«Esta reforma cuidará principios que sabemos son valiosos para ti y tu familia», precisó el presidente Boric desde La Moneda, la noche del miércoles 2 de noviembre, al anunciar su propuesta de reforma previsional. Enfatizó en que, para despejar «cualquier fantasma o noticia falsa», los ahorros previsionales en las cuentas individuales mantendrían la propiedad individual, podrían heredarse y no serían jamás expropiados. Y añadió que el sistema entregaría «libertad para elegir quién invertirá tus fondos de pensiones».
Cuatro días después del discurso, la encuesta Plaza Pública de la empresa Cadem puso en números esos principios que el presidente aseguró conocer y prometió mantener. Para el 6 de noviembre, el 61% de los chilenos manifestó preferir que el 6% extra de cotizaciones vaya directamente a la cuenta personal del trabajador, su nivel más alto desde 2019. Solo el 29% consideró que una parte debería ir a un fondo común solidario.
El principio apoyado de manera más abrumadora es la heredabilidad de los fondos. Para el 91% de los encuestados las cotizaciones deben ser heredables a la pareja o hijos. Sobre cómo financiar un fondo común solidario, 63% opina que debiera hacerse con más aportes estatales que vengan desde los impuestos que pagan todos los chilenos. Además, el 70% está de acuerdo con la creación de una AFP estatal que compita con las actuales, y que exista libertad de elección.
Una semana después, algunos de estos números tuvieron variaciones significativas en la misma encuesta Cadem: la cantidad de personas que quiere que el 6% vaya a su cuenta personal bajó en 8 puntos, pero sigue manteniéndose como el grupo mayoritario, con un 53%. Los chilenos que consideran que una parte debería ir a la cuenta personal del trabajador y otra parte a un fondo común solidario subió un 6%, llegando así al 35%.
Por el contrario, la posibilidad de elegir quién administra los fondos de pensiones, subió 8 puntos en las preferencias de los chilenos, para alcanzar un 78%. El porcentaje de personas que considera que las cotizaciones deben ser heredables a la pareja o hijos sigue siendo el indicador con más apoyo, con un 89%, tan solo 2 puntos menos que en la medición del 6 de noviembre.
Desde La Moneda se ha insistido en que los aportes provenientes del nuevo 6% van a quedar registrados en cuentas personales de cada trabajador. Así como lo hizo el presidente Boric, quien indicó que «cada cotizante podrá ver este aporte en su cartola mensual de manera clara y transparente»; también lo manifestó la ministra del Trabajo, Janeth Jara, quien enfatizó en que al menos el 70% de los nuevos montos de cotización irán a una cuenta personal de cada afiliado y que el restante 30% «será una cuota que, sumado todos los cotizantes, sea pareja para cada uno de nosotros».
Sin embargo, estas promesas, para algunos expertos, no se sostienen en el articulado de la propuesta. Enfatizando en su artículo primero, donde se expone la creación de dos nuevos entes estatales: El Administrador Previsional Autónomo y el Inversor de Pensiones Público y Autónomo, este último siendo el encargado de la administración, de manera exclusiva, del Seguro Social, al que se destinarán los aportes del 6% que haga el empleador. Los Inversores de Pensiones Privados solo podrían disponer de la administración del componente de capitalización individual.
El derecho de propiedad sobre los fondos es el primero en ponerse en duda con esta propuesta, según Bastián Romero, economista e investigador de la FPP. Precisa en que la cuenta personal de la que habla el presidente no se regirá bajo los mismos criterios de las cuentas individuales del sistema actual. Advertencia que encuentra sustento en el artículo 6 de la propuesta que expresa que el nuevo 6% de cotización será anotado en la cuenta intrageneracional del Seguro Social de la persona trabajadora y abonada íntegramente en el Fondo Integrado de Pensiones.
El investigador advierte que así, durante el tiempo que un trabajador esté cotizando, el Gobierno de turno podrá dar cualquier uso a ese dinero con la promesa de que, cuando el trabajador jubile, parte de su pensión vendrá de una rentabilidad ficticia en función de las cotizaciones registradas. «Este problema se evitaría por completo si es que la totalidad de la cotización del trabajador fuese a una cuenta de capitalización individual como las que gestionan actualmente las AFP», recomienda.
Para Fernando Claro, director ejecutivo de la FPP, también es falso que este nuevo 6% estará sujeto al derecho de propiedad. Advierte que el Gobierno podrá cambiar en cualquier momento la cartola en función de diferentes parámetros y nadie podrá reclamar expropiación, lo que sería ideal y «la implicancia lógica de acción en el caso de existir un derecho de propiedad sobre los fondos», precisa.
Esta nueva institucionalidad, para Marcelo González, economista y jefe regional de Oficina Valparaíso, también vulnera la libertad de elección. Aclara que el Gobierno, atendiendo el clima político y las diversas encuestas, ha apostado por no tocar el 10% de cotizaciones actuales, pero «no ha querido entender que la ciudadanía quiere tener el derecho pleno a elegir». «No solo no podremos elegir dónde poner nuestros recursos, sino que no tendremos posibilidad de elegir quién los administra. Perdiendo con aquello, posibilidad de mejorar nuestros beneficios», enfatiza.
