La guerra contra la razón: Humanidades o Ciencia
¿Se ha preguntado por qué la Revolución Industrial ocurrió en Europa y no en China o en India o en […]
Fundación para el Progreso, Marzo 2020
Fundación para el Progreso, Marzo 2020
Autor: Mauricio Rojas
Con este Informe Especial se inicia la serie de publicaciones del Laboratorio de Análisis Político de la FPP dirigido por nuestro Senior Fellow, Mauricio Rojas. Su propósito es presentar el contexto general y las principales categorías de análisis que se usarán tanto en los informes mensuales de Análisis Político como en el boletín semanal de Hitos Políticos que producirá regularmente el Laboratorio.
Los temas abordados en este primer Informe Especial son:
Contexto internacional
Chile después del 18-O
Nuestro tiempo está marcado por los conflictos propios de una disputa por la hegemonía global entre la potencia declinante, Estados Unidos, y la emergente, China. En paridad de poder adquisitivo, el PIB de China superó al de Estados Unidos ya en 2014, y su peso en la economía global pasó de 7,6% en 2000 a 18,6% en 2018, mientras que el de Estados Unidos se contrajo de 21,1% a 15% entre esos mismos años. La disputa comercial y tecnológica es la más evidente, pero los aspectos político-militares y geoestratégicos se hacen cada vez más visibles, con un gran despliegue chino mediante la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como Nueva Ruta de la Seda, que ya involucra a unos 125 países con una inversión programada de más de 900 mil millones de dólares orientada, en lo fundamental, hacia las materias primas y la infraestructura. Por su parte, Estados Unidos responde profundizando su alianza estratégica con India, como lo ilustró la reciente visita de Donald Trump a ese país.
Estados Unidos enfrenta un año de elecciones presidenciales, lo que, con toda seguridad, conllevará un volcamiento hacia la política interna y un perfil más bajo y conciliador a nivel internacional. Su crecimiento económico ha sido alto en el contexto de las economías desarrolladas, pero tiende a desacelerarse respecto de nivel alcanzado en 2018 (2,9%, el más alto desde 2005), con un pronóstico (FMI, enero 2020) de 2% para 2020 y 1,7% en 2021. Sin embargo, la demanda interna y, en particular, el empleo muestran una gran fortaleza (la tasa de desempleo no ha superado el 4% desde abril de 2018 y actualmente se ubica en torno al 3,6%), augurando la probable reelección de Donald Trump.
China experimenta una trascendental reestructuración de su economía, con tasas de crecimiento anuales aún significativas (entre 6 y 7%), pero considerablemente menores que las históricas en torno al 10%, y un mayor peso relativo de la demanda interna y los servicios frente a las exportaciones (su peso se reduce de 36% del PIB en 2006 a menos del 20% en 2016-18) y el sector industrial (con niveles aún muy altos, entre 40 y 41% del PIB en 2016-18, pero siendo los menores registrados desde 1971 y más de 6 puntos porcentuales por debajo de los niveles alcanzados en 2005-11). Estos cambios tienen una importancia clave para la economía mundial, en especial para la demanda de insumos industriales como los minerales y los metales (China absorbe, por ejemplo, en torno a la mitad de las importaciones mundiales de cobre). Políticamente el país vive un claro endurecimiento, tanto interior como exterior, de su régimen bajo el liderazgo cada vez más personalizado de Xi Jinping. La impresionante demostración de fuerza militar en la celebración el 1 de octubre de 2019 del 70 aniversario de la fundación de la República Popular China no pasó inadvertida para nadie. Tampoco lo hacen sus esfuerzos por desarrollar lo que algunos han denominado “dictadura digital”, controlando férreamente el acceso y utilización de las tecnologías de la información.
Es en este contexto que se debe analizar el impacto previsible del coronavirus que, según el informe del 2 de marzo de la OCDE (Coronavirus: The World Economy at Risk), puede reducir el crecimiento de China a menos del 5% el 2020, cosa que no ocurría desde 1990. Esto podría, para compensar su debilidad momentánea, intensificar las demostraciones de poderío geoestratégico, así como la represión y el secretismo internos ante eventuales señales de descontento.
