudio de la política chilena y un fiel reflejo de lo peor de nosotros mismos. Pero a prescindir de estos escándalos, aquella decadencia ha contribuido a cuestionar profundamente un paradigma poco considerado por los chilenos: el actual rol de los notarios como ministros de fe.

Pues bien, todos sabemos que uno de los escándalos más jugosos de estas semanas ha sido el supuesto “milagro” en el cual la LdP resucitó a un notario fallecido –el ahora notario zombi, don Patricio Zaldívar– para poder inscribir la candidatura de Diego Ancalao con firmas falsas. Si bien este caso puede sonar folclórico, digno de un realismo mágico a la latinoamericana, es mucho más importante de lo que se ha querido reconocer, pues pone en entredicho el supuesto rol de los notarios como ministros de fe.

Recordemos que el caso Ancalao fue solo descubierto por el Servicio Electoral (Servel) gracias a una casualidad, ya que el presidente del Consejo Directivo del organismo, Andrés Tagle, es vecino de la hija del notario fallecido, por lo que sabía, gracias a sus contactos, que había muerto en febrero de este año. Peor aún, la Notaría Zaldívar en realidad había cerrado sus puertas en el 2018. De esta forma, el Servel detectó que, de los 23.161 patrocinios que se presentaron en papel, 23.135 habían sido “certificados” por una notaría que en realidad había dejado de funcionar y cuyo notario se encontraba fallecido desde febrero. Más grave aún, aquellas firmas estaban bajo la categoría “firmó ante mí”, que implica que la rúbrica se realizó ante el notario como testigo de fe, algo que claramente no era posible.

"El caso del notario zombi, entonces, nos permite cuestionar profundamente el actual paradigma notarial y reflexionar acerca de si no existirán mejores mecanismos, más efectivos, transparentes y fáciles de usar, para resguardar la fe pública, que nuestro actual vetusto sistema notarial. El bochorno de la Lista del Pueblo al menos nos permite reformular esta relevante pregunta"

Este caso es grave, pues deja en evidencia un profundo problema de asimetrías de información y de opacidad de nuestros sistemas informativos y notariales, que hacen dudar de la real relevancia de los notarios como ministros de fe. Así, este hecho nos muestra claramente dos cosas.

Primero, que los sistemas públicos y su burocracia son profundamente anticuados y están trabajando con sistemas informativos y de inteligencia del siglo pasado. El hecho de que el Servel se diera cuenta de manera fortuita y anecdótica de la irregularidad de la candidatura de Ancalao es una muestra clara de la condición de retraso de los sistemas informativos de nuestro Estado y cómo nuestra burocracia estatal es realmente anticuada y no tiene ningún cruce de datos con los sistemas notariales y sus bases de información —algo que parece inverosímil hoy, cuando se habla de inteligencia artificial, 5G y viajes turísticos a la luna–.

Segundo, este caso cuestiona el rol de los notarios como ministros de fe, ya que su papel se reveló del todo superfluo en este caso en donde se trató de utilizar hasta un notario fallecido como ministro de fe y tal irregularidad casi llega a concretarse. Esto muestra la poca relevancia de los notarios como efectivos ministros de fe, dejando en evidencia la falta de tecnología, ausencia de cruce de datos y la escasa orientación por parte de las notarías de hacer cumplir su verdadero rol público al servicio de sus clientes. Dicho de otra manera, si alguien trata de hacer un trámite tan importante como registrar una candidatura presidencial usando a un notario fallecido como ministro de fe, y, posteriormente, entidades públicas pueden incluso llegar a acoger dichas solicitudes, entonces cabe preguntarse: ¿para qué tenemos un monopolio legal que supuestamente vela por la fe pública?

Ante esta realidad, resulta conveniente recordar que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ya ha advertido una “intensidad de competencia insuficiente”. El 2018, se elaboró un estudio del mercado de las notarías por la FNE, en donde quedó establecido que las prácticas y procesos notariales requieren de una modernización impostergable.

El estudio señala que, de implementarse las recomendaciones digitales y de libre competencia sugeridas, los costos y tiempos que pierden todos los chilenos en las notarías se reducirían, en promedio, en un 95%. Más de la mitad de los ahorros y beneficios vendrían principalmente de dos fuentes: primero, el uso de tecnologías de información transparentes y no presenciales y, segundo, el eliminar las grandes barreras de entrada y la extraordinaria falta de competencia que explican –según el estudio de la FNE– las rentas monopólicas que extraen los notarios a costa de todos los chilenos.

Lamentablemente, el monopolístico sistema notarial no ha podido ser reformado, ya que, desde principios de la década de los 90, distintos gobiernos han tratado de reformar aquel sistema proponiendo proyectos de ley, ninguno de los cuales ha podido ver la luz. De hecho, el actual Gobierno hace tres años presentó un proyecto de reforma del poder notarial, que, de forma incomprensible, durmió en la comisión de Constitución del Senado por más de 20 meses –y recién retomó su tramitación este martes–, a pesar de que el Ejecutivo ha presentado ya más de 40 medidas de “suma urgencia”. Todo esto sugiere que la reforma no ha avanzado debido a las fuertes presiones políticas que el grupo de interés de los notarios ha ejercido sobre los parlamentarios –presiones reconocidas por el ministro de Justicia, Hernán Larraín–.

En definitiva, lo peor de toda esta situación entre notarios zombis y el rol de ministros de fe que deberían ejercer aquellos notarios vivos, es que la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros ha esgrimido ad nauseam el mismo argumento para defender su posición monopolística y bloquear reformas: el supuesto resguardo de la fe pública que los notarios realizarían se pondría en riesgo –argumentan ellos– al aprobarse el proyecto de ley. No obstante, dicha argumentación resulta inadmisible una vez que vemos casos como los ocurridos con los notarios fallecidos y se revelan repetidas irregularidades en donde distintos tipos de documentos han sido supuestamente visados por notarios que no existen y han sido luego utilizados en asuntos públicos importantes.

En realidad, una pronta reforma apuntaría exactamente a todo lo contrario: a rehabilitar la competencia y la modernización del poder notarial, para acabar con el cuasimonopolio que poseen y robustecer su rol de ministros de fe a través de modernizaciones tecnológicas y firmas digitales. El caso del notario zombi, entonces, nos permite cuestionar profundamente el actual paradigma notarial y reflexionar acerca de si no existirán mejores mecanismos, más efectivos, transparentes y fáciles de usar, para resguardar la fe pública, que nuestro actual vetusto sistema notarial. El bochorno de la Lista del Pueblo al menos nos permite reformular esta relevante pregunta.

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