El establishment feminista y su falso desempeño
Las polémicas sobre las acusaciones hacia el presidente y los escándalos en torno al caso Monsalve, se han diluido en medio […]
Fundación para el Progreso (FPP) - Octubre 2019
Fundación para el Progreso (FPP) - Octubre 2019
Autor: FPP
- El 7 de octubre de 2019 se inició en Santiago de Chile un proceso sistemático de evasiones en el servicio de metro. Esto luego se tradujo en una ola creciente de manifestaciones callejeras, las cuales tuvieron su clímax de violencia el fin de semana del 18 de octubre, cuando se produce una seguidilla de ataques incendiarios en diversas partes del país, lo que terminó con 20 estaciones del servicio de metro quemadas. Esto implicó una clara alteración del normal funcionamiento de la ciudad capital, lo que puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera, obligándolo a tomar medidas constitucionales como el estado de emergencia, con el fin de restablecer el orden público.
- Las movilizaciones y manifestaciones callejeras se han extendido por varios días, expandiéndose además a diversas ciudades de Chile, donde también han existido expresiones de violencia. Hasta el momento no hay una variable única que explique la intensificación de las manifestaciones. No obstante, es necesario indicar que esto aún se mantiene dentro del contexto de una crisis política; dentro de los marcos de la política. Es decir, hay una crisis política grave, pero aún no hay una crisis del régimen político necesariamente ni del Estado como tal. Esto, sin embargo, no implica que ciertos sectores políticos y anti sistémicos no busquen dar ese sentido a las manifestaciones callejeras o que con el correr de los días se avance a una crisis de ese nivel.
- Al observarse las expresiones y opiniones de los ciudadanos en las calles y redes sociales, lo que al parecer se cuestiona es la noción de abuso y privilegio respecto a diversos ámbitos de la vida social, política y económica de los chilenos. Hasta ahora, las reclamaciones han apuntado esencialmente a la clase política, lo que no implica que no exista una crítica abierta a las élites en general. Esto, al parecer, se relaciona también con la crisis de legitimidad que afecta a una diversidad de instituciones y actores, incluidos el gobierno, el Congreso, los partidos políticos y los empresarios. Además, a este contexto debemos sumar los niveles de desafección política y desconfianza generalizada, que parecen acrecentar el descontento ciudadano. En ese sentido, esto parece ser una explosión inorgánica, producto de una diversidad de demandas desarticuladas, relacionadas con distintos aspectos de la vida de las personas (acceso a salud, pensiones, ingresos, oportunidades) en las cuales hay una lectura común: existen inequidades.
- El fenómeno que se vive en Chile debe analizarse desde diversas perspectivas para una comprensión adecuada del mismo. Desde un enfoque psicosocial, para entender las causas y dinámicas de la movilización; desde una perspectiva institucional, para entender cómo actúan los diversos actores a lo largo del proceso de movilizaciones; desde un enfoque político, para comprender el proceder de los partidos frente a la crisis; desde una perspectiva social y económica, para comprender los elementos subyacentes que inciden en las dinámicas que impulsan las movilizaciones; desde un análisis discursivo, para comprender el rol de las ideas y percepciones en la forma en que se articulan las causas y demandas; y desde una perspectiva geopolítica, para entender o considerar si existen influencias externas en el desarrollo del proceso.
El lunes 7 de octubre se registró la primera evasión masiva en el metro, en la estación Universidad de Chile ubicada en el corazón de la capital chilena. La convocatoria inicial se hizo a través de un sitio web y buscaba rechazar el alza en el precio del tren subterráneo, adoptada por un panel de expertos a través de una resolución del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que se traducía en un alza de 30 pesos en el pasaje.[1] Es importante hacer notar que esta no era el alza más alta de los últimos años. [2] No obstante, ese lunes 7 de octubre, un grupo de alrededor de 100 personas, incluidos varios alumnos del Instituto Nacional (la principal y más antigua escuela estatal de Chile, que está sumido en una crisis educacional, de autoridad y violencia grave) comenzaron a saltar los torniquetes, ingresando sin pagar a los andenes del servicio de trenes subterráneo. Los guardias fueron incapaces de contener al grupo debido a la gran cantidad de jóvenes que se abalanzaron con el fin de evadir el pago del metro.
En los días siguientes, diversos grupos de personas procedieron a evadir el pago del metro de la misma forma. Las convocatorias se realizaban diariamente a través de las redes sociales mediante la difusión de diversos hashtags. Así, entre el 7 y el 15 de octubre se registraron cerca de 52 casos de evasiones masivas[3] en distintas estaciones de la red de tren subterráneo, donde cerca de mil personas evadieron el pago del servicio, según datos de la propia gerencia de Metro.[4] Frente a esta situación, la empresa interpuso querellas ante los tribunales de Justicia y el gobierno decidió restringir el acceso a las estaciones.
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, considerando que la mayoría de los evasores eran estudiantes secundarios, hizo hincapié en que el alza no afectaba el valor del pasaje escolar y advirtió con quitar la Tarjeta Nacional Estudiantil a quienes sean sorprendidos evadiendo.
El día jueves 17 de octubre, bajo el hashtag #EvasionTodoElDia, que se ubicó en el primer lugar de las tendencias en Chile, se produjeron desmanes en algunas estaciones, las rejas de acceso fueron derribadas por grupos de jóvenes y al interior de las estaciones fueron destruidos torniquetes y otros implementos, mientras otros manifestantes interrumpían la libre circulación de los trenes sentándose al borde de los andenes. En diversas estaciones hubo acciones que entorpecieron el normal funcionamiento del servicio de metro.
La crispación fue en aumento junto con la afectación al resto de los usuarios. El viernes 18 de octubre varias estaciones de metro fueron saqueadas e incendiadas por hordas de jóvenes. Ante esto, se suspendió el servicio de Metro, lo que se tradujo en un colapso del sistema de transporte público Transantiago, lo que obligó a miles de personas a caminar, por varias horas, desde sus trabajos hacia sus hogares. Mientras tanto, las protestas se agudizaban a medida que pasaban las horas. Durante la noche, varias estaciones fueron atacadas de forma incendiaria, resultando con daños enormes y algunas completamente quemadas. La oleada incendiaria se extendió por diversas partes de la ciudad, sobrepasando la capacidad de las policías, lo que llevó al Gobierno a decretar estado de emergencia para que las fuerzas militares ayudaran a evitar el caos, el cual continuó el sábado cuando otras estaciones de metro fueron quemadas.
Según el primer balance de la empresa Metro[5], realizado el sábado 19 de octubre, de las 136 estaciones de la red de Metro, 77 presentaban daños. 20 estaciones resultaron incendiadas, de las cuales 9 fueron completamente incendiadas y 11 resultaron parcialmente incendiadas. Además, otras 41 estaciones resultaron con múltiples destrozos, 6 trenes fueron dañados y los sistemas de señalización del tráfico de trenes resultaron inutilizados en las líneas 4, 4A y 5. Según este primer catastro, el costo por los daños ascendía al menos a US$ 200 millones. En un segundo reporte de daños y luego de sufrir nuevos ataques, Metro informó que el costo de los daños alcanzaba los US$300 millones.[6] Sin embargo, es probable que esa cifra resulte finalmente aún mayor.
