PAIG y sus objetivos perversos
En estas últimas semanas se ha desarrollado la Comisión Investigadora de Salud Trans, en el contexto del lanzamiento del Programa […]
Autor: José Luis Trevia
Evuelo ha causado la presentación de la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, a raíz de la libertad condicional de Hugo Bustamante.
El problema que subyace a esta vorágine punitiva, es que la Constitución y las leyes ya establecen mecanismos para impugnar resoluciones judiciales -por medio de recursos- y la Corte Suprema posee superintendencia correccional y directiva respecto de todos los tribunales (en especial de los propios magistrados).
Si cada vez que existe un fallo polémico que cause revuelo, y no se ajuste a lo que el poder Ejecutivo o el Legislativo consideren correcto, amenazando con ejercer acusaciones constitucionales a los jueces, habremos sepultado la independencia del poder judicial -algo inaceptable en un Estado de Derecho-.
Como señaló el Colegio de Abogados en una declaración unánime: "Confiamos que un Poder Judicial independiente y jueces imparciales, dictando resoluciones fundadas, permitirán prontamente castigar, en forma racional y justa, a quienes realicen conductas que atenten en contra de nuestros niños/as y mujeres".
Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
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