Han pasado casi ya diez meses desde una de las crisis sociales más graves que ha experimentado el país en su historia y sin duda la más difícil desde el regreso a la democracia.
Nuestros esfuerzos deben concentrarse en superar la pobreza y no en combatir la desigualdad.
De la lectura de la iniciativa sobre los “súper-ricos” , la experiencia internacional y el estudio de su impacto, queda claro que, con la loable intención de generar alivio en el corto plazo, esta idea puede acarrear graves consecuencias para Chile.
Su maleabilidad política con carisma de alto voltaje e instinto político asesino la colocan a la vanguardia de la nueva camada de fiscales generales.
Nadie está obligado a lo imposible, versa el dicho popular, a nadie se le puede exigir realizar una labor que no le agrada o ya no le motiva, así como estar en un lugar donde no se siente útil.
Estos últimos días hemos visto como el covid-19 comienza a permitir desplegar ciertas actividades, tomando los resguardos pertinentes del caso, con alguna tranquilidad.
No debiese sorprendernos tanto el prepotente e injustificado actuar del Diputado Gutiérrez frente al control sanitario al cual fue sometido.
No son pocos los jóvenes que, con mucho orgullo y poca humildad, se sienten parte de una epopeya, de una épica refundacional y novedosa que el mundo no ha conocido y que son ellos -cuales redentores– los que nos van a explicar a los más viejos cómo se construye una sociedad más justa.
Cuando un liberal clásico habla de la importancia de las instituciones, no lo hace de manera trivial. En realidad, se refiere a algo más profundo: las instituciones son «el resultado de actos humanos y no la ejecución de un designio humano», como bien señaló Adam Ferguson siglos atrás.
A propósito de lo ocurrido en Curacautín, desde Santiago se ha intentado mostrar la situación como un conflicto racial. Falso.
Usando las palabras de Edward Coke les pregunto: ¿qué prefieren? ¿«la vara dorada y absoluta de las leyes» o «la incierta y torcida cuerda de lo discrecional»?
“Lo que el Estado no puede hacer es prohibirnos crear cosas que no dañen a otros, como fundar un colegio”.
El pasado 8 de julio del 2020, el día en que se viabilizó la aprobación de la reforma constitucional para permitir el retiro de parte de los fondos de pensiones, es un día clave que quedará escrito en los libros de historia nacionales.
En el marco del caso de Antonia Barra, parlamentarios de oposición y oficialismo presentaron, junto a la familia de la joven, un proyecto.
Se ha debatido respecto al uso y mal uso de ciertos resquicios legales para que el Parlamento pueda adjudicarse facultades claves que, en nuestro sistema presidencial, debían ser potestades exclusivas del Presidente de la República.
Las tendencias y las dinámicas políticas ya están establecidas hacia un rápido proceso de descomposición de la democracia representativa.
A pesar de las obvias consecuencias catastróficas y antinaturales de las medidas para controlar el coronavirus, no se permitió a nadie opinar en contra o poner en práctica una estrategia distinta.
De un tiempo a esta parte, hemos asistido a un fenómeno preocupante y que debería hacernos volver tras nuestros pasos o al menos reflexionar hacía donde nos dirigimos.
Cualquier intento por rescatar a Chile del pantano tercermundista en el que se está hundiendo pasa necesariamente por tener un diagnóstico adecuado acerca de las causas que lo han llevado a la crisis actual.
Los últimos días han sido verdaderamente convulsos, no precisamente por lo acontecido en materia legislativa desde el Congreso Nacional y la abrupta derrota propinada por el propio oficialismo a La Moneda -aunque hacen mérito para incorporarse a la categoría-, sino que más bien por los hechos acontecidos en la Provincia de Arauco.
«La libertad no se pierde por
quienes se esmeran en atacarla, sino por quienes
no son capaces de defenderla»
