La aprobación del proyecto de ley que limita la reelección de nuestros congresistas tiene una pata coja. Al no determinar expresamente la retroactividad y descansar en el principio “in actum”, dejó varios clavos sueltos. En ese sentido, lo más probable que ocurra tras la pésima técnica legislativa, es que se termine judicializando algo que debió ser resuelto en sede política. Veremos una danza de nombres reclamar ante el procedimiento administrativo del Servel y luego trasladándose a sede judicial del Tricel o inclusive recursos de protección.
Los jueces no son un poder de elección popular, existiendo razones fundadas para ello, por lo que judicializar cuestiones que son competencia de autoridades que responden a sus electores, terminará por solo generar un declive mayor de nuestra democracia. Para qué hacer las cosas bien, si las podemos hacer mal.
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