Lo que parecía una protesta estudiantil más, tomó el cariz de una movilización violenta y radical. El gobierno, frente a los hechos de violencia propiciados durante la noche del viernes 18 y la madrugada del sábado 19, estableció el estado de emergencia y el despliegue militar, de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para evitar más actos de violencia que, sin embargo, se sucedieron de forma simultánea en la región Metropolitana, generando diversos focos de incendio, incluyendo edificios y supermercados.
El sábado 19 de octubre continuaron las movilizaciones y los actos de vandalismo incendiario y saqueos en diversos puntos del Gran Santiago. En otras ciudades también se comenzaron a producir protestas y actos de índole criminal, afectando propiedad pública y privada. En Valparaíso, el edificio del diario más antiguo de Chile, El Mercurio, resultó parcialmente incendiado. En ese contexto, el gobierno decide establecer el toque de queda nocturno. No obstante, esto no frena la oleada de saqueos e incendios, que inicialmente afectaron a centros de abastecimiento y supermercados. Ese día 19 de octubre, se comienzan a producir las primeras víctimas fatales que, hasta el día viernes 25 de octubre, alcanzaban las 19 personas, once fallecieron por incendios dentro de locales comerciales saqueados, uno tras una golpiza por parte de funcionarios policiales, cuatro por impacto balístico y tres por atropellos.[7] Bajo ese escenario, donde varias ciudades se encuentran en jaque, el gobierno declara estado de emergencia en nueve regiones del país y se extiende el toque de queda. [8] Al día 23 de octubre, los saqueos e incendios continuaba ocurriendo en diversas ciudades del país, afectando diversos inmuebles y propiedades.
Por lo que se visualiza en la dinámica de las movilizaciones y manifestaciones callejeras, estamos ante un movimiento con una orgánica difícil de identificar a simple vista. No es visible una organización o liderazgo que Perspectiva psicosocial movilice recursos con objetivos precisos, aunque sí es notorio que ciertos actores intentan o han intentado capitalizar los hechos para intentar colocarse a la cabeza de la revuelta. Para comprender el fenómeno al que estamos expuestos se pueden abordar diversas lecturas y perspectivas. Por un lado, podemos considerar lo que, desde teorías de la acción colectiva, se consideran perspectivas psicosociales como la teoría del contagio, que considera los elementos emocionales que llevan a los sujetos a conductas gregarias; o la teoría de la convergencia (Ted Gurr), donde las creencias y emociones juegan un factor unificador en las dinámicas de la acción colectiva al generar la sensación de similitud respecto a lecturas subjetivas de las frustraciones. En este punto es clave el concepto de privación relativa planteado por Ted Gurr, que se produce cuando se produce una distancia entre las expectativas en relación a bienes o valores a los que las personas creen tener derecho, y las expectativas en cuanto a lo que realmente obtendrán.
Las perspectivas anteriores se podrían complementar con aquellos enfoques que consideran que ciertas condiciones del individuo en una sociedad determinada, como la inseguridad, el aislamiento o la pérdida de vínculos comunitarios, los disponen a sumarse a movimientos de masas (véase Theodor Adorno, Eric Fromm, Arthur Kornhauser). En el caso del concepto de privación relativa, Ted Gurr plantea que existen tres patrones de desequilibrio social:
a) Sociedades tradicionales, donde expectativa de valores se mantiene y la adquisición de bienes reales disminuye.
b) Sociedades en fase de cambio, donde expectativa de valores aumenta y la adquisición de bienes reales se mantiene.
c) Sociedades en fase revolucionaria, donde expectativas de valores aumenta y la adquisición de bienes reales aumenta y luego decae.
En el caso de Chile, en primera instancia y como conjetura no verificada, la situación correspondería a la de una sociedad en fase de cambio, donde habría, no obstante, privación persistente. Esta tesis ha sido abordada desde diversas perspectivas que aluden al llamado malestar del éxito[9] o a los efectos inesperados de la modernización capitalista tardía, que se produce en Chile a partir de mediados de 1980.[10] Esto, para ciertos sectores significaría una situación de injusticia propia del sistema que sería insalvable y que explicaría las manifestaciones callejeras. No obstante, esa lectura no sería del todo explicativa, pues se debe tener presente que la tensión es un elemento presente en toda sociedad. Toda sociedad tiene injusticias, por tanto, la tensión y las injusticias no son desencadenantes necesariamente de una revuelta social.
En relación con lo anterior, la tesis de la anomia -planteada por Durkheim y luego replanteada por Robert Merton- cobra sentido, sobre todo al observarse el nivel de los saqueos, en tanto reflejo de un estado de carencia que se traduce en la notoria falta de normas y una abierta disposición a transgredir las leyes. Es interesante considerar que esta perspectiva no solo considera la falta de normas de los sujetos, sino también la falta de cumplimiento de las normas en relación con las expectativas de estos. Desde la perspectiva de Merton, la anomia se produce debido a que las metas culturalmente dominantes, que la sociedad considera válidas y que se traducen en normas, se tornan lejanas o difíciles de cumplir para ciertos sujetos, lo que puede dar paso a una especie de alejamiento social de parte del sujeto o una negación de la legitimidad de ese conjunto de normas. En ese sentido, una pregunta que hay que hacerse, para el caso chileno, es por qué un número no menor de personas se suma rápidamente a las dinámicas del saqueo ante los primeros atisbos de ausencia de la autoridad o de suspensión jurídica.
Otra perspectiva que podría contribuir a entender el fenómeno que afecta Chile es la llamada teoría de la liberación cognitiva del profesor de Sociología de Stanford, Doug Mc Adam, que plantea qué se produce cuando las percepciones de la población cambian respecto a la legitimidad de la autoridad, al considerar que sus acciones son erradas o injustas, lo que fomenta la movilización de diversas demandas que, a medida que se ejerce mayor presión sobre las autoridades, va activando la adhesión de más sujetos al proceso de movilización colectiva, haciendo que la legitimidad del sistema se ponga en duda si no hay respuesta.
Considerando todos estos puntos de vista y el hecho de que el fenómeno aún está en curso, podemos aventurarnos a conjeturar que estaríamos ante la conjunción de dos hechos simultáneos: (1) una situación de privación relativa, donde las expectativas se han elevado de forma importante y los ciudadanos desean acceder a las ganancias del sistema; (2) una situación de anomia social en ciertos sectores sociales que no han logrado insertarse al sistema de normas y por tanto proceden fácilmente al saqueo y el vandalismo ante el menor atisbo de ausencia de reglas.
Desde esta perspectiva, el contexto institucional es clave para comprender el desarrollo de los movimientos colectivos. Para Sidney Tarrow, el cariz de los movimientos depende de: 1) los niveles de apertura o cierre del sistema; 2) de la inestabilidad del sistema; 3) de la ausencia o presencia de aliados; 4) conflicto entre élites. La política fluye entre cauces institucionales contenidos y cauces institucionales transgredidos. En el caso chileno, estaríamos ante una dinámica política transgresiva, puesto que no son necesariamente actores políticos tradicionales los que movilizan las demandas sino otro tipo de actores.
