¿Cuáles son las causas de la catástrofe venezolana? En este artículo te explicamos en detalle las causas políticas, económicas e ideológicas que han llevado al país a la crisis más profunda y devastadora de su historia.
La novela del escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón, The Night (2016), está ambientada en Caracas y describe una ciudad donde el atardecer no tiene nada de romántico, sino que es indicio amenazador del peligro acechante que se avecina junto con la oscuridad de la noche, cuyos efectos impunes solo son visibles una vez que un nuevo amanecer ilumina de forma paulatina algún cadáver tirado en la calle. El relato de Blanco Calderón refleja muy bien el extenso eclipse que vive Venezuela, no solo con los apagones frecuentes, el racionamiento energético, los alimentos putrefactos y la criminalidad desbordada gracias a una impunidad cómplice, sino por lo lejos que se vislumbra un amanecer que probablemente iluminará, pero a la vez develará las mayores oscuridades humanas.
En 2010, un artículo de The New York Times se titulaba Venezuela, More deadly than Iraq, wonders why. En este se comparaba el número de civiles muertos por violencia en 2009 tanto en Venezuela como en Irak. El primero superaba al segundo por tres, con 16 mil muertos. El dato reflejaba algo que, sin embargo, hace más de diez años las autoridades chavistas no detallan. Hay una cifra negra de víctimas de la criminalidad que en Venezuela nadie quiere asumir.
Según el Observatorio Venezolano de Violencia 2018, Venezuela es uno de los países más violentos de América Latina, con una tasa de 81,4 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Por otro lado, el Gallup Global Law and Order Report 2018, indica que la capital venezolana, Caracas, está entre las ciudades más peligrosas del continente. No por nada, el país petrolero está en el último lugar del ranking latinoamericano del Rule of Law Index 2016. Chile está en el 3° lugar después de Costa Rica y Uruguay.
A la inseguridad, al miedo a morir asesinado o ser víctima de criminales o funcionarios corruptos del gobierno, se suma otra turbación, el hambre. A fines de 2018, la FAO informaba que en Venezuela se ha triplicado la incidencia del hambre entre el trienio 2010-2012 (3,6%) y el trienio 2015-2017 (11,7%). Además, indicaba que 3,7 millones de personas están en situación de subalimentación. Ya en 2016, Cáritas Venezuela, con la colaboración de Cáritas Francia, la Comisión Europea y la Confederación Suiza, advertían de los claros indicios de desnutrición crónica entre los niños venezolanos. El informe era claro en resaltar que crecía «el consumo de alimentos rebuscados en las calles». A mediados de ese mismo año, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, declaraba de forma tajante: «En Venezuela hay desesperación y hambre».
A inicios de febrero de 2017, el Observatorio Venezolano de Salud advertía con alarma, sobre los riesgos que estaba implicando la falta de alimentos y medicamentos entre la población venezolana. Mientras todo eso ocurría, Nicolás Maduro comía arepas en cadena nacional y tiempo después se mostraba muy feliz disfrutando un festín en un lujoso hotel de Turquía. Hay animales más iguales que el resto, decían los cerdos en la granja.
El espíritu de sobrevivencia, como respuesta a la inseguridad y el hambre, ha llevado a miles de venezolanos y venezolanas a abandonar su país. Al igual como ocurre con las víctimas de la criminalidad y la hambruna, con respecto al éxodo venezolano hay cifras negras debido a que el gobierno de Nicolás Maduro no maneja datos oficiales. Según el Migration Policy Institute, más de 3 millones de personas han salido desde Venezuela. La ONU prevé que a fines de 2019 habrá más de 5 millones de refugiados venezolanos.
Detrás del drama venezolano, del éxodo, de las familias rotas y separadas, de las juventudes truncas y malogradas, hay algo que no se debe olvidar, la pretensión de convertir a Venezuela en un país bajo el prisma y la inspiración socialista. Detrás de esta tragedia está la llamada Revolución Bolivariana, que se ha traducido en una sistemática descomposición institucional que ha alterado las certezas jurídicas, ha propiciado la arbitrariedad gubernamental y ha generado una serie de vulneraciones a los derechos civiles, políticos y económicos de miles de venezolanos.
Como el recluso que arrastra sus pies rumbo al patíbulo, Venezuela viene sufriendo un lento proceso de descomposición política, económica y social desde la década de los setenta. En ese decenio, el fin del boom del crudo acabó de sopetón con el ensueño que creaba el apetitoso y engañoso rentismo estatal que alimentaba la maldición del petróleo y lo que Eduardo Galeano llamó la economía del derroche. Venezuela iniciaba así su caída sin retorno hacia el estancamiento, el intervencionismo estatal, la rigidez económica, la corrupción y la inmovilidad.
A inicios de los años noventa, el Banco Mundial indicaba que la pobreza en Venezuela alcanzaba a un 53% de los ciudadanos. El deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos hacía eco del deterioro crónico de su institucionalidad democrática y económica. El llamado Caracazo en 1989, con miles de muertos era un claro síntoma de la anquilosada descomposición institucional venezolana. El desprestigio de los partidos políticos, producto de la corrupción y la inoperancia, era cada vez más creciente en ese contexto, donde comenzaban a predominar actores antisistema que prometían poner fin a una serie de problemas sociales de profunda gravedad, tal como lo hacía un coronel del ejército venezolano que intentaría realizar un golpe de Estado en 1992.
