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Congreso burbuja Publicado en Cooperativa, 25.04.2024

Congreso burbuja

imagen autor Autor: Jorge Gomez

La filtración del contenido de una reunión secreta entre la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, denota el bajo nivel de nuestros legisladores. Son poco profesionales, no en el sentido de tener un título, sino en que actúan como amateurs. Con justa razón, la embajadora decidió suspender sus exposiciones en el Congreso. Ningún diplomático quiere discutir asuntos serios de Estado con un grupo de aficionados.

No es primera vez que el Congreso chileno da muestras de sus déficits en cuanto a profesionalismo y responsabilidad política. Por eso, contrario a lo planteado por el Presidente Gabriel Boric días atrás, la reforma al sistema político es la más urgente. Sin embargo, el Mandatario actuó más como miembro del Frente Amplio que como hombre de Estado. No pensó en Chile, sino en su coalición. Aplicó el corto plazo, probablemente pensando que es posible que llegue la derecha al gobierno en la próxima presidencial. Por tanto, seguramente prefirió que esa coalición sea la que cargue con el muerto de la ingobernabilidad. Un problema que ha afectado a todos los gobiernos desde 2018, aproximadamente.

«Con el nivel de desprolijidad evidenciada, cualquier reforma que se haga en otros ámbitos, ya sea tributos, pensiones, va a empeorar lo que se supone se busca solucionar o perfeccionar».

El obstruccionismo que hoy acusa el Presidente Boric no es otra cosa que esa ingobernabilidad sembrada con las reformas al sistema político en 2015. Ahí se crearon incentivos que evidentemente se han vuelto perversos y que han elevado los costos de transacción al interior del mismo Congreso y también en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sin importar quién gobierne.

Actualmente, hay altos incentivos a armar partidos políticos que podemos llamar burbuja, es decir, que sirven para competir en una elección, eventualmente lograr algún escaño, pero que luego se deshacen al tiempo porque no hay nada que una a sus miembros. Ese parece ser el caso del PDG, por ejemplo. Hay partidos satélites o parásitos que sobreviven aprovechando el arrastre de partidos políticos más grandes y orgánicos, donde resultan electas personas que con suerte los votó algún familiar.

Crear partidos políticos que fácilmente pueden lograr un escaño también ha hecho que las organizaciones partidarias recurran a cualquiera que eventualmente pueda lograr ganar un escaño. Así, alcanzar un escaño vendiendo el alma al diablo vale la pena si luego se ganan sueldos millonarios, sin mayor esfuerzo. Es grito y plata. Tan así, que ni Camila Vallejo estuvo dispuesta a bajar dichos sueldos, aunque pontificaba con que eran excesivos.

Todo eso influye en la baja profesionalización de los partidos políticos, la mediocridad de los legisladores y, por ende, en la mala calidad de las políticas públicas. Esto también afecta en la calidad de los alcaldes y concejales. Pero además, esto se traduce en la cada vez más baja confianza respecto a los partidos. En la última Encuesta Bicentenario, los partidos políticos alcanzan el 1% de confianza.

Actualmente, en el Congreso hay aproximadamente 22 partidos. Sin embargo, predominan los independientes que en conjunto se traducen en la bancada más grande con 42 miembros. El detalle es que al no ceñirse a ningún partido político ni coalición, estos legisladores se convierten en actores de veto. Se mueven al mejor postor. Eso eleva los costos de transacción. Hace complejo establecer acuerdos creíbles.

Todo esto afecta la representatividad y la confianza en los partidos y en los políticos. El mejor ejemplo de esto es el diputado Gaspar Rivas, quién ha estado en varios partidos en diversos períodos y logró llegar a la vicepresidencia de la mesa de la Cámara junto al Partido Comunista y la DC.

Con el nivel de desprolijidad evidenciada, cualquier reforma que se haga en otros ámbitos, ya sea tributos, pensiones, va a empeorar lo que se supone se busca solucionar o perfeccionar. Los afectados no serán los legisladores mediocres, sino que todos los chilenos y chilenas.

Un ejemplo claro de lo anterior ya lo tenemos con la reforma educativa impulsada en 2015. Los efectos negativos de dichas medidas hoy no los asumen quienes impulsaron esas transformaciones, sino que los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Dónde educan a sus hijos los antiguos dirigentes estudiantiles que hoy ofician de diputados o senadores? Hágase esa pregunta. La reforma al sistema político es probablemente la más urgente de todas. El dilema es quién asumirá esa urgencia con responsabilidad, es decir, asumiendo el costo y pensando en el bienestar de Chile.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.

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