A este lineamiento se puede sumar el análisis de Charles Tilly, respecto a las dinámicas que siguen los movimientos sociales, donde se considera el modo en que los repertorios y las formas de acción van cambiando a medida que el movimiento avanza.
Por otro lado, se debe tener claro que estamos ante una eventual crisis de gobierno. El Ejecutivo ha perdido ciertos niveles de legitimidad y sus funciones normales se han visto alteradas, pero no necesariamente ha perdido el apoyo del resto de los poderes del estado.[11] Si bien ciertos sectores opositores buscan exacerbar esta situación y han planteado abiertamente la posibilidad de la renuncia del presidente, no estamos ante una crisis del régimen político. Las reglas y procedimientos institucionales no han sido puestas en duda por parte de otros actores políticos, salvo excepciones. En ese sentido, el gobierno podría manejar la crisis llevando a cabo ciertos cambios de gabinete o estableciendo acuerdos con otros sectores políticos con el fin de recuperar legitimidad y ampliar los niveles de consenso en torno a sus decisiones, pero todo dependerá de cómo se perciban tales medidas, pues también pueden exacerbar la sensación de ingobernabilidad o falta de autoridad.
Es preciso reiterar que, hasta ahora, no estamos ante una crisis de régimen. Las fuerzas políticas no están irremediablemente dividas en cuanto a los procedimientos institucionales, aunque ciertos partidos pretenden generar esa sensación y buscan abiertamente esas condiciones poniendo en duda el proceder del Poder Ejecutivo en todo sentido. Esto significa que aún hay espacio para impulsar el marco institucional como mecanismo para abordar la crisis y resolverla dentro de los cauces institucionales democráticos.
Tampoco estamos ante una crisis de Estado. Si bien el funcionamiento de las instituciones se ha visto desafiado, sobre todo por acciones que parecen poner en duda el monopolio de la fuerza y la capacidad del estado en cuanto a resguardar el orden público, no existen grupos o fuerzas que efectivamente desafíen la institucionalidad.
Muchas conjeturas se han planteado respecto a los factores que han movilizado las manifestaciones y la irrupción callejera de la ciudadanía. La tesis que ha predominado y que ciertos sectores han instalado fuertemente en el discurso público ha sido la del cansancio y el despertar ciudadano producto de la desigualdad. Hay que considerar que la desigualdad fue el eje central de la campaña de Michelle Bachelet para su segundo período presidencial en el año 2013 y también fue una de las puntas de lanza de la campaña presidencial de Alejandro Guillier del año 2017. Por tanto, la oposición ha intentado enlazar esto como una manera de articularse con respecto a las movilizaciones.
La tesis de la desigualdad, indirectamente se relaciona con lo planteado por la tesis de la frustración relativa. No obstante, busca dar una explicación diferente en función de un objetivo político: impulsar la transformación radical del sistema. Bajo esta perspectiva, la desigualdad del sistema se vería también reflejada en los altos niveles de desconfianza institucional[12] y lo que en cierta medida se enmarca como una crisis a nivel de lo que se denomina autorrespeto. El sistema sería desigual en todo sentido, no solo a nivel material. Debido a esto, la movilización ha sido interpretada como una reacción ante la desigualdad, por lo que una de las consignas que tomo más relevancia fue: “Chile despertó contra la desigualdad. El pasaje de metro es la punta del iceberg”.
No obstante, lo cierto es que la desigualdad material en Chile ha disminuido significativamente en los últimos años. La desigualdad, medida por coeficiente de Gini, de un 0,57 en 1989 se redujo a un 0,48 para 2013.[13] La brecha de los ingresos provenientes del trabajo del 10% más rico respecto al 10% más pobre de la población es 5,3 veces menor en el período comprendido de 2000 al 2011.[14] Chile se inserta con diversos países de la región en una clara disminución de la desigualdad. Según el economista experto en desigualdad, Claudio Sapelli, el índice del coeficiente de Gini ha caído 8 puntos en el período 2000-2015.[15] Así, nuestro país posee un Índice de Desarrollo Humano de 0,843 (en escala de cero a uno) que comprende la tasa alfabetización, años de escolaridad, esperanza de vida al nacer e ingreso per cápita. Chile, además, ha reducido la pobreza de una manera notable, donde solo un 8.6% se encuentra en esta situación según la encuesta CASEN de 2017. Todo esto se traduce en una mejor calidad de vida para un gran número de ciudadanos.
A pesar de lo anterior, un elemento adicional que eventualmente refuerza la tesis de la desigualdad tiene relación con la creciente desconfianza en las instituciones[16] y que se ve reflejada en una notoria desconfianza en organismos claves como la Justicia o el Poder Legislativo. Así, fenómenos como la delincuencia y la corrupción, exacerban la sensación de impunidad y desigualdad en todos los niveles. La ciudadanía entonces concluye que un elemento esencial como la igualdad ante la ley no tiene sentido, tanto para asignar justicia como para ser base de la legalidad. La institucionalidad, en general, pierde legitimidad frente a una ciudadanía que la percibe como distorsionada, predispuesta a intereses particulares y como soporte de los privilegios y corrupción de ciertos grupos. A esto se suman el funcionamiento deficiente de bienes públicos, provistos por el estado o privados, que afectan el diario vivir de los ciudadanos. En ese sentido, es importante notar que la salud y la seguridad son los temas que, en el último tiempo, más preocupan a los chilenos[17]. Según fundación Paz Ciudadana, la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública sufrió una importante caída en su Índice 2019. [18]
Por otro lado, en el último tiempo se han producido efectos económicos, debido a procesos como la desaceleración económica[19]; el contexto internacional[20]; y flujos migratorios[21], que afectan el empleo y los salarios de los chilenos, lo que se traduce en la creciente sensación del alza en los costos de la vida, mayor segregación e inequidad. Además, en los últimos años se han realizado una serie de reformas que han inhibido la inversión y el emprendimiento, a la vez que el tamaño del Estado ha crecido sustancialmente, aumentando notoriamente la burocracia, sin que eso se traduzca en mejores servicios públicos.[22] Esto, sin duda, incide en la sensación de insatisfacción e inequidad, sobre todo entre quienes deben recurrir a tales servicios, lo que se ve exacerbado por la circulación de información incorrecta o fakenews[23], que refuerzan ciertos sesgos cognitivos y subjetividades de los ciudadanos. Diversos grupúsculos refuerzan estos elementos a través de las redes sociales[24], con el fin de exacerbar las pasiones en medio de las movilizaciones.
En términos sistémicos, el sistema político se ha vuelto incapaz de recibir los inputs y de traducir aquello en outputs adecuados. Esto, inevitablemente, afecta la legitimidad institucional en diversos sentidos. Esto hace que la noción de autoridad se vea mermada junto con la noción de las reglas generales como elementos de cohesión social, lo que impide canalizar demandas mediante los canales institucionales.
Un elemento esencial, que en parte podría explicar el fenómeno anterior, tiene relación con las dinámicas que, en los últimos años, han adoptado los partidos políticos en la conformación de sus militancias. Esto se traduce en la creciente percepción de ausencia de liderazgos políticos en diversos sentidos. Esto refuerza los altos niveles de desconfianza en instituciones claves para un sistema democrático como son los partidos políticos.[25] Así, por ejemplo, según el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en 2014 solo un 3% confiaba en los partidos políticos. [26]
Es importante notar que, en un contexto donde los partidos políticos no generan confianza entre los ciudadanos, no solo no se logran canalizar las demandas por las vías institucionales, sino que eso aumenta la desafección respecto al sistema político. Esto, en muchos casos, termina dando paso a dinámicas crecientes de polarización mediante las cuales ciertos actores exacerban discursos populistas, anti sistémicos y extremos, bajo la promesa de dar soluciones inmediatas sin mediar la deliberación política.
