Chile, derechos humanos y Leopoldo López

Señor director:

Leopoldo López, en prisión hace un año y 7 meses, fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de instigación pública, incendio intencional y asociación para delinquir, siendo considerado, por su llamado a protestar, autor intelectual de algunos hechos de violencia ocurridos a inicios de 2014.

En la acusación del Ministerio Público venezolano se decía que López, con su discurso, instigó “a sus seguidores a generar violencia en las calles y desconocer al gobierno nacional y a las instituciones del estado venezolano”.

Pero el delito de instigación, si fuera el caso, sólo existe si negamos el libre albedrío de las personas y creemos que algunos son simples ovejas incapaces de discernir ante las opiniones o arengas de otros. López, en ese sentido, es un preso político y no un “político preso”, como ha dicho Maduro. Para el régimen venezolano ya era culpable antes de ser sentenciado. Su verdadero delito fue tener una posición política opuesta al gobierno, y haber liderado protestas en su contra.

El caso de López denota la flagrante violación a los derechos humanos por parte del régimen chavista, mediante procesos judiciales viciados en contra de sus opositores. Esto, bajo criterios arbitrarios no ajustados a derecho y sin las mínimas garantías para asegurar un proceso imparcial.

Tal como declaró la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, “los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. Su único ‘crimen’ es ser líder de un partido opositor en Venezuela”.

Paradojalmente, mientras en Chile se recuerdan de diversas maneras los 42 años del quiebre democrático, muchos de los que hoy hablaron de derechos humanos son los mismos que consideran la revolución bolivariana fundada por Hugo Chávez un modelo ejemplar.

 

Rafael Rincón Urmeneta
Director Asuntos Internacionales

Jorge Gómez Arismendi
Director Investigación y Estudios
Fundación para el Progreso