Cuatro potencias medianas intervienen también en diversos episodios internacionales significativos: Rusia, la Unión Europea, Irán e India. Rusia e Irán tienen gran peso como productores y exportadores de petróleo, gas y sus derivados. Sus regímenes son autoritarios, expansionistas y con gran peso militar (Rusia) o aspiraciones de tenerlo (Irán). La Unión Europea, aún conmocionada por el Brexit, es un área de considerable relevancia económica y cultural, pero de influencia global decreciente y economías muy poco dinámicas, mientras que lo contrario ocurre con la India, que en términos de crecimiento económico se mide con China, pero con una estructura mucho más dependiente de los servicios y una demografía más favorable.
A nivel global, el FMI pronosticó en enero (World Economic Outlook Update: Tentative Stabilization, Sluggish Recovery?) un crecimiento de 3,3-3,4% para 2020-21, lo que es algo inferior al pronóstico precedente pero mejor que el 2,9% alcanzado el 2019. El impulso fundamental de este crecimiento estaría dado las economías emergentes de Asia (5,8-5.9%), con África Subsahariana siguiéndolas (3,5% en 2020-21) y Latinoamérica muy rezagada (1,6-2,3%). A su vez, los países desarrollados mantienen un ritmo lento de crecimiento (1,6%), condicionado por el bajo dinamismo de la zona Euro (1,3-1,4%) y Japón (0,7-0,5%).
Este pronóstico recibió una fuerte corrección a la baja para el 2020 en el reciente informe ya mencionado de la OCDE, en el que se avalúa el impacto global del coronavirus. En un escenario relativamente optimista (suponiendo “que la epidemia alcance su punto más alto en China durante el primer trimestre de 2020 y los brotes en otros países sean suaves y contenidos”), el crecimiento mundial se reduciría a 2,4%. En un escenario pesimista (“A domino scenario: broader contagion”), el crecimiento global se reduciría a la mitad de lo anteriormente pronosticado por la OCDE (2,9%) reflejando así de manera palpable “el rol clave y creciente que tiene China en las cadenas globales de abastecimientos, los viajes y los mercados de commodities”.
Desde el fin del boom de las commodities, a inicios del decenio recién pasado, América Latina entró en una fase de serias dificultades económicas y creciente inestabilidad social y política. De esta manera, se pusieron una vez más de manifiesto las conocidas debilidades estructurales de la región, tanto en lo económico (alta dependencia de las exportaciones primarias, baja sofisticación de sus economías y niveles deficientes de inversión y formación de capital humano) como en lo social e institucional. En años recientes se ha llegado incluso a experimentar un reiterado decrecimiento del PIB per cápita a nivel regional, que ha sido especialmente sensible en América del Sur debido al colapso venezolano y las dificultades de las grandes economías de la zona (Brasil y Argentina; con un pronóstico de la OCDE de -2% para Argentina en 2020, cerrando así su tercer año de retroceso con una caída acumulada del PIB per cápita cercana al 10%). Con ello se ha acentuado el significativo rezago latinoamericano respecto del dinamismo de las economías emergentes de otras regiones.
Una de las consecuencias más importantes de este desempeño económico insatisfactorio ha sido el incremento de los niveles regionales de pobreza a partir de 2015 (de 27,8 a 30,8% entre 2014 y 2019) y en especial de la pobreza extrema (que aumentó de 7,8 a 11,5% entre esos años), según datos de el informe Panorama Social de América Latina 2019, Cepal. En términos absolutos, la Cepal estima que a 2019 la cantidad de pobres extremos habría aumentado en 26 millones tomando el año 2014 como base de comparación. Otro componente esencial de las sociedades latinoamericanas actuales, es que las clases medias emergentes, han visto su reciente progreso económico y social amenazado, convirtiéndose en un actor de primera importancia en las movilizaciones sociales que han conmocionado diversos países de la región. Esta fragilidad de las nuevas clases medias ha sido también señalada como un elemento central de la actual crisis chilena.
Esta evolución económico-social es clave para entender el debilitamiento o caída, a mediados de la década recién pasada, de una serie de regímenes populistas de izquierda, pero la misma ha impactado y seguirá impactando con fuerza a gobernantes de otras orientaciones políticas, abriéndole paso a situaciones de gran inestabilidad, como en Perú, Bolivia y Ecuador, así como al surgimiento de nuevos líderes populistas de diversa índole, tal como hemos visto recientemente en Argentina, Brasil, México y El Salvador. A su vez, el deterioro institucional y el avance de la corrupción y las mafias criminales han sido evidentes. Estas circunstancias determinan en gran medida el derrotero actual de América Latina, generando una demanda cada vez más sentida de orden y represión de los elementos delictivos. No se trata ya de un conflicto entre izquierda y derecha, sino de algo mucho más simple y vital: establecer los fundamentos más elementales de una vida en paz.
