Héroes y villanos: no nos olvidemos
Se cumplieron 5 años desde el fallido golpe de Estado al presidente Piñera. Cuando estamos ad portas de una elección, […]
Publicado en el Diario Austral, 23.05.2023Señor director:
Entre esos nuevos derechos del anteproyecto de este nuevo proceso constituyente encontramos el «derecho a la vivienda», sin dudas anhelado por muchos y con una significancia preponderante en la historia constitucional chilena, viendo un gran avance para nuestro país, porque nunca se había estipulado un derecho de esta envergadura en nuestro país. Pero con él se podría presentar un probable colapso en el sistema fiscal. Lo primero que debemos analizar es que el «Estado social y democrático de derecho» el cual está estipulado en el anteproyecto (artículo 3) nos plantea el cambio de paradigma del Estado subsidiario, y por ende ahora será el Estado el encargado de propulsar este tipo de derechos sociales y no los privados de preferencia, y será misión del fisco el construir casas. De aquí, nacerá la exigencia del cumplimiento a este derecho, forjando así un segundo problema: la judicialización del derecho a la vivienda. Esto es, el asidero legal que permitirá a las personas, a través de recursos de protección, plantear la exigencia al Estado por el cumplimiento de esta garantía constitucional. Ante esto, los tribunales fallarán a favor - porque es un mandato constitucional - y obligarán al Estado de Chile a construir viviendas dignas, a costas de las arcas fiscales. Y el Estado no es el mejor en manejo de dineros públicos.
No cabe duda de que es positivo avanzar en derechos sociales, pero el mecanismo que se está planteado en la actual propuesta constitucional podría ser eventualmente una promesa de campaña, y una catástrofe fiscal
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