En 1998, la elección como presidente de ese mismo militar, ahora devenido en candidato presidencial disfrazado de traje, no puso fin a los problemas de Venezuela. No fue la solución como muchos parecían creer y como él mismo prometía serlo. Tampoco lo fue el socialismo que el militar impulsó con ahínco y desde el primer momento en el país petrolero, y cuyo mayor impulso tuvo su excusa perfecta en el intento de derrocamiento del año 2002 impulsado por sectores empresariales y sindicales que buscaban hacer frente a las claras acciones arbitrarias del poder ejecutivo, como legislar mediante leyes habilitantes. Con Hugo Chávez en el poder se cumplía, una vez más, la sentencia hecha por Simón Bolívar en su carta a Juan José Flores: «Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas».
Lo que se prometía como un avance hacia mayor democracia y prosperidad general para toda Venezuela, como la forma de restablecer los principios republicanos, se tradujo en una crisis política, económica y social de carácter crónico, nunca antes vista en dicho país y cuyas raíces hay que buscarlas en dos dimensiones claves: en la manera en que se conforma y ejerce el poder político a partir de 1999 y como a partir de eso se transforma radicalmente la estructura económica venezolana. Ambas perspectivas están enmarcadas dentro de una única configuración: concentrar el máximo poder para construir el socialismo en Venezuela.
La dimensión política se expresa en una paulatina concentración del poder político de parte del chavismo mediante la vulneración sistemática de los límites constitucionales, permanentes acciones arbitrarias de parte de las autoridades y vulneraciones a los derechos políticos, civiles y económicos de ciertos grupos ciudadanos mediante explícitas distorsiones legales. La dimensión económica se expresa a través de un recrudecimiento del intervencionismo económico mediante los controles de precios y el control de las divisas junto con mayores trabas en desmedro de la iniciativa privada mediante confiscaciones, expropiaciones y una creciente burocratización de la actividad económica con el fin de someterla al arbitrio del poder político. Esto se traduce en una mayor dependencia rentista de la economía venezolana con respecto a los flujos del petróleo que, simultáneamente, se vuelve el instrumento con que el gobierno va propiciando crecientes niveles de subordinación de parte de los ciudadanos a través de los planes sociales y las llamadas Misiones.
La juramentación presidencial de Hugo Chávez en 1999 bajo la constitución de 1961, esa moribunda constitución según el caudillo militar fue un claro presagio de lo que se cernía, bajo una comparsa democrática, sobre toda la sociedad venezolana. En su discurso del 2 de febrero de ese año, no solo convocó a referéndum mediante decreto, sino que anunció que gobernaría mediante una ley habilitante bajo la excusa de que el pueblo no podía esperar a la constituyente, debido a la grave situación económica y social que Venezuela sufría.
El 15 de diciembre de 1999 fue aprobada la nueva constitución de Venezuela. Sin embargo, antes que esta fuera publicada en la Gaceta Oficial y mientras seguía aún vigente la carta de 1961, la Asamblea Nacional Constituyente, excediendo sus funciones como tal, dictó el 22 de diciembre de ese año el decreto de Régimen transitorio ―que no fue ni estipulado en la nueva constitución ni tampoco sometido a escrutinio popular alguno― mediante el cual se procedió a destituir a todos los titulares del poder público (excepto al presidente electo) y a nombrar a los miembros del Poder Judicial; al Contralor General de la República; a los miembros del Consejo Nacional Electoral (contraviniendo así el artículo 296 que establecía la imparcialidad electoral); al Fiscal General de la República y la Defensoría del Pueblo. Además, conformaron a dedo órganos legislativos no contemplados en la propia constitución de 1999 como la Comisión Legislativa Nacional. Esa fue la segunda acción inconstitucional de parte del llamado chavismo.[1] La primera había sido el llamado del propio Hugo Chávez, el 2 de febrero de 1999, a un referendo consultivo para convocar a una Asamblea Constituyente, lo que no estaba establecido en la carta de 1961.
Así, la supremacía constitucional y la separación de poderes fueron violadas desde un principio por parte de Hugo Chávez. Lo mismo ocurrió con la probidad en la asignación de los cargos, que fue vulnerada abiertamente mediante la cooptación de estos a través de la Ley especial para la designación de los titulares de los poderes públicos en el año 2000.[2] La Defensora del Pueblo de ese entonces, que había sido designada ese mismo año, reclamó la inconstitucionalidad de la ley pero, como claro precedente de la arbitrariedad con que gobernaría Hugo Chávez y sus adeptos, fue destituida de su cargo de forma inmediata. La cooptación del poder por parte del chavismo continuó en 2001 y 2002 mediante la dictación de una serie de las leyes orgánicas respecto del Poder Electoral y del poder Ciudadano. Eso les permitió a los sectores adeptos al chavismo ir manejando los procesos electorales de manera cada vez más fraudulenta.