La heredabilidad de los fondos de pensiones, principio propio de los modelos previsionales de capitalización individual, también parece peligrar, pese a la promesa presidencial. Romero explica que efectivamente en la reforma la heredabilidad de los fondos previsionales está garantizada para el componente de cotización que iría a una cuenta individual. Incluso indica que se expanden las opciones de heredabilidad al hacer posible que las rentas vitalicias también sean heredables pero advierte que la «letra chica» de la propuesta está en el componente de cotización previsional que no iría a una cuenta personal, sino a un fondo común.
Según el artículo 66 de la actual ley de pensiones «el saldo remanente en la cuenta de capitalización individual del afiliado incrementará la masa de bienes del difunto» y, dado que, en la actualidad, el total de la cotización previsional va a una cuenta individual, el total de lo que un trabajador cotiza y rentabiliza es sujeto a pensión de sobrevivencia o herencia. Sin embargo, con la reforma, habría un porcentaje de cotización obligatoria —el destinado a reparto— que no quedaría registrado en una cuenta individual, por lo que no formaría parte de la masa de bienes del difunto. «Este porcentaje, que podría parecer insignificante, es una cifra importante si consideramos la suma de todas las cotizaciones que un trabajador hace durante su vida laboral y lo que pudo haber rentado de ellas habiendo invertido en el mercado de capitales», sentencia Romero.
Claro es aún más escéptico con lo que el Gobierno propone sobre heredabilidad. Explica que ninguna de las partes del nuevo porcentaje de cotización podría heredarse. “Este no está afecto a propiedad, es un mero cálculo en un papel que no existe ni las personas pueden reclamar derecho a él, no creo que se pueda ir a una demanda por propiedad si por ejemplo cambian la fórmula”, precisa.
Pese a que la propuesta de La Moneda pareciera haber cedido en ciertos elementos programáticos, como el mantenimiento del componente de capitalización individual para el 10% de cotización actual, Marcelo González advierte que, aun así, esta propuesta está signada por un componente ideológico. Indica que el Gobierno no ha perdido su pretensión, a pesar de la rotunda derrota que tuvieron en el proceso constitucional, de redefinir el rol del Estado y de los privados. «Es llamativo que el ministro Marcel señale que es tiempo que se ponga el foco en las pensiones y dejemos “las ideologías de lado”, pero al mismo tiempo presenten un proyecto de reforma cargado de ideología, donde buscan redefinir el rol del sector privado en un diagnóstico errado centrado en que las administradoras actuales son las grandes responsables de las bajas pensiones y de los males del sistema», explica.
Dentro de las lógicas de redefinición, la propuesta también parece intentar cambiar las reglas del mundo financiero. En su descripción de la Nueva Institucionalidad se lee que «el principal mandato del Inversor de Pensiones Público y Autónomo será la maximización de las pensiones dentro de niveles tolerables de riesgo». Para González esta máxima parece algo voluntarista. «No dudo de las buenas intenciones del Gobierno, sin embargo, un axioma que deberían tener claro es que “a mayor riesgo, mayor rentabilidad” y, por tanto, una menor propensión al riesgo conllevará a menor rentabilidad», explica. Para reafirmar su argumento, usa como ejemplo el caso de los actuales fondos disponibles en el sistema. Explica que mientras que la rentabilidad promedio anual del fondo A (el más riesgoso) desde septiembre del 2002 a octubre del 2022 ha sido 5,30%, el fondo E (menos riesgoso) ha rentado 3,72% en el mismo periodo.
Otro factor que afectaría la rentabilidad de los fondos, dejando la promesa del Gobierno solo en buenos propósitos, es la falta de competencia que existirá en la administración de este nuevo porcentaje de cotización. «Hay evidencia empírica abundante que demuestra que en estructuras de mercado donde existe uno o pocos oferentes, los beneficios generados son menores que en estructuras más competitivas», expone González.
Al igual que el 63% de chilenos, Fernando Claro opina que para mejorar los ingresos de las personas que ya están pensionadas el camino a tomar es hacer uso de los impuestos generales que pagan todos los chilenos y todas las empresas cada año. González apunta en la misma dirección y precisa en que la idea de aumentar la Pensión Garantizada Universal bajo esta fórmula fue un buen paso. «Además, esto es menos regresivo que un sistema de reparto, pues las personas que más tienen aportan más», comenta.
Indica el jefe de Oficina Regional Valparaíso que otra alternativa que podría garantizar una mejora en la calidad de vida de los pensionados es el apoyo a través de transferencias no monetarias, por ejemplo, a través de entrega de medicamentos. Son muchas las posibilidades de mejora, pero el respeto a la propiedad privada, la competencia, la libre elección no son causas de las bajas pensiones y atacar estos pilares solo genera una distorsión en los incentivos que en el largo plazo puede llevarnos a peores pensiones, aún con las mejores intenciones.
Redacción: Manuel Roa, jefe de Comunicaciones FPP
Gráficas: Amanda Ruminot, diseñadora FPP
«La libertad no se pierde por
quienes se esmeran en atacarla, sino por quienes
no son capaces de defenderla»
