Las consecuencias económicas de la violencia

Autor: Pablo Paniagua

Hace pocos días conocimos los resultados del Índice de Terrorismo Global publicado por el centro de estudios australiano Economía y Paz, y los resultados para Chile no son muy alentadores. En su edición 2023 (con datos recogidos hasta diciembre de 2022), el informe revela que Chile fue el país más impactado por el terrorismo entre aquellos países incluidos en la categoría «sin conflictos», quedando en la posición 17 entre los 162 analizados; cerca de países como Egipto, Colombia y la Republica Democrática del Congo. 

No sólo se trata de la segunda alza consecutiva de nuestro país en este ránking, sino que Chile queda en el segundo lugar de América Latina, por debajo sólo de Colombia (lugar 15 en la lista completa). Además, de los países en la categoría «sin conflicto», Chile es el que más sube en absoluto en todo el mundo. Indica el informe: «Chile experimentó 1.170 ataques terroristas que resultaron en 20 muertes entre 2012 y 2022, y la mayoría de los ataques y la mitad de estas muertes ocurrieron en los últimos dos años». 

Aunque el informe reconoce que «no existe una definición única e internacionalmente aceptada de lo que constituye terrorismo», los autores se acogen a la categoría utilizada por TerrorismTraker, y que distingue al terrorismo como «la amenaza sistemática o uso sistemático de la violencia, por parte de actores no estatales, ya sea a favor o en oposición a la autoridad establecida, con la intención de comunicar un mensaje político, religioso o ideológico a un grupo más amplio que el grupo víctima, generando miedo y así alterar (o intentar alterar) el comportamiento del grupo grupo mayor». [p. 6].

Aunque estos temas suelen debatirse desde la política, el actuar policial y la seguridad pública, también desde la economía política, distintos investigadores han estudiado la relación entre violencia, terrorismo y sus impactos económicos. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía, Douglass North, en su libro Violence and Social Orders establecía que aquellos países que son incapaces de resolver con instituciones y reglas el problema de la violencia —de manera que ésta quede minimizada y sea predecible—, luego son incapaces de prosperar y alcanzar el desarrollo. Por lo demás, la literatura económica reconoce ampliamente que la violencia obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo [PANIAGUA 2022]; principalmente, a través de dos vías: 1) la violencia afecta a los activos de las personas y conlleva una depreciación adicional del capital físico, humano y social, y, 2) implica costos directos e indirectos que potencialmente podrían haber sido destinados a otros usos productivos [BUONOMO y YANES 2013; HOFSTETTER 1998].

Al atacar sobre todo la propiedad privada, los negocios y el capital de las personas, el terrorismo y la violencia hacen que los derechos de propiedad respecto a las actividades económicas y los ingresos futuros de estas sean altamente impredecibles y mucho más volátiles. Esta volatilidad e impredecibilidad hace que las personas decidan finalmente dejar de emprender y no hacer nuevos negocios que requieran grandes inversiones de capital. Por otro lado, el terrorismo hace que haya una reorientación ineficiente de la inversión y de los recursos escasos, para dirigirlos hacia actividades de seguridad que nos protejan de la violencia, en vez de usar dichos recursos escasos en actividades productivas que generen mayor valor para la sociedad.

A nivel empírico, existen además estudios cuantitativos que señalan cómo las economías pueden ser profundamente afectadas por el terrorismo. Cuatro estudios [ECKSTEIN y TSIDDON 2004; ABADIE y GARDEAZABAL 2008; SANDLER y ENDERS 2010; RUIZ, PARK y KHAN 2018] han cuantificado el impacto negativo del terrorismo en el crecimiento económico, evidenciando una causalidad entre terrorismo y menores tasas de crecimiento. La criminalidad y la violencia actúan como un freno a la acumulación de capital, mermando el potencial productivo de los países.

Chile ya venía arrastrando serios problemas de productividad y de acumulación de capital, ampliamente documentados. El alza del terrorismo y la violencia que el citado estudio certifica, sumado a lo que, a nuestro juicio, es su normalización en el debate político y la dinámica social, agrava aún más esos problemas.

«La tarea central del Estado es proveer paz y estabilidad, si nuestras autoridades no están dispuestas a proveer esto tan básico, estaremos creando el terreno fértil para que llegue el próximo populista latinoamericano de turno, al estilo Nayib Bukele, para imponer orden pero con altísimos costos».