En el año 2001, mediante ley habilitante establecida por la Asamblea Nacional en el año 2000, Hugo Chávez dictó 49 decretos, entre estos la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de zonas costeras, la Ley de Pesca y Acuicultura y la que generó más polémica, la Ley de Tierras y desarrollo agrario. En diciembre de ese mismo año se produjo el llamado paro cívico, en protesta a las leyes impuestas por Hugo Chávez Frías.
El intento de derrocamiento fallido del año 2002 ―donde además participó el ministro de Finanzas del gobierno chavista, el general Francisco Usón― que fue impulsado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Fedecámaras, organización gremial de empresarios, fue la excusa perfecta para que Hugo Chávez agudizara su afán de control no solo político, sino también económico. En mayo 2004 se promulga, mediante mayoría simple y no calificada como exigía la constitución, un nuevo paquete de leyes orgánicas con respecto al Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, mediante las cuales los chavistas cooptaron tales entidades, contrariando la propia constitucionalidad, que exigía la participación de la sociedad civil en la designación de tales cargos y que impedía la participación de militantes de partidos políticos en dichos organismos.
En el año 2005, Hugo Chávez creó, mediante decreto, un cuerpo militar especial llamado Comando general de la Reserva Nacional, con autonomía presupuestaría y que le obedecía directamente a él.
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Frente al proceso de militarización venezolana, en 2005, el periodista y analista Andrés Oppenheimer advertía: «si Chávez hace la mitad de lo que dice, su reestructuración de las fuerzas armadas -y su distribución de armas a civiles- será una traba formidable a la democracia en Venezuela, no importa cuánto tiempo esté Chávez en el poder, ni quién lo suceda».
“el proceso de concentración del poder político de parte de Hugo Chávez y sus adeptos se produjo en forma paralela al proceso de debilitamiento de la sociedad civil y los actores privados en términos económicos.”
Es importante destacar que el proceso de concentración del poder político de parte de Hugo Chávez y sus adeptos se produjo en forma paralela al proceso de debilitamiento de la sociedad civil y los actores privados en términos económicos. A medida que aumentaba la concentración de poder político de parte de los sectores adeptos al chavismo y crecía su injerencia en diversas instancias de la vida social y económica, también aumentaba el amedrentamiento a la empresa privada en paralelo a una creciente dependencia de parte de la población con respecto a las ayudas del gobierno, vía mayores niveles de importaciones de productos.
La Ley de Consejos Comunales de abril de 2006 fue otro paso del chavismo hacia una mayor concentración del poder, con el objetivo de generar una estructura clientelar y centralizada, funcional al predominio del Ejecutivo ejercido por Hugo Chávez. Estos consejos se conformaron como un régimen institucional paralelo, cuya existencia ―a través de reconocimiento legal y financiamiento― ha dependido exclusivamente de su fidelidad al chavismo y su adhesión ideológica al socialismo, por lo que cualquier organización social que no se ajuste a esto, no obtiene reconocimiento legal ni financiamiento y por tanto se ve impedida de existir.
La conformación de los Consejos Comunales fue un indicio explícito de la lógica dictatorial, verticalista y corporativista que comenzaba a tomar el régimen chavista en 2006. Contrario a lo que los adeptos al socialismo presumen, este proceso no implicó más democracia y mayor participación política de los ciudadanos, sino que significó la creciente estatización de las organizaciones sociales y su anulación política, al ser convertidas en entidades serviles a los afanes de poder de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después. Pero, además, aquello implicó la creciente exclusión de los grupos opositores y disidentes de las diversas instancias de participación política, las cuales se veían cada vez más capturadas por grupos y organizaciones cooptadas por el chavismo y serviles al régimen socialista.
En el año 2007, Hugo Chávez decía: «Venezuela va hacia la misma dirección, hacia el mismo mar hacia dónde va el pueblo cubano, mar de felicidad, de verdadera justicia social, de paz». Probablemente inspirado en ese afán, en enero de ese mismo año, al asumir su segundo período presidencial, pretendió impulsar una reforma constitucional con miras a hacer de Venezuela un estado socialista bajo la denominación de Estado del poder popular, caracterizado por una economía centralizada y estatizada, una institucionalidad estatal cooptada por los adeptos al gobierno y un poder político muy concentrado bajo su sesgo personal. Todo esto lo hacía burlando, una vez más, los marcos constitucionales, como el artículo 342, con el beneplácito cómplice de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Así, en agosto de 2007, Hugo Chávez presentó el proyecto de reforma Constitucional a la Asamblea Nacional, que le era absolutamente adepta pues los partidos de la oposición se habían abstenido de competir en las elecciones parlamentarias de 2005.
En 2008, y sin considerar la opinión de la ciudadanía, la Asamblea Nacional (de mayoría chavista) comenzó a sancionar una serie de leyes ordinarias como la de Consejos comunales y la de la Comisión de Planificación centralizada. Todo esto ajustado al plan Simón Bolívar, con el cual se pretendía convertir a Venezuela en un estado socialista. Hugo Chávez comenzó a emitir decretos ley para imponer su reforma constitucional, desconociendo el rechazo expresado previamente por la ciudadanía en el referéndum realizado en diciembre de 2007. Ese mismo año 2008, vía decreto y amparado por ley habilitante, Chávez reestructura las Fuerzas Armadas, que pasaron a llamarse Fuerza Armada Bolivariana. Además, conformaba la llamada Milicia Bolivariana. Así, la neutralidad de las Fuerzas Armadas quedaba sepultada, aunque Chávez ya había impuesto que en los cuarteles se usara la consigna «patria, socialismo o muerte».