En el contexto de este panorama altamente inestable y convulsionado, el estallido social-asocial chileno ha tenido un gran impacto: el país estrella de la región, que por sus avances, solidez institucional y estabilidad era un ejemplo a seguir para muchos, de manera totalmente inesperada se ha hundido en una vorágine de protestas y violencia vandálica con pocos paralelos. Ello le ha dado un respiro ideológico al alicaído régimen venezolano, así como a las organizaciones coordinadoras del castro-chavismo a nivel regional, como el Foro de Sao Paulo, y a otros frentes de la izquierda latinoamericana, como el recientemente formado Grupo de Puebla.
Desde el 18 de octubre (18-O) la situación política nacional ha estado determinada por la confluencia de grandes protestas de corte social con el accionar de un gran número de actores antisistema que buscan desestabilizar al país por distintos medios, incluyendo en muchos casos el uso de la violencia, y que forman lo que denominaremos “polo insurreccional”.
Las protestas sociales tienen su origen en un descontento difuso que en gran medida refleja, como Enrique Correa señaló en un informe reciente titulado La situación chilena: Coyuntura y escenarios (17/2/2020), la precariedad, potenciada por los insuficientes rendimientos económicos de los últimos años, de los sectores más vulnerables de las clases medias emergentes: “El origen de la crisis es el desplome económico del sector más vulnerable de la clase media, la capa inferior del C3. Son los recién llegados de la clase media con la pobreza a la vuelta de la esquina. Satisfechos con su progreso al salir de la pobreza y con miedo, a veces con pánico, ante el peligro de retornar a ser pobres. Por varios años, los estudios y las encuestas mostraron a este sector con una ambivalencia de sentimientos: esperanza y miedo. Esperanza en el ascenso social y miedo a volver a la pobreza originaria.”
La gran brecha existente entre las aspiraciones y expectativas de las nuevas clases medias y su estrechez y vulnerabilidad cotidianas sería así el motor de su creciente frustración e impaciencia, a lo que se suma una demanda de “trato justo”, dignidad y fin de los abusos.
Junto a ello, y de importancia capital para comprender el accionar y capacidad de movilización de los sectores más radicales y violentos, está la presencia de amplios sectores juveniles con altos grados de exclusión, fracaso escolar, frustración, desarraigo y deterioro valórico, constituidos por parte significativa de los así llamados “ni-ni” y otros sectores socializados en culturas barriales con niveles importantes de violencia y alegalidad. Se trata de jóvenes que, a juicio del investigador de la UDD José de la Cruz Garrido, “ya no tienen nada que perder, y mucho menos que ganar”. El mismo académico nos entrega el siguiente panorama tentativo para Santiago que, a no dudarlo, se reproduce con otras magnitudes en regiones: “Considerando el tipo de deserción, ausentismo crónico y que son alrededor de 400 puntos en Santiago los que están bajo el narcotráfico, podríamos estar estimando entre 150.000 hasta 320.000 los menores que podrían ser capital humano para cualquier práctica que implique la comisión de delitos” (El Líbero, 1/12/2019).
El hecho sin duda más disruptivo y de importancia clave para el futuro del país ha sido la ofensiva prácticamente ininterrumpida del polo insurreccional, frente a la cual el Gobierno y las instituciones del Estado han mostrado una notoria insuficiencia, siendo incapaces de mantener la vigencia del Estado de derecho y cediendo, de hecho, el control de partes del territorio nacional al poder de diversos grupos violentistas y criminales. La oposición, por su lado, ha sido no sólo ambigua en su condena al accionar de estas fuerzas violentistas, sino que, incluso, lo ha aprovechado oportunistamente para presionar al Gobierno. Estamos, en suma, ante una profunda crisis política e institucional sin paralelos desde 1973 que ha impactado fuertemente tanto la marcha de la economía como de la vida social y política.