El discurso de la desigualdad como principal problema se reinstala con fuerza en el contexto de las recientes movilizaciones.[27] Muchos actores han intentado articular la noción de desigualdad como elemento explicativo principal y cuyo fundamento causal estaría en el modelo económico y político chileno. A partir de esto, otros actores intentan dar una lectura binaria del contexto vigente, como una lucha entre pobres y ricos, entre trabajadores y empresarios, entre gobernantes y gobernados, entre privilegiados y excluidos.
Un elemento conceptual clave, que se intentó instalar por parte de algunos actores, al inicio de las movilizaciones y sobre todo en los momentos más álgidos de vandalismo, fue la tensión entre la noción de violencia sistémica y la de violencia popular. Esta discusión también se volvió clave respecto a la violencia institucionalizada del Estado en contextos de crisis al aplicarse el Estado de Excepción constitucional. Es importante resaltar que el ordenamiento jurídico de la República de Chile contempla cuatro tipos de estados de excepción constitucional, que el poder Ejecutivo puede establecer frente a situaciones extraordinarias y graves: Estado de Asamblea, Estado de Sitio, Estado de Emergencia y Estado de Catástrofe. Los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Constitución de la República autorizan y establecen el proceder y las limitaciones en cuanto a la activación de estos mecanismos institucionales.
Así, frente a los ataques incendiarios efectuados en contra de diversas estaciones de metro, la oleada de saqueos y ataques incendiarios a la propiedad pública y privada, en diversas comunas durante la tarde y la noche, lo que significaba una grave alteración del orden público, el gobierno declaró el estado de excepción constitucional de emergencia. Esto implica la restricción de la libertad de movimiento y reunión.
Un punto clave en este sentido, es que la noción de orden jurídico, en tanto marco de resguardo no solo del orden, sino de las libertades y derechos más esenciales, ha pasado a un tercer plano y ningún actor lo ha puesto como criterio esencial. Tampoco, en relación a esto, se ha reforzado el resguardo del orden democrático como un sistema de reglas que evita la solución de conflictos mediante la violencia. Esto, debería ser un tema de preocupación y debate.
Desde una perspectiva regional, algunos analistas[28] plantean que existen acciones concertadas, por parte de grupos organizados, cuyo propósito sería desestabilizar al gobierno mediante sucesivas acciones violentistas de alto impacto que afecten el transporte público y las cadenas de abastecimiento alimenticio. En relación con esto, existen sospechas, por parte de los organismos de inteligencia de las FF.AA.[29] de la existencia de grupos organizados detrás de los incendios en las estaciones del Metro de Santiago. La OEA tampoco ha descartado la posibilidad de que existan instigadores extranjeros.
Es decir, no estaríamos ante un estallido social espontáneo, sino ante un plan de desestabilización social y política con el fin de hacer caer al gobierno de Sebastián Piñera. Esto, según los analistas, además estaría siendo financiado por grupos y gobiernos ligados con el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, con el fin de generar inestabilidad a nivel regional para reactivar el Socialismo del Siglo XXI y el proyecto bolivariano.
Lo anterior debe ser visto con cautela pues es importante hacer notar que en contextos de crisis siempre proliferan tesis de índole conspirativa que distintos grupos o personas enarbolan con diversos propósitos, como aumentar los niveles de desinformación, generar mayor incertidumbre, impulsar acciones más decididas por parte de ciertos actores, agudizar el conflicto o restar validez moral o legitimidad a ciertos actores.
Así, junto a la tesis de la desestabilización extranjera también se ha difundido la idea del autogolpe por parte del gobierno. En redes sociales algunas personas se han dedicado a difundir el rumor de que las policías han hecho montajes y han favorecido el saqueo de supermercados. Además, se ha planteado que el gobierno y las FF.AA. están ocultando el número de fallecidos bajo la acción de los efectivos militares e incluso se ha denunciado la existencia de centros de tortura. Todo este tipo de noticias debería ser corroborada pues en la mayoría de los casos corresponden a fake news.
Sin duda, como país estamos atravesando un momento complicado, la peor crisis democrática, institucional y política desde el retorno a la democracia. Pero es necesario comprender bien los elementos que contribuyen a esto.
En primer lugar, hay una pugna en cuanto al diagnóstico. El que ha predominado en distintos niveles es el del descontento subyacente, que habría hecho eclosión a través de las evasiones y que sería reflejo de una ciudadanía descontenta con el modelo vigente, producto de las profundas y supuestas desigualdades que este generaría. Este diagnóstico ha sido construido discursivamente desde hace años por ciertos grupos de interés que comprendieron y han comprendido el rol que juegan las subjetividades en la interpretación del mundo.
El otro diagnóstico, menos considerado pero factible a la luz de los hechos, es la abierta disposición de un importante sector de la izquierda por desestabilizar al gobierno democrático, la estructura económica, el estado de derecho y el orden jurídico, lo que se ha expresado en una secuencia lógica organizada y no necesariamente espontánea, mediante evasiones masivas sistemáticas en el Metro, con la consecuente alteración del sistema de transporte público de Santiago, ataques incendiarios simultáneos a la red de Metro y su extensión a supermercados y redes de distribución a lo largo del país; apoyo televisado a la revuelta por parte de autoridades y legisladores de sectores de oposición del Partido Comunista y el Frente Amplio, la justificación de la violencia bajo el rótulo de desobediencia civil; la solicitud de renuncia del Presidente y de reformas estructurales inmediatas, la posterior acusación de dictadura debido al estado de excepción constitucional establecido por el gobierno.
Debemos asumir que una parte importante de la oposición al gobierno, sobre todo el PC y el Frente Amplio, han expresado mediante sus acciones y discursos un abierto apoyo a la vía insurreccional, el levantamiento popular, como modo de hacer caer el gobierno, cuestionar el orden jurídico y propiciar reformas estructurales.
Esencialmente hay dos elementos en juego frente a esto, primordiales: los marcos del orden jurídico que resguardan las libertades y las reglas del juego democrático que permiten la estabilidad política. En cuanto a lo primero, es esencial restablecer un criterio mínimo de reglas comunes que favorezcan el imperio de la ley y el estado de derecho, para promover una convivencia pacífica en la sociedad. En cuanto a lo segundo y en relación a lo primero, se abre el riesgo de entrar una dinámica populista que podría tornarse difícil de revertir y que incluso podría llevar a nuestro país a un escenario potencialmente autoritario.
Si los marcos del orden jurídico y las reglas del juego democrático se debilitan, se podría hipotecar la posibilidad de llegar a ser una nación más libre, más digna y próspera. Si aquello se pierde, es probable que caigamos en el asistencialismo, el burocratismo y el populismo electoral. Por tanto, es importante, en esta coyuntura, impulsar y promover la razonabilidad como mecanismo esencial para abordar los asuntos públicos que hoy nos aquejan. Es clave, en ese sentido, promover liderazgos que actúen con responsabilidad y convicción en diversas instancias, con una mirada de progreso. La complejidad que se enfrenta obliga a ser responsables y ser observantes de todas aquellas promesas que prometen un mayor bienestar de la noche a la mañana.