“El pluralismo político y la democracia en Venezuela estaban sentenciados de muerte.”
Entre los años 2009 y 2010 se efectuaron una serie de reformas, como la realizada a la Ley Orgánica del sistema económico comunal, que fueron expresión evidente de la estructura comunista que se quería dar a la vida social y económica en Venezuela.[3] La Ley Orgánica del Poder Popular, en 2010, entre otras cosas establecía que «la participación y organización del pueblo en ejercicio de su soberanía se regía por los valores y principios socialistas». El pluralismo político y la democracia en Venezuela estaban sentenciados de muerte.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales, de julio del año 2009, violaba directamente la constitución de 1999 al imposibilitar la representación proporcional, lo que se tradujo en asimetrías abismales entre los escaños logrados por el partido oficialista (PSUV) y la oposición (MUD), aun cuando en las elecciones parlamentarias de 2010 la diferencia en cuanto a votos obtenidos fue de apenas 100 mil votos entre ambas coaliciones. A partir de ese momento, la idea del fraude electoral se comenzó a hacer cada vez más latente.
En enero de 2010, Hugo Chávez hace explícita su megalomanía y la dinámica dictatorial que está impulsando en Venezuela bajo su figura, al decir: «Exijo lealtad a mi liderazgo. No soy un individuo, soy un pueblo. Los que quieran patria, vengan con Chávez».
A pesar de las triquiñuelas y el creciente culto a la personalidad en torno a Chávez (que incluía cosas tan delirantes como la fabricación y venta de figuras de acción con su imagen), en septiembre de ese año sufre otro revés por parte de la ciudadanía, cuando la oposición logra gran apoyo en las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010, rompiendo con la mayoría absoluta que había tenido el chavismo en la Asamblea Nacional. Sin embargo, en diciembre de ese año, y antes que asumieran los diputados opositores en la Asamblea Nacional en enero del año 2011, el chavismo nuevamente contravino la voluntad del pueblo expresada en las urnas, cuando la Asamblea Nacional (aun de mayoría chavista) decretó una serie de leyes de claro carácter orgánico que, en términos estrictos, imponían de manera tramposa la reforma constitucional impulsada por Hugo Chávez, rechazada por el mismo pueblo en el año 2007 mediante referéndum.
Esa misma Asamblea Nacional, adepta a Chávez, usurpó las atribuciones que tendría la oposición al asumir funciones en el poder legislativo en enero de 2011, al dictaminar una ley habilitante por 18 meses que permitía a Hugo Chávez decretar leyes sin mediar el contrapeso del poder legislativo. Así, contraviniendo nuevamente la constitucionalidad y la voluntad popular, Hugo Chávez convirtió a Venezuela en un estado socialista, militarista y centralmente planificado.
Cuando Nicolás Maduro, siendo vicepresidente, asume la presidencia temporal de Venezuela, tras el fallecimiento de Hugo Chávez, la estructura de poder del chavismo ya está instalada para garantizar su continuidad. Así, Maduro inició formalmente su primer período en abril de 2013, luego de derrotar al candidato opositor Henrique Capriles. Sin embargo, en el año 2017 se produce un hecho clave que marca el proceso de usurpación del poder de parte del poder ejecutivo: Nicolás Maduro decidió pasar por encima del artículo 347 de la Constitución venezolana que indica expresamente que: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder [el pueblo], puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente…”. Excediéndose en sus atribuciones, Maduro convocó mediante decreto a una Asamblea Nacional Constituyente, adjudicándose atribuciones legislativas de forma arbitraria. Esto, con el único fin de anular a una Asamblea Nacional que, en términos de representación política, le era desfavorable. Con esa acción inconstitucional y claramente dictatorial, avalada de manera ilegítima por otros órganos, Nicolás Maduro se saltó también el artículo 348 que establece estrictamente el proceder para iniciar un referéndum constitucional. Con ello, no solo pasó a llevar la constitución que limita y establece las atribuciones del poder Ejecutivo, sino que usurpó de manera explícita el mandato y las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional electa por el propio pueblo venezolano.
Ante la clara acción inconstitucional, ilegal, antidemocrática y arbitraria de parte de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional electa bajo lo que establece la constitución desconoció el proceder del poder ejecutivo, que vulneraba la constitución y la voluntad del pueblo. No obstante, y frente a esta acción legítima, constitucional y legal de parte del poder legislativo, Nicolás Maduro acusó a la Asamblea Nacional y todos sus miembros de desacato, disolviéndola de forma arbitraria, apoyado por órganos cooptados y corrompidos, instalando en su lugar a una usurpadora Asamblea Nacional Constituyente.