Por su parte, los pronósticos económicos son poco alentadores, como cabía esperar a consecuencia del shock de incertidumbre y temor generado a partir del 18-O y que se prolongará debido a la persistencia de la violencia y la incerteza constitucional. El resultado ha sido una fuerte caída de la perspectiva de crecimiento (en torno al 1,3% para 2020 según la estimación del ministerio de Hacienda, pero incluso menor al 1% según, entre otros, el banco de inversión JP Morgan), un retroceso de la inversión y su consiguiente impacto negativo sobre el empleo y los salarios (ya golpeados previamente por el significativo incremento de la oferta laboral que implicó la gran inmigración de los años recientes), en particular de los sectores más vulnerables. Incluso se puede prever un aumento de la pobreza, cosa que no había ocurrido en más de 30 años. A su vez, el precio del cobre, afectado directamente por la ralentización de la economía china y la inestabilidad general del escenario internacional, se situará, con toda seguridad, por debajo de la estimación de US$ 2,85 la libra para 2020 que realizó Cochilco a fines de enero.
Este desarrollo tan poco favorable provocará una importante estrechez fiscal que contrastará con la expansión proyectada del gasto público (en torno al 10% en 2020), con un déficit en las cuentas fiscales que este año estaría llegando a cerca del 4,5% del PIB y una deuda pública que superará el 30% del PIB y que, según las estimaciones del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, alcanzaría al 38% en 2024, lo que implica un aumento de más de 10 puntos porcentuales respecto de la situación pre 18-O.
La consecuencia políticamente más importante de este escenario económico complejo será, con toda probabilidad, un incremento generalizado de la frustración y el descontento que dinamizará las protestas y las demandas de mayores compromisos fiscales redistributivos.
Finalmente, es menester constatar el altísimo nivel de desprestigio y desaprobación a que han llegado las instituciones en general y aquellas que forman el entramado político de la democracia en particular. La clase política en su conjunto está en una situación crítica y así lo hacen el Presidente, el Congreso, los partidos políticos y los personajes políticos más relevantes (a excepción de Joaquín Lavín que según Cadem sería el único político con mayor aprobación que desaprobación).
Este conjunto de circunstancias pone a Chile ante una perspectiva que augura: (1) la persistencia de la inestabilidad y fuertes brotes intermitentes de violencia, y (2) un escenario altamente propicio para el surgimiento de liderazgos populistas ya que confluyen las dos condiciones fundamentales de una “situación prepopulista” (Ernesto Laclau): amplio descontento social y vacío de representación o canalización política del mismo.
Tres conflictos han reordenado la agenda política nacional a partir del estallido social-asocial iniciado el 18-O. Su presencia e interrelación seguirán siendo decisivas durante al menos los dos años venideros.
El primero, y el más determinante, es el quebrantamiento violento y reiterado del orden público y las falencias de las instituciones del Estado para mantenerlo. Nada indica por el momento que el orden pueda ser restablecido de manera efectiva. Por el contrario, los éxitos conseguidos por diversos grupos criminales y violentistas han, con toda seguridad, fortalecido su presencia territorial, su prestigio, su capacidad de reclutamiento y sus recursos materiales. Una lucha frontal contra los organizadores de la violencia requeriría de cambios profundos en la actuación y control de un aparato policial hoy fuertemente cuestionado, así como, sobre todo, un amplio respaldo político del que carece el Gobierno actual, enfrentado a una oposición que parece más dispuesta a acosarlo que a sumar sus fuerzas a esta tarea y a una opinión pública no sólo nada favorable, sino incluso proclive a aceptar diversas conductas violentas en un grado sorprendentemente alto (así, por dar un ejemplo, según la última encuesta CEP el 42% de los jóvenes entre 18 y 30 años con educación superior respondió “siempre”, “casi siempre” o “a veces” a la pregunta: “¿Con qué frecuencia Ud. justificaría participar de barricadas o destrozos como forma de protesta?”).
