La trasgresión se ha hecho costumbre

Días atrás, un hombre fue linchado por un grupo de vecinos luego de ser acusado de abuso sexual a una mujer. Terminó muerto. Esta semana, dos mujeres fueron asesinadas a tiros al interior de su vehículo. Y la lista sigue. Hace meses, cada día, nos enteramos de crímenes de alta brutalidad.

Al caso de los secuestrados y un descuartizado en Collipulli, se sumó el reciente hallazgo de un hombre calcinado al interior del maletero de un auto incendiado en Macul. Tiempo atrás, a pleno luz del día, una balacera en el barrio comercial de Meiggs dejó un niño gravemente herido. Los asesinatos, al parecer por ajustes de cuenta, se han vuelto rutinarios, sobre todo en la Región Metropolitana. También los asesinatos en la llamada “zona macro sur”, ya sea por armas de fuego o por ataques incendiarios, como ocurrió con Hernán Allende en Carahue a inicios de octubre, quién falleció luego de sufrir graves quemaduras. Y ni hablar del aspaviento que hacen grupos criminales de su armamento y poder de fuego ya no sólo en funerales, sino en cualquier momento, mostrando los niveles que alcanza la narco cultura en Chile.

Según un informe elaborado por el Ministerio Público, entre 2016 y 2020 aumentó la tasa de homicidios de 4,2 a 5,7 por cada 100 mil habitantes. El 41% de las víctimas falleció producto de un arma de fuego. Otro informe del Ministerio Público -de mayo del 2020- indicaba que los homicidios relacionados con el narcotráfico se triplicaron entre 2010 y 2019. El año 2020 Chile figuraba entre los países con menor tasa de homicidios de América Latina y el Caribe según el informe Insight Crime. Eso, aunque el 2020 significó un aumento de 28% en comparación a 2019. Por el contrario, los países con alta tasa son Jamaica y Venezuela. Según el Índice de Paz Ciudadana 2021, el 91% de los delitos se registran en la vía pública. La mayoría de los crímenes violentos, que alcanzan el 28%, se concentran en la Región Metropolitana. Según el Ministerio Público, las comunas con mayor número de homicidios son Santiago, Puente Alto, Valparaíso, La Pintana y San Bernardo.

En términos de corrupción, si bien Chile se mantiene como el segundo país menos corrupto de la región, en los últimos cuatro años ha caído seis puestos en el índice de corrupción de la ONG Transparencia Internacional (TI). Como detalle, nuevamente entre los peor calificados se encuentra Venezuela, junto a Nicaragua y Guatemala. Algo debería indicarnos eso. Y si bien Chile sigue segundo, la confianza en las instituciones es preocupantemente baja y parece no repuntar.

Frente a todo lo anterior ¿hasta qué punto en Chile la seguridad jurídica está en riesgo? Se podría pensar que es una exageración plantear la inquietud, pero al menos resulta preocupante que no sea un tema abordado con suficiente ahínco por los candidatos presidenciales, los congresistas y los medios. Sobre todo, considerando que la seguridad jurídica es un elemento esencial para el desarrollo humano. Por el contrario, parece ser que la sensación de impunidad, recelo y desprotección cunde entre los ciudadanos mientras los tomadores de decisión parecen no percatarse del problema.

La aparente, y no tan aparente, disposición de diversos actores a romper reglas o sortearlas contribuye con fuerza a esta sensación de incerteza. Se espera otra cosa de ellos, partiendo por un mínimo de mesura. También la disposición de los legisladores de no respetar la separación de poderes es un asunto no menor que refleja una abierta falta de prudencia. Así, la situación del propio Presidente con respecto a la acusación constitucional en su contra por un lado y el proyecto de indulto impulsado por legisladores en el Congreso por el otro, son buen reflejo del mismo problema. Ni hablar del modo en que se legislan proyectos como el cuarto retiro. No hay consideración de evidencias sino simple capricho. También denotan este problema, hay que decirlo, la poca celeridad del Ministerio Público y el Poder Judicial en dictaminar sentencias y los modos en que ciertos grupos de convencionales pretenden llevar a cabo los acuerdos en la Constituyente, con un pie en la calle y otra en el ex Congreso.

Todo lo anterior también se liga con la clara crisis de autoridad que vive Chile en diversas dimensiones. El problema es que en este tipo de contextos de crisis institucional es donde surgen los caudillos, esos transgresores por naturaleza, que a tantos parece preocuparles.

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