La Asamblea Nacional Constituyente instalada por Nicolás Maduro, siguiendo la lógica arbitraria del poder ejecutivo y que el chavismo ha ejercido desde los tiempos del caudillo Hugo Chávez, una vez más pisoteó la constitucionalidad al atribuirse funciones electorales, estableciendo plazos para los procesos de elección, trazando una reconfiguración arbitraria de las reglas de votación y de la conformación institucional, con el único fin de inhabilitar a la oposición y sostener, a como dé lugar, a Nicolás Maduro en el poder.
Todo lo anterior se realizó en contra la voluntad del pueblo venezolano que, expresada en las urnas, había conformado una Asamblea Nacional mayoritariamente opositora al chavismo y Nicolás Maduro. Así, desde 2017 el chavismo ha pretendido gobernar sin sustento jurídico y sin someterse a los límites que la propia constitución venezolana de 1999 les impone. Es decir, sin legitimidad ni validez, sino que amparados en la fuerza y los fusiles militares. Así, no fue raro que, frente al creciente descontento de parte de la ciudadanía, Nicolás Maduro anunciara en 2017 el llamado Plan Zamora, impulsado bajo la excusa de hacer frente a la eventual amenaza de golpismo, supuestamente incitado desde Washington, y que implica la movilización armada no solo de toda la estructura militar y policial, sino también de los civiles a través de los llamados colectivos. ¿Contra quién se movilizan tales fuerzas? Contra los civiles opositores; los propios venezolanos.
La lógica represiva del régimen socialista en Venezuela no es de extrañar si se considera que el amedrentamiento a opositores al gobierno se había hecho habitual desde los tiempos de Hugo Chávez, quien impulsó y alimentó una retórica beligerante donde toda divergencia era considerada herejía, tachada en muchos casos de “fascista”, “sediciosa”, “golpista” o “vende patria”. Todo a través de sistemáticas campañas de propaganda y frecuentes cadenas nacionales, las cuales en 2013 se volvieron obligatorias bajo el gobierno de Nicolás Maduro. No por nada, en febrero de ese mismo año, Reporteros sin Fronteras había expresado su inquietud frente al empeoramiento de la situación de la libertad de información en Venezuela, indicando que el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones había advertido a los periodistas que la cobertura mediática de los hechos de violencia podría ser sancionada. Esto implicaba una seria vulneración a la libertad de informar.
La dinámica represiva del gobierno se tradujo diversas vulneraciones al estado de derecho[4] y las libertades personales de los ciudadanos.[5] Inclusive hay jueces y magistrados que han debido salir al exilio, aun siendo adeptos al proyecto chavista como es el caso de la ex Fiscal General del Ministerio Público, Luisa Ortega, por el hecho de hacer prevalecer el derecho y no la arbitrariedad del poder ejecutivo.
“actualmente Nicolás Maduro ejerce como presidente de facto, puesto que su investidura se produjo fuera del marco que establece la constitución venezolana”
En términos estrictos y para ser más precisos, actualmente Nicolás Maduro ejerce como presidente de facto, puesto que su investidura se produjo fuera del marco que establece la constitución venezolana, que es la carta fundamental vigente en dicho país. El que haya sido electo (suponiendo de forma transparente y limpia) no es razón suficiente para legitimarlo y validarlo en el cargo, como plantean ciertos sectores de la izquierda latinoamericana.
Nicolás Maduro ejerce el poder político de forma ilegítima por dos razones fundamentales: Por no respetar los marcos legales para poder ser investido como presidente; y por gobernar de forma arbitraria sin respetar los marcos legales que ponen límites a su actuar.
Es ante ese escenario que —considerando que frente a un poder ejercido de forma arbitraria y amparado en la simple amenaza de la fuerza militar, el diálogo democrático se torna imposible— la Asamblea Nacional recurre a la propia Constitución (en sus artículos 233 y 333) para hacer imperar y restablecer el orden jurídico en Venezuela, pues el cargo de presidente, basados en la misma constitución, estaría vacante y siendo usurpado por un sujeto llamado Nicolás Maduro, que ejerce la presidencia de forma ilegítima y arbitraria, apoyado en la fuerza.
La declaración de Juan Guaidó intenta restablecer la supremacía constitucional por sobre la arbitrariedad de quienes tienen secuestrado el poder en Venezuela. Su proclama busca restablecer la legitimidad y validez de la investidura presidencial, disputándosela a quien oficia de presidente de Venezuela de forma ilegítima, ilegal y de facto, Nicolás Maduro. Pero, además, su declaración intenta restablecer la validez del cargo presidencial al someter tal investidura bajo el ordenamiento constitucional vigente, tal y como debe ser en cualquier régimen constitucional democrático.
En base a lo anterior, en términos estrictos, el golpista no es Juan Guaidó, sino que es Nicolás Maduro que pretende gobernar sin sustento jurídico alguno y sin someter su actuar a los límites que la propia constitución le impone al cargo que ha usurpado. Es decir, Nicolás Maduro ejerce de presidente sin legitimidad ni validez para aquello, sino que amparado en los fusiles y la bota militar que lo apoya. Técnicamente es un tirano.