El segundo conflicto es el constitucional, con sus diversas aristas y etapas, su dinámica polarizante y las fuertes tensiones que provoca, en especial dentro de la centroderecha. Tanto el resultado del plebiscito de abril como una eventual Convención Constituyente estarán condicionados de manera decisiva por el desarrollo del conflicto anterior entre orden y violencia. Si se reactiva y mantiene la actividad violentista a un alto nivel aumentará el peso de la opción Rechazo en el plebiscito y, a su vez, las fuerzas del polo insurreccional tenderán a usar su fuerza disruptiva para determinar el curso tanto las elecciones como, en especial, de una eventual Convención. Junto a ello, está el riesgo de que parte significativa de la izquierda se juegue, con el apoyo de “la calle” y los violentistas, por la “trampa constituyente” propuesta, entre otros, por Fernando Atria y Guido Girardi, es decir, burlar la exigencia de los 2/3 dejando fuera de la Constitución derechos, resguardos e instituciones fundamentales para luego regularlos por mayoría simple. También se experimentará una fuerte presión de parte del polo insurreccional para impulsar, como lo propuso Luis Mesina, la transformación de la Convención en una Asamblea Constituyente de poder ilimitado. El resultado de todo ello sería un país aún más desunido, así como una falta de legitimidad de los resultados de una Convención dominada por el espíritu confrontativo y el asedio de las fuerzas radicales.
Finalmente, los dos conflictos anteriores estarán estrechamente condicionados por una tercera arena de conflictos relacionados con las demandas sociales y, como ya hemos visto, la escasa capacidad de la economía para satisfacerlas. Al respecto, se avizoran años de frustraciones y movilizaciones incrementadas que jugarán un rol clave en lo referente tanto al orden público como al debate constitucional. Esta misma situación presionará al Gobierno a realizar una política de gasto redistributivo aún más expansiva, aumentando en este caso el déficit fiscal y pudiendo llegar a poner en riesgo nuestra estabilidad macroeconómica.
El surgimiento del polo insurreccional ha sido el hecho determinante de la situación política a partir del 18-O. Su extensión va desde el Partido Comunista y otros partidos y movimientos de la izquierda radical, incluyendo un fuerte y novedoso componente anarquista así como remanentes trotskistas y al feminismo militante, hasta las barras bravas y las bandas criminales asociadas a la delincuencia barrial y el microtráfico de drogas, que han asumido un rol protagónico como organizadoras locales de las acciones más violentas, como los cientos de ataques a cuarteles de Carabineros, los saqueos y los incendios.
Entre sus componentes centrales se encuentran también diversas organizaciones sociales con directivas radicalizadas, como muchas de las reunidas en la Mesa de Unidad Social y otras enraizadas en el mundo estudiantil como la ACES o la Confech. A ello se le suma un despliegue informático de importancia vital en redes sociales, donde destacan, entre otros, Piensa Prensa, ChileOkulto, Gamba, El Desconcierto, Archivando Chile, No Nos Callarán y Chile Despierta, junto a actores internacionales como los canales de televisión Russia Today (RT) y TeleSur de Venezuela. También cabe mencionar redes como Anarquismo, AnArquismo y Anarquismo en PDF.
Lo central en este contexto es comprender que no estamos frente a un movimiento cohesionado, sino a una multitud de “tribus antisistema” que confluyen y se apoyan mutuamente, sin por ello estar orgánicamente coordinadas ni ideológicamente unificadas, en el ataque a la institucionalidad usando una gran diversidad de medios, que van desde la promoción o apoyo de acusaciones contra distintas autoridades en el Congreso hasta la infiltración de las grandes manifestaciones pacíficas de descontento ciudadano, la guerrilla urbana, la ocupación y destrucción vandálica de espacios públicos, el saqueo, los atentados incendiarios de carácter terrorista y los ataques contra Carabineros.
La movilización y sincronización de este accionar tiene una morfología dispersa e inestable, propia de las redes sociales y una insurgencia con niveles considerables de espontaneidad, lo que hace muy difícil tanto la comprensión del fenómeno como su contención. Sin embargo, lo más significativo es la diversidad de objetivos estratégicos que se esconde detrás de su confluencia táctica. A grandes rasgos podemos distinguir dos grandes objetivos muy distintos: por una parte, tomarse el poder estatal, por la otra, debilitarlo hasta hacerlo impotente.
Entre los sectores más políticos, es decir, el partido comunista, sus periferias frenteamplistas y grupos de raigambre trotskista, la orientación es claramente hacia la conquista del poder estatal mediante el derrocamiento de los gobernantes actuales, lo que se concreta en la demanda de renuncia del Presidente y los llamados, cada vez más abiertos, al levantamiento insurreccional, como el recientemente realizado por el alcalde comunista Daniel Jadue.