Es por ello por lo que sintetizamos algunos aspectos que resultan imprescindibles de erigir como banderas de nuestras ideas en la nueva discusión pública que se instala en Chile:
Es falso que Chile tenga la peor educación y la más precaria de Sudamérica. Actualmente los niveles de alfabetización de Chile son los más altos del continente, en hombres es del 98,6% y en mujeres alcanza un 98,5%. Esto se ve evidenciado en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que califica a Chile en el puesto número 1 en Latinoamérica.[31]
Por otro lado, en términos de cobertura y obligatoriedad, el sistema educacional chileno es universal; sus índices de matrícula en educación básica alcanzan al 99,7% de los niños entre 7 y 14 años. En el caso de la educación media, la cobertura de la matrícula es el 87,7% de los adolescentes entre 15 y 18 años.[32] Además, en el caso de la educación secundaria, Chile ocupa el puesto número 1 en estudiantes que hayan completado este nivel de educación con un 80,1%, seguido por Perú con un 79,7%.
Cabe mencionar también que Chile es el mejor país evaluado de Latinoamérica en los parámetros del informe PISA 2015 (evaluación internacional de alumnos). Este informe mide las competencias de los alumnos de 15 años de cada país, en las áreas de Ciencias, Matemáticas y Comprensión Lectora. Chile, quien encabeza la prueba PISA en Latinoamérica con los mejores resultados, registra un puntaje de 443 unidades.[33] Quien escolta a nuestro país es Uruguay, con 430 puntos. Se debe tener en cuenta además que, en comparación con la prueba PISA del 2012, Chile logró mejorar en 17 puntos su ponderación total.[34]
A su vez, según el Centro Interuniversitario de Desarrollo, en 2016 Chile gozaba de la tasa más alta de acceso a educación superior en Latinoamérica, equiparable sólo a países más desarrollados como Australia.[35] Además, goza de la mayor cobertura del quintil más pobre entre los países latinoamericanos y cuenta con niveles de desigualdad educacional reducidos en comparación con los países latinoamericanos que le siguen, como Uruguay o Brasil.[36]
Respecto al costo de educarse, también es falso que Chile tenga la educación más cara del mundo. En términos de costo anual de matrícula, Chile es la octava matrícula más cara del mundo, muy por debajo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Singapur o Japón.[37] Si bien esto no descarta los posibles problemas que tiene el sistema educacional chileno en términos de valores, es el sistema que mejor ha incrementado la cobertura educacional a nivel latinoamericano, además de contar con cinco universidades nacionales entre las 1000 universidades más prestigiosas del mundo, entre ellas la Universidad de Chile y la Pontifica Universidad Católica de Chile.[38]
Se ha masificado esta idea de que Chile viene siendo el único país del mundo que tiene el agua privatizada, lo que habría generado entre otras cosas, en teoría, la crisis hídrica que afecta a nuestro país. Es importante aclarar que esto es falso, ya que, el artículo 5 del Código de Aguas claramente establece que las aguas son bienes nacionales de uso público. Distinto es que se les otorgue a particulares el derecho de aprovechamiento de estas.
Lo cierto es que Chile ha logrado ser uno de los únicos países de Latinoamérica con buenas condiciones en sus servicios de agua potable. Incluso, el sitio Globehunters indica a turistas que visitan algún país latinoamericano, que Chile y Costa Rica son los únicos países donde es recomendado tomar agua de la llave.[39]
Al mismo tiempo, la tarifa en M3 en ciudades como Santiago (US$1,45), Valdivia (US$2,08), Valparaíso (US$2,21) o Concepción (US$1,68) viene siendo mucho más económica que en varias ciudades OCDE donde los costos superan los US$3, como la ciudad de Leipzig en Alemania donde el M3 de agua cuesta US$6,78.[40]
Finalmente, Chile goza de una cobertura de agua potable del 95% actualmente, mientras que la cobertura de alcantarillado es del 91%.[41]
El sistema de pensiones en Chile se encuentra en crisis debido a las pensiones que reciben los cotizantes al jubilar. No obstante, se olvida que los montos de las pensiones se relacionan estrechamente con lo que las personas aportaron a lo largo de su vida laboral y no con su última remuneración. Frente a esto, diversos actores proponen establecer un sistema de reparto. El problema de estos sistemas es su viabilidad, la cual depende de que la cantidad de sujetos laboralmente activos sea superior a quienes reciben pensiones, lo que no es posible con bajas tasas de natalidad y altas esperanzas de vida como sucede en Chile.
¿Cuáles serían los factores que inciden en las bajas pensiones?
Según la Superintendencia de Pensiones, desde noviembre de 2016 hasta marzo de 2019, en promedio, un 52% de los jubilados cotizó a esa fecha solo 15 años o menos, lo que en varios países y sistemas de pensiones haría que no tuviesen acceso ni a una pensión parcial. La pensión final es un tercio del ahorro depositado por el cotizante y dos tercios la rentabilidad que éstas obtienen en los mercados de inversión.[42] Por lo que ahorrar ininterrumpidamente y durante toda la edad laboral es crucial para obtener mejores pensiones.
En Chile la esperanza de vida aumentó drásticamente y la tasa de cotización obligatoria continúa siendo solo de un 10%. Lo que tenemos actualmente en Chile es un sistema que pretende financiar 30 años o más después de la jubilación, habiendo cotizado por 35 años sólo el 10% del sueldo, tarea que es aún más difícil si es que además solo se cotiza, de manera efectiva, menos de 15 años.[43]
Es importante considerar, además, que según el Índice de Pensiones Globales de Melbourne Mercer[44], el sistema de pensiones chileno se ubicó en el décimo lugar. En este estudio se midieron factores que indican si el sistema conduce a mejores resultados financieros para los jubilados, sostenibilidad en el tiempo y si tiene la confianza de la comunidad[45]. En base a esto, nuestro sistema de pensiones posee altos estándares en las tres mediciones a las cuales fue sometido y se encuentra al interior del top ten de los mejores sistemas de pensiones.[46] Además, los fondos de pensiones han obtenido muy buenos índices de rentabilidad cercanos al 8% promedio anual en los últimos años[47], lo que es posible monitorear desde la Superintendencia de Pensiones.[48]
Por ende, los problemas de las bajas pensiones no resultan estrictamente imputables al sistema de pensiones en sí, sino que son problemas relacionados al mercado laboral como lagunas laborales, bajo porcentaje de cotización en relación con la esperanza de vida post jubilación, trabajadores independientes que no cotizan, trabajo informal y el relacionar el último sueldo obtenido con la pensión de jubilación sin considerar la cantidad aportada al ahorro.
¿Cómo mejorar las pensiones de los chilenos?