A inicios de 2017, el gobierno venezolano conmemoró el 25° aniversario del golpe de estado fallido, ejecutado el 4 de febrero de 1992 por el entonces coronel de ejército, Hugo Chávez. Como una ironía o una burla, considerando la situación precaria que en ese año ya se vivía en Venezuela, Nicolás Maduro recordó que el golpe fue «contra la explotación del pueblo, la exclusión y la miseria».
A pesar de lo dicho por Maduro, lo cierto es que toda la política económica impulsada por el chavismo, basada en un fuerte intervencionismo que tenía por objetivo hacerse del control de la estructura económica de Venezuela, generó la destrucción del aparato productivo, lo que ha tenido efectos nefastos en la calidad de vida de miles de venezolanos.
En Venezuela, históricamente, el rentismo petrolero había generado marcos institucionales que en vez de favorecer la iniciativa privada y la diversificación económica, impulsaban políticas fiscales y gubernamentales no solo ineficientes sino explícitamente clientelares y derrochadoras, que acrecentaban el clientelismo, la burocracia, el intervencionismo económico, la emisión descontrolada de dinero y con ello la inflación crónica, la dependencia en las exportaciones en diversos ámbitos, la baja productividad y la falta de dinamismo en los sectores productivos. Así, la economía venezolana se ha visto sometida a fuertes ajustes a inicios de los 80, en 1989, 1994, 1996, 2002, 2008, 2014 y 2018.
«En medio de los serios desequilibrios producidos por la excesiva y prolongada protección industrial y comercial, en el año 1988 la economía venezolana se enfrentó a un colapso macroeconómico, producto de condiciones externas muy adversas y de un agotamiento del régimen de controles. A partir del año 1989 la economía fue sometida a un choque macroeconómico de tipo ortodoxo que se fue combinando en los años 1990 y 1991 con la eliminación del régimen de controles y la liberalización comercial y financiera de la economía. Dos intentos de golpe de Estado siguieron en el año 1992, y un proceso más o menos intenso de salida de capitales en 1993. El advenimiento de una crisis financiera entre los años 1994 y 1995 dio lugar al restablecimiento de los controles y a un nuevo proceso de liberalización en 1996. La caída abrupta de los precios del petróleo durante el año 1998 generó una severa restricción fiscal y un ajuste en la demanda agregada que se conjugó con un clima de creciente incertidumbre frente a la amenaza de cambios en la estructura político-institucional del país y la reconfiguración del poder alrededor de nuevas fuerzas políticas. La diatriba permanente en la arena política caracterizó los primeros años del siglo XXI, y un intento de golpe de Estado conjuntamente con un paro en las actividades petroleras hundieron la economía, en el año 2003, en su peor recesión desde el año 1989».[6]
En 1998, el llamado Polo Patriótico (que apoyaba la candidatura de Hugo Chávez) planteaba que en Venezuela era necesario sentar las bases de un estado eficiente, promotor y estimulador del desarrollo. Para ello debían liberarlo de la captura por parte de intereses particulares, sobre todo de tipo político partidario. Pero, además, se hacía un fuerte cuestionamiento al carácter mono productor de la economía venezolana, basado en el petróleo, que generaba alta dependencia y que impedía tener una economía productiva, diversificada e independiente de los ingresos petroleros. El propio Hugo Chávez decía en ese momento que «no hay sustento real económico en Venezuela, sólo elementos monetarios y además especulativos y la única vertiente productiva es el petróleo. Hace falta, entonces, para atacar la inflación, impulsar un modelo económico distinto, productivo». [7]
Lo incomprensible es que, ante esa situación estructural, las medidas económicas promovidas y propuestas por el chavismo no acabaron con tales dinámicas rentistas, sino que exacerbaron tales condiciones hasta niveles nunca vistos. Si en 1999 el aporte petrolero a los ingresos fiscales bordeaba el 37%, en 2010 alcanzaba casi un 50%. Es decir, la política económica impulsada por el chavismo no acabó con el modelo rentismo petrolero y la dependencia que ello genera, sino que lo exacerbó generando un proceso de desindustrialización prematura de la economía venezolana que se ve reflejado, actualmente, en el bajo nivel crecimiento y los paupérrimos niveles de productividad. Así, por ejemplo, «entre 2000 y 2007 el sector privado perdió, en términos netos, cerca de 3.000 unidades productivas, una buena parte de ellas en el sector manufactura». [8] En paralelo a la destrucción del aparato productivo privado interno, aumentó la dependencia de las importaciones y las subvenciones del gobierno, pues «dentro de ese crecimiento fenomenal de las importaciones, el Estado tiene un rol estelar, toda vez que ha pasado de importar 11% del total en 1998 a nada menos que 46% en 2012». [9]
Desde el inicio de su primer período gubernamental, Hugo Chávez y sus adeptos comenzaron a intentar implementar medidas que claramente apuntaban a hacerse del control de la estructura económica venezolana. En el año 2001, el gobierno inicia el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, cuyo propósito era iniciar la construcción de la revolución bolivariana.[10] En función de aquello se mantiene el control cambiario y se inicia una política ambiciosa de gasto público. Pero, además, comienzan a ejecutarse expropiaciones de tierras bajo la excusa de impulsar mayores niveles de productividad.[11]
En diciembre de 2001, amparado en la ley habilitante, Hugo Chávez emite los llamados 49 decretos, que generaron una serie de movilizaciones que terminarían en el intento de golpe del año 2002 impulsado por Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). En febrero del año 2003, con el propósito de adquirir mayor control sobre la economía y en parte como castigo al apoyo de los directivos y trabajadores de PDVSA al paro cívico impulsado por opositores, el gobierno de Hugo Chávez cambió a toda la plana directiva de la empresa estatal petrolera, prescindiendo de los técnicos y favoreciendo la inclusión de adeptos al gobierno. En total, fueron despedidos cerca de 20 mil trabajadores.
