Los riesgos de una década perdida

Como un balde de agua fría a las expectativas de una posible reactivación económica fueron los últimos números que registraron una histórica caída en el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de un 14,1% en abril. Dicha contracción ha sido la de mayor magnitud registrada en la historia del índice, desde que el Banco Central de Chile publica dicho indicador desde 1986. Lo problemático de esta situación es que la contracción económica es mucho mayor de la esperada para abril, dado que las cuarentenas estrictas en toda la Región Metropolitana empezaron a regir sólo desde mitad de mayo. Es de esperarse que el Imacec de mayo entonces tenga una caída entorno al -17%/-20%, con números similares también para junio, ya que se espera que las cuarentenas totales perduren al menos hasta mediados de junio. Con estos números, se pronostica entonces una caída del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2020 en torno al -5%/-8%, la contracción económica más grande desde el 83’.

Todo lo anterior viene a reforzar los preocupantes números publicados por la Dirección de Presupuestos, en donde se muestra que los ingresos fiscales en abril cayeron un 35,8% en doce meses. Todos estos números son preocupantes para nuestras arcas fiscales, y representan una gran amenaza para los déficits estructurales y la deuda pública del país en el mediano plazo. Los debates en torno a la profundidad de la recesión y la pobreza que tristemente generará no deben ocultar tampoco el serio problema previo que el país ya viene arrastrando desde casi una década: el crecimiento sostenido de la deuda pública y la pérdida progresiva de impulso económico y capacidad de crecimiento. El país lamentablemente, e incluso antes del 18-O y de la pandemia, venia arrastrando serios problemas de inercia en dos frentes: perdida de capacidad en el crecimiento económico y un aumento sostenido de la deuda pública.

Por el lado del crecimiento, entre el 2014 y el 2019, con excepción del 2018, el PIB anual del país se situó siempre por debajo de los tres puntos. Peor aún, mirando hacia el futuro y para el periodo 2021-2025, el PIB tendencial del país se proyecta en un mero 2,2% —Clapes UC incluso proyecta un PIB tendencial para esta década de un humilde 2%—. Por el lado de la deuda, se proyectan altos niveles de obligaciones contraídas y déficit fiscales constantes al menos hasta el 2024-2025. Con todo, se proyecta que, debido a los cambios de trayectoria del endeudamiento producto de las demandas sociales y de la pandemia, dicho gasto público llegará en el 2024 al 40% del PIB. La regla fiscal que implementó el gobierno del Presidente Lagos en el año 2000 ha desaparecido debido a que los gobiernos de turno han sostenidamente violado e

ignorado dicha ancla fiscal. Existe el real riesgo de que los gastos transitorios, producto de las innumerables demandas sociales del 18-O y la pandemia, se fusionen y se transformen en permanentes; exacerbando así no sólo un déficit transitorio —que es justificable dado el tamaño del shock— sino que, peor aún, acrecentando nuestro real problema fiscal de déficit estructural de largo aliento. Chile viene arrastrando un problema de inercia fiscal muy grande y los nuevos programas de gastos implementados estos últimos meses pueden terminar siendo difíciles de eliminar. Hoy, en el nuevo debate de la reactivación económica post-pandemia, es más imperativo que nunca el volver a hablar del crecimiento económico y como podemos retomar la tendencia alcista del PIB tendencial que teníamos hace dos décadas atrás.

Sin duda Chile enfrenta la necesidad de corto plazo de reactivar su economía a través de estímulos fiscales, pero al mismo tiempo tiene una amenaza aún mayor de evitar que esta década se convierta en una nueva década perdida, marcada por el bajo crecimiento económico, déficits fiscales y descomposición social. Si bien el Estado debe jugar un rol clave en ayudar a nuestros conciudadanos y mitigar los efectos nocivos de la pandemia, resulta también evidente que dichos estímulos por parte del Estado —a través de más gasto y más deuda pública para reactivar la economía— no pueden sostenerse por periodos prolongados de tiempo. Como bien lo reconoció el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés: “las preocupaciones de algunos sobre las dinámicas de deuda tienen mérito … porque arrastramos un déficit que no hemos logrado cerrar como sociedad. … La trayectoria [de deuda] que tenemos hoy día … es insostenible de aquí a 10 años más”. El espacio fiscal para gastar hoy no está sólo determinado por nuestros ahorros pasados, sino que también de como afrontamos las dinámicas de nuestro déficit de caras a esta nueva década, combinados con tensiones sociales y un escaso crecimiento.

Ante esta complicada situación entre escaso crecimiento económico y deuda pública rampante —que se tornará insostenible más temprano que tarde— resulta imperante volver a discutir el como podemos recobrar el crecimiento económico perdido, la inversión extraviada y la productividad estancada. Debates cruciales para el país que hemos lamentablemente evitado tanto en el espacio público como en la política por casi una década: baja productividad, decreciente competencia, pobre crecimiento económico y estancado capital humano. Por ejemplo, según del índice de competitividad, llevamos más de diez años sin salir de los puestos 30 y 33 del ranking mundial de competitividad, un estancamiento brutal en comparación con otros países. De la misma forma, el ranking Doing Business del banco mundial para el 2020 muestra que Chile ha caído considerablemente en el ranking para hacer negocios; en el 2012 teníamos el

lugar 39 del ranking y hoy, en el 2020, sólo el lugar 59, una caída brutal en menos de una década. Finalmente, según informes de la OCDE, Chile es el país que posee la mayor complejidad en sus procesos regulatorios, y la sexta con más barreras legislativas al emprendimiento de todo el grupo. En suma, casi no hay ningún ranking de libertad económica y de competitividad en el mundo en el cual Chile no se haya o estancado o retrocedido de forma dramática. Parte de la explicación de nuestro grave estancamiento económico radica en nuestra pérdida constante de competitividad relativa en la mayoría de los rankings mundiales de libertad económica.

Con todo, Chile se encuentra en una encrucijada entre el corto y el largo plazo que pueden determinar el curso de esta década a nivel económico: las urgencias sociales post 18-O y post pandemia, consumirán parte importante de nuestros ahorros generados en las dos décadas pasadas, pero contemporáneamente tenemos un problema de que no sabemos como volver a llenar aquel saco de ahorros. Ante esta delicada situación, resultan irrisorios aquellos clamores de ciertos intelectuales que piensan que podemos instaurar, de manera sustentable, un Estado Benefactor estilo Dinamarca en el país. Todo debate entorno a un Estado Benefactor o una red de protección social resulta inabordable e irresponsable a estas alturas sin un debate paralelo en torno a como podemos recuperar la capacidad de crecer a través de mayor competitividad y productividad. La forma en la cual el país supere la actual crisis y proponga un programa de expansión fiscal responsable, con impacto económico permanente y pro-inversión será demostrativo de las posibilidades que tenemos de imponer una agenda de modernización de largo aliento en áreas tan eludidas como la modernización del Estado y el mercado laboral, para así evitar que esta década no termine siendo otra década perdida. Debemos dejar la complacencia y atacar los serios problemas que nos afrontan, de lo contrario esta nueva década será mucho más difícil y con más conflictos económicos, fiscales y sociales que la anterior.

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Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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