Hacia un Manifiesto por las Libertades IV

Después de la embriaguez del Socialismo del Siglo XXI que afectó a varios países de la región durante algunos años y de los visibles duros efectos de la resaca en Venezuela, algunas naciones comienzan la etapa de abstinencia demagógica, adoptando políticas más responsables en favor de lo que podríamos llamar “el retorno al largo camino al desarrollo”. Sin embargo, Chile podría estancarse en ese escenario, mientras países como Perú no sólo siguen creciendo, sino que podrían posicionarse mucho mejor en la región frente a un embate de carácter global.

Mientras Chile aún se vanagloria por la prensa de que miles de argentinos vengan cada semana a comprar bienes al por mayor ―obviando que eso se explica en gran medida por la mayor apertura de la economía chilena en comparación con una, por años, intervenida y populista economía argentina―, los discursos políticos chilenos parecen apuntar en favor de mayores intervenciones, más burocracia y la panacea de la estatización. En otras palabras, Chile se debate entre la borrachera socialista o la borrachera antisocialista, mientras el mundo avanza vertiginosa y efectivamente hacia el siglo XXI.

¿Cuál debería ser la agenda liberal en favor del desarrollo? Más importante, ¿cuál debería ser la agenda en favor de un desarrollo fundado en amplias libertades?

Creo que deberían ser tres ejes esenciales: Apuntar hacia la descentralización en todo sentido; impulsar el desarrollo tecnológico y el capital humano; y promover la innovación institucional en diversos ámbitos.

Mientras mantengamos los actuales niveles de centralismo y dependencia de las regiones no vamos a alcanzar jamás el desarrollo. Romper con el centralismo no se producirá por el hecho de elegir intendentes ni por convertir provincias en regiones pequeñas, como se pretende con Ñuble. En ambos casos se sigue dependiendo del beneplácito del poder central, en términos presupuestarios y en cuanto a decisiones. Para descentralizar en serio, deberíamos tener menos regiones, que además fueran más independientes en términos políticos, presupuestarios e inclusive tributarios. Cada región debería poder establecer sus criterios tributarios, inclusive electorales para elegir sus autoridades y representantes. Esto permitiría a cada una enfocar sus formas de desarrollo, atraer inversiones según sus ventajas comparativas en cuanto a recursos y condiciones institucionales, pero además, en cuanto a potenciar a sus habitantes.

Este proceso tampoco sería mágico. Para que efectivamente los mayores niveles de descentralización tengan efectos se requiere invertir en desarrollo en conocimiento, tecnología e innovación, y por tanto, en capital humano y social para las regiones. Esa inversión no debe ser estatal exclusivamente, como erróneamente se presume, sino que debe venir de incentivos institucionales que propicien acuerdos entre entidades estatales y privadas, nacionales y extranjeras. Es decir, que las regiones puedan atraer inversión extranjera sobre la base de sus propias ventajas comparativas.

El cambio tecnológico está generando transformaciones importantes en los modelos de negocios a nivel mundial sin límites fronterizos, tanto en las formas de consumo como en las formas de trabajo. Uber, Airbnb, Spotify y otras plataformas son los ejemplos más visibles de aquellos cambios en las formas de producción. De seguro luego vendrán otras innovaciones que pondrán en jaque a los aparatos legales e institucionales en diversos rubros o áreas, como la salud digital, la inteligencia artificial, la expansión de la impresión 3D y la automatización productiva, por ejemplo.

"hay que dejar de ver con desconfianza la inversión privada en investigación bajo sesgos estatizantes."

¿Estamos discutiendo acerca de cómo preparamos a nuestras futuras generaciones para enfrentar estos cambios en el pleno siglo XXI? ¿Estamos discutiendo sobre las nuevas formas de educación que ya se están desarrollando para generaciones que manejan tablets y navegan en internet antes de saber leer y escribir? ¿Será el modelo de universidad actual, con sus títulos nobiliarios y su compulsión por los papers, el que prime a mediados del siglo XXI en la era digital tardía?