Con todo, un elemento clave que debieran tener en cuenta quienes buscan impulsar el crecimiento económico es justamente combatir los niveles de violencia, terrorismo y criminalidad que han aumentado durante los últimos años, así como su normalización cultural y política. No es trivial que la Araucanía, una de las zonas más azotadas por violencia, sea también la región con el menor PIB per cápita de Chile (US$11.933 vs. US$3.752 nacional, calculado en base a estadísticas 2017 y PPP) y aquella con mayor incidencia de pobreza (17,4% vs. 10,8% nacional). Para el caso de Chile, un estudio del Banco Interamericano del Desarrollo de 2014 estimó que ya para aquel año los costos del crimen en nuestro país ascendían a 2,77% del PIB, considerando tanto los costos sociales como aquellos incurridos por el sector privado y el gobierno (aunque dejando fuera los costos asociados al valor de los bienes robados y, por tanto, realizando un estimación conservadora). Un estudio más reciente de Horizontal estimó que el país podría ahorrar anualmente unos US$2.065 millones (o 0,9% del PIB) si lograra estabilizar los casos policiales por robos con violencia e intimidación en el valor registrado durante el primer trimestre de 2022.

El terrorismo y la violencia también tienen una relación importante con la política y los discursos públicos que la avalan y la incitan, así como también con los procesos judiciales relacionados. Siguiendo la teoría económica del crimen [BECKER 1974], hay al menos dos elementos que merecen particular atención en determinar los niveles de violencia y crimen en un país: la severidad y la certeza de la pena que enfrenta la actividad delictiva. Como ya lo advertía el filósofo inglés, Jeremy Bentham: «El beneficio del crimen es la fuerza que empuja al hombre a la delincuencia: el dolor del castigo es la fuerza empleada para refrenarlo de ella. Si la primera de estas fuerzas [el beneficio] fuere mayor, se cometerá el delito; si es la segunda [el dolor del castigo], no se cometerá el delito». Bajo esta premisa, entonces, el Premio Nobel Gary Becker sostendría que se prefiere y se elige cometer un acto delictivo si los beneficios esperados de cometer un delito superan con creces los costos esperados y la probabilidad de ser atrapados. De esta manera, si los procesos judiciales y policiales son incapaces de generar certeza jurídica en la persecución de delitos, en el enjuiciamiento efectivo de criminales y en la aplicación efectiva y severa de penas frente a las actividades delictuales, lo que está ocurriendo es que estamos bajando drásticamente los costos esperados de la violencia y el crimen, incluyendo además la baja en la probabilidad de que quienes los cometen sean atrapados y sancionados. Por consecuencia, ante un aumento de los beneficios esperados y una gran disminución en los costos esperados, no es de sorprenderse que la violencia, el terrorismo y la delincuencia aumenten. Pues bien, esto es exactamente lo que está ocurriendo con el sistema Judicial y Penal en Chile, que ha demostrado serias falencias en la persecución y sanción efectiva de la violencia y el crimen [Ugarte 2015; Soto 2018]; sumado a las señales dadas por el Ejecutivo al indultar a criminales por fines de «paz social». En palabras de la investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana, «hoy día nos estamos informando mucho más que tenemos delincuentes que están siendo detenidos en reiteradas ocasiones y que están quedando en libertad. Ahí se va generado un cuestionamiento desde la ciudadanía con respecto al trabajo de la justicia y los tribunales, porque se cuestionan si el procedimiento está fallando».

Lamentablemente, todas estas advertencias respecto a la violencia y el terrorismo siguen sin ser escuchadas por las autoridades de gobierno, donde en estos días se enfrenta una urgencia ineludible por el asesinato de la sargento segunda de Carabineros, Rita Olivares Raio. Es fundamental que se reconozca la legitimidad del uso de la fuerza del Estado y del uso del poder militar contra el terrorismo por parte de las distintas fuerzas políticas. La tarea central del Estado es proveer paz y estabilidad, si nuestras autoridades no están dispuestas a proveer esto tan básico, estaremos creando el terreno fértil para que llegue el próximo populista latinoamericano de turno, al estilo Nayib Bukele, para imponer orden pero con altísimos costos.