Se han planteado diversas propuestas para mejorar el sistema de pensiones chileno, que apuntan esencialmente a la conformación de un sistema mixto, en base a un alza en el porcentaje de cotización por parte de los trabajadores, aumentar la edad legal de jubilación e incentivar el trabajo de las personas mayores y aumentar el aporte al pilar solidario. Además, se considera necesario aumentar la competencia en la administración de las cuentas individuales, ampliar e integrar políticas dirigidas al adulto mayor.[49] Existen otros planteamientos[50] que también apuntan a mejorar el sistema de pensiones sin necesidad de pasar a un sistema de reparto.
Chile es el país latinoamericano con el mayor ingreso per cápita. Según el FMI (2018) el ingreso per cápita chileno, medido por paridad de poder de compra (PPP), es de US$25,891, superando a Uruguay US$23,267; Argentina US$20.610 y Brasil (US$16,112).[51]
La pobreza en Chile es de un 8,6% (Banco Mundial)[52]. Además, junto con El Salvador y República Dominicana, está entre los países con mayor reducción de la pobreza en el período 2012-2017. (CEPAL 2019).[53] Según el informe del PNUD 2017, siete de cada 10 chilenos vivían en situación de pobreza en 1990, mientras que en 2015 la cifra bajó a dos de cada 10 chilenos.[54]
Chile y Uruguay son los países de América Latina que disponen de más recursos por persona para políticas sociales (US$2.387 y US$2.251 dólares, respectivamente), seguidos por Brasil, Argentina y Costa Rica; en contraste están El Salvador, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Honduras. (CEPAL 2019).[55]
Si bien el sistema estatal de salud de Chile puede tener críticas, debe reconocerse el liderazgo chileno en materia sanitaria en comparación con el resto de América Latina en índices importantes como: esperanza de vida, desnutrición infantil y mortalidad infantil, etc. Según la Organización Panamericana de la Salud, Chile, en comparación con el resto de América Latina, destaca en los siguientes indicadores[56]:
| Indicador | Chile | América Latina |
| Esperanza de vida al nacer (años) hombre | 77,2 | 72,6 |
| Esperanza de vida al nacer (años) mujer | 82,1 | 78,9 |
| Razón de mortalidad materna reportada (cada 100.000 nacidos vivos) | 15,5 | 57,6 |
| Tasa de mortalidad infantil reportada (cada 1.000 nv) | 6,9 | 16,0 |
| Tasa de mortalidad neonatal reportada (cada 1.000 nv) | 5,1 | 9,9 |
| Incidencia de Tuberculosis (cada 100.000 hab.) | 14,3 | 33,1 |
| Bajo peso al nacer (menos de 2.500 g) (%) | 6,3% | 8% |
| Desnutrición crónica en niños menores de 5 años (%) | 1,8% | 16,1% |
| Médicos cada 10.000 habitantes | 21,5 | 17,7 |
| Enfermeros cada 10.000 habitantes | 22 | 14,3 |
| Dentistas cada 10.000 habitantes | 10 | 4,4 |
| Partos hospitalarios (%) | 99,7% | 93,4% |
En 2013, Chile fue calificado como el primer país de Latinoamérica y decimotercero del mundo en el uso eficiente de recursos en salud. [57]
Lo datos suscritos anteriormente indican que, en comparación con el resto de los países de Latinoamérica, el sistema de salud, incluso considerando ciertas carencias estructurales, es uno de los mejores del continente, gozando de una cobertura total del 97% y con el nivel más alto de eficiencia en el uso de sus recursos, siendo el décimo tercero en todo el mundo. Este dato es relevante en cuanto las críticas al sistema de salud no van en el sentido de su cobertura base, sino en el financiamiento. Y en esto, Chile es el mejor de Latinoamérica.
Es falso afirmar que en Chile existe un aumento en la precarización del empleo. Según un estudio de la OCDE, la movilidad social en el país, especialmente entre los más jóvenes, es mayor que en países como EEUU y Alemania y los indicadores de desigualdad disminuyeron ocho puntos desde el 2000 hasta el 2015.[58] Ambos datos indican que estamos mejor que antes en términos laborales, ya que quien nace en una determinada condición social y económica, puede variarla en el transcurso de su vida. Esto gracias a un sistema con amplia libertad económica, que da espacios para que las personas puedan progresar sin mediar su origen social.
Entre 1990 y 2000 el ingreso promedio del hogar se duplicó como reflejo del dinamismo que presentó la economía durante la mayor parte de esa década, y entre los años 2000 hasta el 2013 la tasa de crecimiento del ingreso promedio alcanzó a un 44,6%.[59] El sueldo mínimo ha aumentado desde los $116.818[60] pesos en 1990 hasta $301.000 en 2019[61]. Los trabajos vulnerables se redujeron a 24%, tasa muy inferior en relación con países vecinos como Perú y Bolivia que están por sobre el 50%.[62]
En cuanto a la jornada laboral de 45 horas, Chile se encuentra dentro de los 10 países con jornadas laborales más altas de la OCDE[63]. Sin embargo, cabe destacar que según un estudio realizado por el Ministerio de Economía, el año 2017[64] las empresas grandes, dentro de la OCDE, son aproximadamente un 40% más productivas que las empresas grandes en Chile. Bajo esta misma línea, el diferencial de productividad con las empresas pequeñas 1, pequeñas 2 y medianas, alcanza un 36%, 45% y 51%, respectivamente. Es importante considerar estos elementos a la hora de proponer reajustes a la jornada laboral, de lo contrario puede haber efectos nocivos para la economía y, por tanto, para la calidad de vida de todos los chilenos.
Esta descripción es general y está basada en un estudio de Libertad y Desarrollo.[65]
Grupos antisistema: Generalmente se expresan de forma destructiva y recurren a métodos de acción disruptivos. Son grupos que generalmente carecen de una orgánica institucionalizada, aunque siempre existen grupos relativamente reducidos que están organizados (okupas, antifascistas), por tanto, sus acciones y demandas no tienen sistematicidad muy clara. Es difícil no considerarlos dentro de la categoría de lumpen.
En cuanto a sus motivaciones, estas son más bien de larga data y se fundan en un rechazo radical al sistema capitalista y al Estado de derecho, propios del anarquismo. Sin embargo, también engloban vindicaciones emergentes.
No obstante, en el último tiempo es probable que hayan surgido otros grupos antisistema que vindican posturas más propias del fascismo o el nacionalismo más extremo, cuyas vindicaciones se relacionan con la antiglobalización y la antiinmigración.
Fuerza de choque de grupos políticos: Algunos partidos políticos, sobre todo aquellos que consideran dentro de sus ideologías a la violencia como una forma instrumental de acceder al poder, generalmente tienen lo que se denomina “fuerzas de choque”, que son militantes dispuestos al uso de la violencia contra adversarios políticos o fuerzas policiales. Generalmente portan banderas con palos. En general, no actúan de forma disruptiva.
Organizaciones civiles sindicales o gremiales: Son organizaciones cuyas demandas tienen larga data, con orgánicas bien establecidas y definidas. Generalmente sus causas y motivaciones son focalizadas, pero se suman a movilizaciones generales con facilidad. Sus formas de acción son variadas, muchas veces tradicionales, como marchas caminando, pero en otras ocasiones pueden ser muy disruptivas, dependiendo del sindicato.