En Chile aún discutimos sobre educación bajo los parámetros del siglo XIX, pensando en pizarrones, con programas homogéneos de aprendizaje y bajo lógicas de línea de producción separadas en relación al conocimiento y la producción empresarial. Universidades y empresas privadas son mundos distantes donde cualquier confluencia entre ambos es vista con sospecha como una especie de incesto intelectual o ético. Es tan arcaica la visión, que los académicos son vistos como sacerdotes ―en sus torres de marfil― que no pueden mezclarse con el frívolo “egoísmo” del mundo empresarial. Ni pensar en millonarios financiando centros de investigación científica, pues la sospecha de esconder intereses espurios caería sobre sus científicos, por parte de los santos patronos del saber inmaculado que creen que sólo el Estado, cual iglesia, garantiza la pureza científica. Y luego nos preguntamos porque no hay inversión privada en investigación y desarrollo científico.

Así, no es raro que los grados académicos y títulos profesionales, tan ligados con el viejo afán de los antiguos gremios medievales de tener sus propios linajes aristocráticos, efectivamente se hayan convertido en meros títulos nobiliarios. Mientras tanto, el conocimiento, gracias a internet, se está liberando de esas estructuras cerradas y elitistas de viejo cuño estamental. O mejor dicho, Internet está permitiendo la coordinación espontánea del conocimiento disperso que no es solo lo sabido y aceptado, sino lo que se puede descubrir o crear. Es decir, se potencia la llamada función empresarial basada en el alertness, la alerta ante los cambios y necesidades. Y eso genera nuevos desafíos que aún no podemos visualizar sobre el uso de la información en relación a la producción de bienes y servicios. Ni los académicos ni los legisladores pueden adelantarse a la innovación tecnológica que aquello propicia.

Si realmente no queremos quedar en el estancamiento de una sociedad que no se adaptó a una nueva fase de cambio revolucionario a nivel técnico, debemos comenzar a adaptar nuestras formas de generar y utilizar el conocimiento. Se deben respaldar acuerdos entre los diversos niveles educativos y las diversas empresas y áreas productivas. Es decir, hay que dejar de ver con desconfianza la inversión privada en investigación bajo sesgos estatizantes. La innovación productiva debe ir de la mano de la investigación. Por ejemplo, no podemos seguir creyendo que el cobre es la base de nuestra matriz económica cuando el litio comienza a ser utilizado en diversas áreas de la tecnología con una demanda creciente. Solo piense en las baterías de todos los aparatos móviles. Los autos electrónicos ya están en ciernes también. Pero para aprovechar esa ventaja comparativa, hay que pensar en innovaciones institucionales que permitan aprovechar el conocimiento de la empresa privada en la utilización del recurso llamado litio, tal como lo hacen países como Australia.

La innovación tecnológica y el desarrollo productivo con alto valor agregado dependen del capital social y humano que podamos ir promoviendo no solo desde la academia, sino desde la empresa misma. La idea es hacer confluir dimensiones que permitan adaptar los parámetros educativos al cambio tecnológico, permitiendo que las personas puedan innovar de manera constante a nivel empresarial y productivo. El desafío también está abierto para los gobernantes y las estructuras institucionales en ese sentido, puesto que generar confianzas entre el ámbito estatal y privado es esencial para propiciar medidas en favor del desarrollo en todo sentido, no solo en cuanto a mantener ciertos niveles de crecimiento, sino también para descentralizar ese crecimiento, pudiendo así garantizar estándares mínimos de vida para todos.

Eso implica pensar, por ejemplo, en cómo logramos hacer de la migración un elemento a favor de nuestras ventajas comparativas. Eso exige pensar sobre todo en las generaciones de chilenos que son o serán hijos de migrantes, y por tanto en sus padres. ¿Cómo evitamos futuros guetos de chilenos descendientes de migrantes? ¿Está nuestro sistema educativo adaptado para aquello? Esto está pasando ahora. ¿Estamos pensando en formas nuevas de flexiseguridad o nuestra máxima innovación siguen siendo los bonos? ¿Estamos pensando en formas de generar trabajo y regularización rápida de papeles para aprovechar el impulso laboral de los migrantes? Porque hoy llegan buscando trabajo, esencialmente. Si seguimos creyendo que creando ministerios, aumentando la burocracia y generando regulaciones a destajo, seremos desarrollados, estamos perdidos, aunque estemos en la OCDE.

Lo que permite a cualquier nación adaptarse a los cambios, siempre insospechados, es la innovación en todo sentido. ¿Estamos realmente pensando en el Chile del siglo XXI? ¿Cuánto estamos discutiendo de innovación institucional realmente? ¿Estarán las propuestas presidenciales ajustadas a estos temas? ¿O solo serán parte de la borrachera entre socialismo y antisocialismo?

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