Muy distinto es el propósito de los grupos de orientación anarquista, cuyo antiestatismo es su componente ideológico central (así como su odio a la religiosidad que deriva en la profanación y quema de iglesias, con sus ejemplos clásicos de la España anterior a la guerra civil y sus tristes réplicas chilenas), pero también el de las organizaciones criminales cuyo objetivo fundamental es el debilitamiento del Estado y, en particular, de sus fuerzas policiales a fin de poder controlar y ampliar con plena libertad sus territorios por medio de sus propios aparatos de fuerza.
En todo caso, si bien su articulación es inestable hoy confluyen todos estos actores diversos y se usan mutuamente, tal como también los usa como elemento de presión sobre el Gobierno la parte más oportunista de la izquierda exconcertacionista que de esta forma está jugando con un fuego letal que fácilmente puede hacerse incontrolable y del cual, dado el caso, difícilmente se libraría.
La situación del Gobierno y en especial del Presidente se caracteriza por su gran debilidad. Su apoyo ciudadano es mínimo y la coalición que lo sostiene, Chile Vamos, está profundamente tensionada internamente y presionada por su flanco derecho por el Partido Republicano de José Antonio Kast. A su vez, su margen de maniobra parlamentaria es acotado y los puentes tendidos hacia la oposición más moderada son frágiles e inestables, a pesar de haber renunciado a una serie de propuestas centrales del Programa de Gobierno y haber lanzado un importante paquete redistributivo que elevará significativamente el gasto fiscal y, en perspectiva, la presión tributaria. Por su parte, el orden público no se ha restablecido en plenitud y todo indica que las cosas empeorarán sensiblemente en la medida en que nos acerquemos al plebiscito del 26 de abril. Este es el punto decisivo para la sostenibilidad del Gobierno tal como hoy lo conocemos: Una vuelta a la vorágine de violencia de los meses de octubre-noviembre nos abocaría a una situación totalmente imprevisible, fuera de hacer inviable o restarle toda legitimidad al plebiscito.
La principal apuesta del Gobierno en el Congreso se centra en tres iniciativas:
(1) Creación del ingreso mínimo garantizado, que permitiría que ningún trabajador de jornada completa gane menos de $360.200 bruto a través de un subsidio financiado por el Estado que asciende a $59.200 para quienes ganen el sueldo mínimo, es decir, $301.000. Además, el beneficio se extiende decrecientemente a aquellos que ganan hasta $384.363.
(2) Reforma de las pensiones, con un incremento del 6% de las cotizaciones con cargo al empleador, del que la mitad se destinará a redistribución y la otra mitad al ahorro personal. Este 6% adicional será administrado por el Estado mediante el Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS).
(3) Reforma constitucional que busca que las FF.AA. puedan resguardar la infraestructura crítica sin que se decrete estado de excepción. La iniciativa establece que en “caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación”, el Presidente estará facultado “para declarar un estado de alerta destinado al resguardo de la infraestructura crítica”.
Por su lado, la oposición no ha capitalizado en absoluto los réditos del debilitamiento del Gobierno, sino por el contrario, mostrando una gran fragmentación y una pérdida muy sensible de apoyo ciudadano y de militantes. Su flanco más moderado ha lanzado una ofensiva para acoger el llamado del Presidente a realizar un gran acuerdo nacional en torno a la restauración del orden público, combinado con la agenda social y la reactivación de la economía. Su flanco izquierdo, en especial los sectores más duros del polo insurreccional, la presionan y acosan a través de funas y diversas agresiones, que incluso han afectado al frenteamplismo que suscribió el Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Los partidos de la ex Concertación se encuentran así en una constante disyuntiva irresuelta: distanciarse y condenar con absoluta claridad a los sectores insurreccionales (incluido el PC y sus aliados parlamentarios), y pagar el alto precio que ello conllevaría en términos electorales, o seguir aliándose con sus expresiones parlamentarias y manteniendo una ambigüedad oportunista respecto del accionar de sus sectores extraparlamentarios, tensionando de esta manera su propia cohesión interna.
A partir del análisis anterior podemos esbozar un escenario base de corto y mediano plazo cuyos rasgos centrales son los siguientes:
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Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
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