Derecho de propiedad

Señor Director:

Hoy se vota, en el pleno de la Convención Constitucional, la propuesta de norma que regula el derecho de propiedad. Si bien mantiene la idea de que nadie sea privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice expresamente la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el mismo legislador, deriva a la ley regular el ‘justo monto del pago’ y su forma, considerando el interés público y el del titular. Asimismo, aseguraría el pago de la indemnización en forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado, salvo pacto en contrario.

Si la Constitución no da criterios para fijar la expropiación, quedamos expuestos a repetir la triste historia de nuestro país que, con sucesivas reformas constitucionales, tornó en ilusorio este derecho. Y bastará una ley, invocando un genérico ‘interés público’, para que las personas y empresas se vean despojadas de su propiedad sin una compensación que reemplace el valor real en el patrimonio del bien expropiado. Esto no puede ni debe ser entregado a la decisión de mayorías coyunturales, porque la real garantía del derecho de propiedad es que la persona no se vea expuesta a un despojo de aquello que con esfuerzo ha adquirido.

Nada saca la propuesta normativa que se vota con abrir la posibilidad de reclamar del monto de la expropiación ante los tribunales si la Constitución no da los criterios mínimos para entender cuál sería el ‘justo monto del pago’.

Resulta fundamental que las limitaciones que no supongan privación de la propiedad se ajusten al criterio de razonabilidad (magnitud del daño causado), tal como lo propuso Sofofa en su iniciativa popular de norma presentada a la Convención.

Ojalá que hoy se valore que la protección de la propiedad va unida a una democracia real que protege el esfuerzo y el emprendimiento y que mientras mayor certeza y seguridad exista para las personas y empresas, mayor será el nivel de desarrollo social en Chile.

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Carta al director escrita por Gonzalo Sanhueza y Marisol Peña

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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