En ese contexto político convulsionado, comienza el boom de las materias primas, incluido el petróleo y sus derivados. Esto produjo enormes ingresos fiscales con los cuales el gobierno de Hugo Chávez comenzó a financiar una serie de programas y políticas sociales de diverso tipo. Esto se tradujo, en el año 2004, en una disminución en los índices de pobreza y en las tasas de desocupación, en paralelo al crecimiento del sector público. Pero esto, mirado desde el presente, fue una burda ilusión de bienestar y desarrollo producto de los altos precios del petróleo, que no solo se tradujo en una enorme corrupción por parte de los sectores gobernantes, sino que sus efectos más brutales se han convertido en una resaca que aun sufren miles de venezolanos[12] y de la cual no pueden salir.
El 24 de abril del año 2003, durante su segundo período presidencial y aprovechando la alta renta petrolera, Hugo Chávez inició la Misión Mercal que buscaba distribuir productos alimenticios importados, a precios mucho más bajos que en el mercado formal. Esto implicaba, obviamente, altas subvenciones a los productos y la creación de establecimientos estatales con tal propósito. Al año siguiente creó ―como era lógico― un monstruo burocrático con nombre rimbombante, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
Viendo en perspectiva, el propósito de dicho ministerio no era solo controlar la producción y distribución de alimentos para garantizar alimentación barata a los venezolanos, sino que apuntaba a debilitar a los productores y distribuidores privados internos, llevándolos a producir a perdida, con el fin de generar una mayor fidelidad al chavismo a través del estómago de los venezolanos. Esto tenía un trasfondo mayor pues el intento de derrocamiento de 2002 y el paro de PDVSA entre diciembre de 2002 y enero de 2003, eran vistos por los chavistas como un sabotaje económico contra el régimen y el proyecto bolivariano. Por tanto, lograr un mayor control sobre la provisión de alimentos se había vuelto un asunto estratégico para Hugo Chávez, no solo para nutrir el culto en relación a su persona, sino como una maniobra clave en torno a lo que comenzaron a denominar como guerra económica.
Pero, en realidad, la llamada guerra económica respondía a la perspectiva socialista que se pretendía impulsar y establecer en la sociedad venezolana mediante la permanente hostilidad a los productores y oferentes privados. Esto se llevó a cabo mediante dos formas de intervencionismo económico: la subvención de las importaciones y un fuerte control cambiario. Así, bajo el eufemismo de la seguridad alimentaria para el pueblo, en 2003, el régimen chavista aumentó su control sobre la asignación de divisas para evitar “el capricho de la burguesía” y garantizar, tal como decía Hugo Chávez en Aló Presidente ese año: «no solo alimentación sino las medicinas».
Ese mismo año 2003, siguiendo las tradicionales políticas de control cambiario ejecutadas por gobiernos anteriores, a través de un decreto presidencial se crea la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), que no solo administra y controla el acceso a divisas por parte de los particulares, sino que subsidia fuertemente el consumo de productos extranjeros. De esta forma y bajo la excusa de evitar la especulación, controlar la inflación, garantizar el acceso a bienes y evitar una crisis, el régimen de Hugo Chávez fue asfixiando a los productores privados mediante sucesivos controles de precios[13] y a través de un estricto control de las divisas, lo que se traducía, por ejemplo, en la disminución de los montos para importar insumos para la producción. Esto, entre otras cosas, explica que mucha maquinaria, tanto de empresas privadas como estatales, no tenga las mantenciones adecuadas y presente fallas que van afectando los niveles de productividad, lo que a la vez disminuye los niveles de consumo y termina por mermar los salarios reales.
El año 2005, el gobierno socialista de Hugo Chávez comienza a ejecutar una serie de expropiaciones en sectores como suministro eléctrico, telecomunicaciones, producción de acero, cemento e insumos y servicios petroleros. En 2012, cuando los precios del petróleo aún estaban elevados, el rentismo socialista comenzaba a mostrar sus fallas y la escasez comenzaba a golpear a los venezolanos. Chávez diría que todas esas políticas buscaban no ser «rendirnos por hambre».
En 2007, se crea el llamado Proyecto Nacional Simón Bolívar cuyo objetivo es «crear una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, la República y el Estado moral-socialista», que se concibe como «la vía para lograr construir el “hombre nuevo del siglo XXI”, pues socialismo y hombre nuevo deben ser sinónimos». Para ello, se plantea avanzar hacia un modelo productivo donde «El Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país» con el objetivo, entre otras cosas de incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria. Esto implicaba «el dominio por parte del país de la capacidad de producción y distribución de un conjunto significativo de alimentos básicos que aportan una elevada proporción de los requerimientos nutricionales de la población». Obviamente, el dominio por parte del país en realidad significaba el dominio por parte del gobierno chavista de dicha producción de comestibles.
