Postas, retenes y escuelas
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Publicado en El Mercurio, 19.04.2020Esta tensa calma ha servido para que las instituciones sigan trabajando y en especial develando la verdad de lo que ocurrió en Chile.
Detrás de la asonada revolucionaria de octubre estaba una pretendida violación sistemática a los derechos humanos. Tres casos centraron la atención y simbolizaron ese desprecio por los valores de humanidad y justicia que inspiran los DD.HH.
El primer caso era la supuesta organización de un centro de torturas y detención en la estación de metro Baquedano, cuya existencia denunció Beatriz Sánchez y cuya inexistencia confirmaron el INDH, los jueces de garantía y la PDI. La difusión de esta falsedad y el coro que la reprodujo en redes sociales causaron la total destrucción de esa estación de metro y sus alrededores.
El segundo era el denominado 'caso Maureira', difundido por la TV. Un estudiante de la UC que fue detenido dentro de un supermercado saqueado. Según él, una vez detenido, fue golpeado y después violado en la comisaría, por su condición de homosexual.
Salvo honrosas excepciones, la televisión, en vez de informar con sobriedad y objetividad, amplificó estos casos y caldeó los ánimos.
Los carabineros afectados han debido enfrentar sendas querellas del INDH y la propia Universidad, y la sesgada investigación de la fiscal a cargo. La investigación posterior ha evidenciado que fue golpeado por otro de los detenidos, que no fue violado según certifica un médico legista; que un mes después de los eventos el mismo estudiante amenazó de muerte a una gerenta de Falabella en Temuco, porque se negó a ampliarle el cupo de su tarjeta y, detenido por esos hechos, nuevamente adujo que lo habían violado carabineros, lo que desmienten testigos.
Finalmente, un psiquiatra nombrado por el tribunal declaró mentalmente inimputable al estudiante para enfrentar un juicio. Mientras tanto los carabineros permanecían arrestados y sin sueldo, no existiendo otra razón para privarlos de libertad que las declaraciones de una persona sorprendida en un local saqueado y que fue declarada incapaz de enfrentar un juicio.
Finalmente, el impactante y conmovedor "caso Gatica". Se trata de un estudiante que mientras habría estado fotografiando en una protesta pacífica fue cegado, supuestamente, por perdigones de carabineros.
Ahora imágenes de TV muestran que la protesta no era pacífica y que la víctima estaba en medio de un combate callejero. Las imágenes no lo muestran sacando fotos, no muestran cómo, ni con qué se dañó los ojos y menos quién fue el autor. Lo que sí está claro es que los carabineros trataban de contener una horda que destruía todo a su paso y que la víctima era parte de esa turba, con lo que, al menos, se expuso imprudentemente al daño, como el peatón que atropellan cuando cruza al medio de una autopista; es lamentable, pero no es culpa del automovilista.
Esta tragedia debió evitarse, pero las imágenes no aclaran si los responsables visten de verde o usan capucha.
Salvo honrosas excepciones, la televisión, en vez de informar con sobriedad y objetividad, amplificó estos casos y caldeó los ánimos. Esperemos algún mea culpa de los 'rostros' que se enseñorearon anticipando culpables, antes de que la justicia evaluara la evidencia.
Ahora es el momento de que el Consejo de Defensa del Estado defienda el patrimonio fiscal, que es su función primordial.
El CDE debe demandar por daños a los responsables de la destrucción del metro y sus alrededores; a los Bunkers y sus productores, cuyo concierto ilegal terminó con el saqueo y destrucción de la Plaza Italia y su vecindad, y sobre todo deben embargarse los derechos de autor de su nuevo disco con el que paradójicamente pretenden lucrar de su 'compromiso social'.
Finalmente debe demandar a todos los que dañaron hospitales, comisarías e intendencias. No existe nada más ejemplarizador para disuadir el comportamiento irresponsable e ilegal de una persona que una condena al pago de los perjuicios causados a los bienes públicos. El Estado tiene la obligación de proceder y el CDE, la autoridad y herramientas para hacerlo.
La justicia tarda pero llega. Es hora de denunciar las falsedades, exigir rigor a los medios y perseguir a los verdaderos culpables.
La mentira tiene patas cortas, pero lamentablemente los charlatanes tienen piernas largas.
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Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
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