Entre la Corfo y San Antonio

En cualquier sociedad que aspire a la estabilidad y al progreso el respeto al Estado de derecho y la disciplina fiscal son pilares fundamentales. No hay desarrollo posible sin un orden jurídico claro ni prosperidad si el gasto público se maneja con opacidad y descontrol. Sin embargo, el gobierno de Gabriel Boric ha demostrado en dos escándalos recientes –la toma de San Antonio y los traspasos de Corfo– que su compromiso con estos principios es prácticamente inexistente. Estas situaciones, aunque distintas en su origen, exponen la misma falencia: el debilitamiento de las normas que garantizan la convivencia y la estabilidad del país.

«La toma de San Antonio y los traspasos de Corfo, revelan un mismo problema de fondo: un gobierno que no tiene un compromiso real con los principios que hacen prósperas a las naciones».

La toma de San Antonio es un reflejo del abandono del Estado de derecho en Chile. Desde 2019, más de 10.000 personas han ocupado ilegalmente terrenos privados en el cerro Centinela, lo que representa a todas luces una usurpación, frente a la cual el gobierno se ha mostrado indiferente. A pesar de que la Corte de Apelaciones ha ordenado el desalojo, el Ejecutivo sigue sin aplicar la ley con claridad y determinación. El problema no es la dificultad del desalojo, sino la inacción del Estado durante años, que permitió que la ocupación creciera sin control. Si la ley se hubiera aplicado desde un inicio, hoy no existiría este dilema. La falta de acción generó una situación en la que los derechos de los propietarios han quedado subordinados a la presión de los ocupantes, socavando la base misma de la convivencia: el respeto a las reglas.

No se trata sólo de la propiedad privada, sino también de la confianza en las instituciones. Cuando el Estado permite que una ocupación ilegal se mantenga sin consecuencias, transmite la idea de que el cumplimiento de la ley es relativo, sujeto a la conveniencia del momento. Esto no sólo incentiva nuevas tomas, también introduce un elemento de arbitrariedad que mina la credibilidad del sistema en su conjunto. ¿Qué sentido tiene respetar la ley si el propio Estado la ignora cuando le resulta incómoda? Si la política habitacional se diseña en función de quienes ejercen mayor presión y no desde un criterio de justicia, el resultado será más conflictos, más incertidumbre y una sociedad donde los derechos ya no dependen de la norma, sino de la fuerza con que se exijan.

El mismo patrón de falta de responsabilidad se repite en el escándalo financiero de Corfo. En 2023, el Ministerio de Hacienda solicitó a Corfo la transferencia de 3,4 billones de pesos, de los cuales 1,5 billones provinieron de la liquidación de activos de la corporación. Esta maniobra permitió alterar artificialmente las cifras del déficit fiscal, ocultando el verdadero estado de las cuentas públicas. En lugar de reconocer su desorden financiero y ajustar el gasto, el gobierno optó por una estrategia que no sólo es cuestionable desde el punto de vista de la transparencia, sino que puede constituir una infracción a la Constitución y a la ley.

El problema se muestra aún más grave cuando se considera el contexto en el que ocurre. Chile no está atravesando una crisis extrema que justifique medidas de emergencia en las finanzas públicas. Sin embargo, el gobierno ha gastado con una ligereza alarmante, como si los recursos del Estado fueran inagotables. La venta de activos de Corfo para tapar el déficit compromete la estabilidad fiscal y refleja una mentalidad cortoplacista que ignora las consecuencias futuras. Un Estado que gasta irresponsablemente en tiempos de normalidad no tendrá herramientas cuando enfrente una verdadera crisis.

Ambos casos, la toma de San Antonio y los traspasos de Corfo, revelan un mismo problema de fondo: un gobierno que no tiene un compromiso real con los principios que hacen prósperas a las naciones. En un caso, no se hace cumplir la ley cuando se trata de la propiedad privada; en el otro, se manipulan los números para encubrir una crisis fiscal. Lo que debería ser innegociable -el respeto de la legalidad y la prudencia en la administración de los recursos- se ha convertido en meros detalles secundarios dentro de una gestión que prioriza la conveniencia política por sobre la institucionalidad.

El deterioro del Estado de derecho y la disciplina fiscal no sólo un problema de gestión, sino, por sobre todo, una amenaza para el futuro de Chile. Un país donde la ley se aplica de manera selectiva y donde las finanzas públicas se manejan con opacidad es un país condenado a la decadencia y la ruina. Las reglas son lo que permite que una sociedad funcione con estabilidad y previsibilidad; cuando se destruyen, el resultado es el caos y la incertidumbre. Mientras Gabriel Boric siga gobernando con esa lógica, Chile seguirá debilitándose.

El país necesita un giro urgente hacia la responsabilidad y el respeto a sus propias normas, porque lo que está en juego no es un simple conflicto local o una cifra en el presupuesto: es la viabilidad misma del país como una nación ordenada y próspera.