Organizaciones civiles educacionales (Federaciones estudiantiles, Centros de Alumnos):
Organizaciones con demandas de larga data, pero también emergentes. En los últimos años han surgido dos organizaciones, CONES y ACES, que cuentan con una organización establecida. Sus motivaciones no son solo estudiantiles, sino que se mezclan con reclamaciones antisistema o de otros tipos de carácter emergente. Sus formas de acción son generalmente violentas y disruptivas.
Organizaciones civiles culturales: Organizaciones con motivaciones de larga data, que generalmente se manifiestan de forma pacífica mediante actos culturales.
Organizaciones civiles institucionalizadas (Cruz Roja, por ejemplo): Estas organizaciones se centran en apoyar a quienes requieren asistencia médica durante las manifestaciones. Son elementos cuya presencia contribuye a bajar los niveles de violencia. También otorgan validez a las movilizaciones entre la población, pero sin manifestar demandas específicas necesariamente.
Organizaciones civiles de demandas diversas (Ciclistas, animalistas, ecologistas, comunidades de migrantes, diversidad sexual, deudores, allegados): Organizaciones cuyas demandas son emergentes y diversas. Sus repertorios de acción varían entre formas tradicionales y disruptivas según el tipo de organización.
Organizaciones comunales (Juntas de Vecino): Organizaciones que tienen existencia variable. Las juntas de vecinos tienen orgánicas bien estructuradas. Actúan de forma pacífica y tradicional. Han sido claves en la conformación de grupos organizados para proteger los barrios y poblaciones contra saqueadores.
Organizaciones ciudadanas con reclamaciones política (Marca tu voto, AC): Agrupaciones con vindicaciones emergentes de índole política de carácter sistémico. Generalmente actúan de forma tradicional, de forma no violenta.
Partidos políticos: Organizaciones con vindicaciones de larga data, orgánicas bien establecidas. Actúan de forma tradicional.
Efecto esperanzador de las movilizaciones. De acuerdo a la Encuesta StatKnows del 19 y 20 de octubre de 2019, la emoción preponderante, que las movilizaciones han despertado en la población, es la esperanza. La Encuesta Ipsos, por su parte, refleja que un porcentaje considerable estima que las jornadas de protestas son el comienzo de un largo proceso con cambios a futuro y otra porción no menor estima un cambio de prioridades en el corto plazo:
Legitimidad de la violencia como medios de protesta. Por otro lado, solo un 29% de los encuestados en StatKnows respalda la violencia como método legítimo de protesta y al interior de ella, entre los jóvenes de 18 a 25 años el respaldo alcanza un 41%.
¿Consideras la violencia como un método legítimo para protestar?
En jóvenes entre 18 y 25 años:
Cambio en las prioridades. Las movilizaciones han producido un cambio en las prioridades de la ciudadanía. Las clásicas preocupaciones por seguridad, salud y educación han sido relevadas por pensiones, sueldos y alzas en los servicios básicos. Esto según un contraste entre la Encuesta StatKnows del 19 y 20 de octubre de 2019[66]y la clásica Encuesta del Centro de Estudios Públicos de mayo de 2019[67]. De esta manera, pensiones, sueldos y el alza en el costo de vida se han vuelto al centro del debate público chileno:
En relación con el toque de queda:
Diferencia Santiago/Regiones. Llama la atención la diferencia entre Santiago y Regiones en la justificación del toque de queda. Mientras en Santiago la justificación solo alcanzó un 55%, en regiones el porcentaje ascendió a un 68%[68]
Diferencia en razón de edad. También, a medida que aumenta la edad, aumenta la justificación del toque de queda en Santiago[69].
[1] https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/10/04/mas-alzas-que-bajas-conoce-los-nuevos-precios-del-metro-y-el-transantiago-tras-cambio-de-tarifas.html
[2] https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/10/19/el-ano-en-que-mas-subio-la-tarifa-del-metro/
[3] https://www.t13.cl/noticia/nacional/evasiones-masivas-metro-servicio-controlado
[4] https://www.latercera.com/nacional/noticia/metro-alrededor-mil-personas-evadido-pago-protestas/862773/
[5] https://www.metro.cl/noticias/balance-danos-19-de-octubre-2019
[6] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/10/20/metro-reporta-que-80-de-sus-136-estaciones-presentan-danos-por-masivas-protestas.shtml
[7] https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/10/24/todo-lo-que-se-sabe-de-los-19-muertos-en-manifestaciones-chile-2/
[8] https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/politica/gobierno-decreta-estado-de-emergencia-para-las-comunas-de-rancagua-la/2019-10-20/094029.html
[9] Chile: del malestar del éxito al miedo al fracaso http://fppchile.org/es/384/
[10] Peña, C. Lo que el dinero sí puede comprar. Taurus, 2017.
[11] Un ejemplo de este punto es la reunión de trabajo que el ejecutivo sostuvo con los poderes del Estado el pasado 20 de octubre donde se envió el proyecto de ley para la suspensión del alza de tarifas del Metro, y la adopción de medidas adoptadas para resguardar la seguridad ciudadana. Véase el Diario Financiero: https://tinyurl.com/y3l9v6fx.
[12] Un dato relevante fue el estudio nro. 273 de CADEM en abril del presente año en el cual deja manifiesto la desconfianza ciudadana en instituciones relevantes del país: “...las instituciones peor evaluadas son: Fiscalía (36%, -1pts), el Frente Amplio (25%, +3pts), Tribunales de Justicia (24%, -2pts), Oposición-Ex Nueva Mayoría (23%, +4pts), el Congreso (23%, +5pts), y la Iglesia Católica (21%, +8pts).” https://tinyurl.com/y5aj4dld . El estudio 301 de la misma encuestadora publicado el 18 de octubre del presente año, deja patente la alta desaprobación del gabinete ministerial de Sebastián Piñera en 58%. CADEM https://tinyurl.com/y5rotkhr. Un estudio realizado por Centro de Derecho Público y Sociedad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián (PUBLICUSS), reveló con nota deficiente a más del 50% de las 27 instituciones evaluadas en el estudio titulado “I Estudio de Percepción: Confianza en las Instituciones" : https://tinyurl.com/y3q5acp4.
[13] Véase: Urzúa, Sergio. “La batalla contra la desigualdad”. Serie informe Nro. 173, mayo 2018, Libertad y Desarrollo. https://tinyurl.com/y63rh2vf.
[14] Larroulet, Cristián. “Chile camino al desarrollo: Avanzando en tiempos difíciles”. Santiago: El Mercurio Aguilar, 2012.
[15] Véase: Resumen Ejecutivo del libro “Chile: ¿más equitativo?” de Claudio Sapelli en fppchile.org: https://tinyurl.com/y5yssslm.
[16] https://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content//uploads/2018/10/Encuesta-bicentenario-2018-Sitio-Web.pdf
[17] https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Ipsos-Espacio-Publico-2018_cap2.pdf
[18] https://pazciudadana.cl/proyectos/prevencion-del-delito/indice-paz-ciudadana-2019/
[19] https://www.mega.cl/noticias/nacional/279017-fmi-crecimiento-pib-chile-2019-2020.html
[20] https://elpais.com/economia/2019/10/15/actualidad/1571099167_587056.html
[21] Al respecto, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseveró en julio del presente año que uno de los factores del alza del desempleo se relaciona con el aumento inusitado de inmigrantes en el país. Véase: emol.com https://tinyurl.com/y3zk4k7d.
[22] https://lyd.org/wp-content/uploads/2017/04/TP-1297-CRECE-EL-ESTADO.pdf
[23] Véase el fact checking realizado por La Tercera: https://tinyurl.com/y3n2feyr. El canal CNN ha hecho un recuento de las 8 noticias falsas más relevantes en medio de la crisis: https://tinyurl.com/yynghgby.
[24] https://ellibero.cl/actualidad/las-evasiones-masivas-en-el-metro-de-santiago-partieron-por-un-meme/
[25] https://gobierno.udd.cl/files/2019/01/Encuesta-Influencia-y-Confianza-UDD-2018.pdf
[26] https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/05/Reporte_15_UC_Confianza-v09.pdf
[27] Contra toda evidencia, la izquierda radical retoma un tema de cual Chile, al contrario de lo que manifiestan, ha sido de los países en la región que más ha disminuido los niveles de desigualdad y la pobreza. Véase los datos expuestos por Max Roser en ourworldindata.org: https://tinyurl.com/ya5pvqd9.
[28] https://www.lainformacion.com/opinion/beatriz-becerra/cataluna-chile-adolescentes-en-llamas-hacia-un-estado-de-emergencia-global/6515857/
[29] Véase: La Tercera: Informe de inteligencia de las FF.AA. advierte a La Moneda sobre similitud de ataques a Metro - https://tinyurl.com/y2d38pzw.
[30]Trabajo realizado por el equipo de Investigación FPP: Jorge Gómez, Esteban Montoya, Juan Lagos, José Luis Trevia, Bárbara Haas, Nicolás Martins y Eugenio Guerrero.
[31]«Human development index 2010 and its components: Education Index» (Excel) (en inglés). UNDP. 2010. pp. Excel. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2010. Consultado el 28 de julio de 2010. https://web.archive.org/web/20101222043716/http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/default.html
[32]Indicadores de la educación en Chile 2010-2016. Centro de estudios Mineduc. https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2018/03/INDICADORES_baja.pdf
[33] Pisa 2015, resultados claves. https://www.24horas.cl/incoming/article2213801.ece/BINARY/Informe%20PISA%202015.pdf
[34] Pisa 2015, resultados claves. https://www.24horas.cl/incoming/article2213801.ece/BINARY/Informe%20PISA%202015.pdf
[35]Educación superior en Iberoamérica. Informe 2016. https://cinda.cl/publicacion/educacion-superior-en-iberoamerica-informe-2016/
[36]Educación superior en Iberoamérica. Informe 2016. https://cinda.cl/publicacion/educacion-superior-en-iberoamerica-informe-2016/
[37]¿Qué tan cara es la educación universitaria chilena respecto al resto del mundo? https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/10/27/cuan-cara-es-la-educacion-universitaria-chilena-respecto-al-resto-del-mundo.shtml
[38]Ranking internacional destaca a 5 universidades chilenas entre las mil mejores del mundo. https://www.cnnchile.com/pais/5-universidadse-chilenas-mil-mejores-mundo_20190821/
[39]Where you can and cant drink tap water as a tourist around the world: https://www.globehunters.ca/blog/safe-tap-water.htm.
[40]Tarifas por M3 (agua potable y saneamiento) de diversas ciudades: https://s2.latercera.com/wp-content/uploads/2019/07/Imagen-PUL-valor-agua-potable-310719.pdf
[41] «Meeting the MDG drinking water and sanitation target: the urban and rural challenge of the decade.». Organización Mundial de la Salud (OMS)/UNICEF (Ginebra, Suiza)
[42]Asociación AFP Chile: https://www.aafp.cl/64-de-los-fondos-de-los-afiliados-corresponde-a-la-rentabilidad/
[43]Serie Informe Económico. Sistema de pensiones en Chile y su comparación con otros países. https://lyd.org/wp-content/uploads/2019/07/serie-informe-economica-278-junio-1.pdf
[44] Estudio en particular disponible en: https://info.mercer.com/rs/521-DEV-513/images/MMGPI%202019%20Full%20Report.pdf
[45] Reseñado también en: https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/chile-baja-dos-puestos-ranking-sistemas-pension-del-mundo-sigue-top-10/870994/
[46] https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-20/these-are-the-world-s-best-and-worst-pension-systems
[47] Análisis de rentabilidad anual promedio disponible en: https://www.previsionparatodos.cl/fondos-de-pensiones-rentan-en-promedio-82-y-acumulan-mejor-primer-semestre-en-una-decada/
[48]Superintendencia de Pensiones. Rentabilidad real de los fondos de pensiones. https://www.spensiones.cl/apps/rentabilidad/getRentabilidad.php?tiprent=FP
[49] http://www.comision-pensiones.cl/Informe_final_CP_2015.pdf
[50] https://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2016/07/DOCUMENTO_FINAL.pdf
[51]Véase la nota realizada en latercera.com (https://tinyurl.com/y659hrbq) respecto del World Economic Outlook (Octubre 2018) https://tinyurl.com/y7rrxzpj.
[52]Véase: Banco Mundial https://tinyurl.com/y3nh7vos
[53]Véase: CEPAL: Panorama Social de América Latina 2018 - https://tinyurl.com/y3ozd4y6
[54] https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza-Libro-DESIGUALES-final.pdf
[55]Véase: “CEPAL: Panorama Social…”, Ibidem.
[56]Organización Panamericana de la Salud (2017): Indicadores Básicos. Situación de Salud en las Américas 2017. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34330/IndBrasicos2017_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[57]OECD (2018) “A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility”, OECD Publishing, Paris. https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility_9789264301085-en#page36
[58]Claudio Sapeli, Chile ¿Más Equitativo? (2011)
[59]Larrañaga y Rodríguez, Desigualdad de Ingresos y Pobreza en Chile 1990 a 2013. PNUD
[60] Pesos chilenos al 31 de enero de 2018
[61] Ley 18.981 y Ley 21.112 respectivamente
[62]Organización Internacional del Trabajo, base de datos de Indicadores principales sobre el mercado laboral. https://datos.bancomundial.org/indicator/SL.EMP.VULN.ZS?end=2018&locations=CL&start=1991
[63] OCDE https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
[64] Informe de resultados: Productividad laboral sectorial y por tamaño de empresa a partir de microdatos. Cuarta Encuesta Longitudinal de Empresas. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2017) https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2017/03/Bolet%C3%ADn-productividad-laboral-ELE4v2-1.pdf
[65]https://archivos.lyd.org/lyd/Serie%20Informe/SISYP%20144%20Movimientos%20Sociales%20en%20Chile.pdf
[66] StatKnows (2019): “Resultados de estudio de percepciones de StatKnows realizado el 19 y 20 de octubre de 2019”.
[67] Centro de Estudios Públicos (2019): “Estudio Nacional de Opinión Pública N° 83”, mayo 2019. Disponible en: https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20190612/20190612104953/encuestacep_mayo2019.pdf
[68] Ipsos (2019): “Movilizaciones Sociales de Octubre 2019”, p. 13.
[69] Ipsos (2019): “Movilizaciones Sociales de Octubre 2019”, p. 15.
Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
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