Ya en 2008, el intervencionismo del gobierno sobre el acceso a los alimentos y el control sobre los precios se acrecentaron aún más al crearse la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), que era una filial de la petrolera PDVSA. Dos años después, se estatizó una cadena de supermercados, inaugurándose la red de Abastos Bicentenario. En dicha inauguración, Chávez decía: «Cuando gobernaba la burguesía y tenían el monopolio de la economía venezolana, incluyendo los alimentos, hambre y miseria reinaban en Venezuela». Luego agregaba: «la desnutrición se acabó en Venezuela gracias a la revolución». En ese momento, el Estado venezolano era dueño de 13 mil 625 puestos, según decía el propio Chávez al inaugurar su nueva red estatal de supermercados.
En esos años, el auge en los precios del crudo permitía al régimen chavista disponer de recursos para importar alimentos y otros bienes sin problemas. El rentismo petrolero venezolano, que había entrado en crisis en los ochenta, en 2008 permitía el espejismo socialista de Chávez, gracias a un precio por barril nunca antes visto de US$ 88. Así, entre los años 90 y 2008, la importación de alimentos aumentó en cinco veces. La responsabilidad fiscal y la robustez de la industria alimenticia venezolana no eran tema para los adeptos al régimen chavista. Mientras los precios del petróleo eran altos, la deuda externa de Venezuela se elevaba. Entre 2006 y 2012 se cuadriplicó[14] alcanzando 113 millones de dólares. Las vacas gordas avivaban el discurso anti empresarial, el culto hacia la persona de Chávez, el gasto público sin miramientos y la corrupción de los adeptos al régimen. Chávez y sus partidarios estaban en constante campaña a costa del erario fiscal y la deuda externa de Venezuela. Así, por ejemplo, en 2009, «de las cerca de treinta misiones creadas por el gobierno, que constituyen sus brazos sociales más poderosos, solo cinco tienen asignados recursos en el presupuesto ordinario». [15]
En 2005, aprovechando los altos precios del petróleo, Hugo Chávez reforma la ley que rige al Banco Central de Venezuela con el objetivo de disponer de una parte de las reservas internacionales venezolanas, mediante las cuales se instauraron las llamadas reservas excedentarias con las que se crearon diversos fondos como el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) que, según el Informe Económico del Banco Central de Venezuela de 2008, «desde su creación y hasta el cierre de ese año, recibió 46.131 millones de dólares».[16] En 2013 ya se le habían transferido al FONDEN cerca de 100 millones de dólares por parte de PDVSA. Sin embargo, este fondo y el uso de tales recursos no está sometido a ningún criterio contralor de probidad y transparencia. Lo mismo sucede con el llamado Fondo chino Venezuela, creado en 2007, y que es administrado sin control alguno por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES).[17] Algo similar ocurre con el manejo de los recursos por parte de la estatal petrolera PDVSA[18], cuya deuda financiera pasó, entre 2005 y 2015, «de 3.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares, más del 1.500% en diez años que en general registraron precios petroleros muy favorables». [19]
La crisis económica global de 2008 afectó fuertemente a América Latina. Venezuela, a esas alturas, era un país que dependía fuertemente del flujo de divisas, producto de su exacerbada dependencia de los ingresos petroleros y de la importación de productos de distinto tipo. A mediados de ese año, el precio de la cesta de petróleo crudo bordeaba los 130 dólares. A fines de 2008 alcanzaba solo los 31 dólares aproximadamente. Aún así, el nivel de reservas de Venezuela alcanzaba cerca de 42 mil millones de dólares. No obstante, en 2012 las autoridades venezolanas prácticamente habían agotado sus reservas líquidas, que cayeron de 15 mil millones promedio entre 2005-2011 a un promedio de 3.500 millones en 2012.[20]
Cuando la demanda y el precio del crudo cayeron en 2009, el panorama fue distinto para las políticas asistencialistas y redistributivas promovidas por Hugo Chávez. El despilfarro en nombre del socialismo del siglo XXI comenzó a cobrar factura. Ese año, la economía venezolana sufrió «una caída del producto del 3,3% bastante por encima de la caída promedio de la región».[21] Los ingresos del petróleo cayeron casi un 40%. A eso se sumó que Venezuela tenía la tasa de inflación más alta a nivel regional. Por tanto, la importación, que había alimentado el populismo, el paternalismo y la corrupción chavista, ya no era tan viable y se hizo costosa. El propio Banco Central de Venezuela proyectó un crecimiento negativo para 2010 de -5,8% y «las importaciones de 66.000 millones de dólares en 2012 pasaron a escasos 12.300 millones en 2017». [22]
Por otro lado, debido a la sistemática hostilidad gubernamental en contra de los industriales privados, la producción interna de alimentos, fuertemente dañada y debilitada por el constante intervencionismo del régimen chavista, fue incapaz de satisfacer la demanda interna. La economía venezolana, debido al modelo asistencialista impulsado por Hugo Chávez a costa de los altos precios del petróleo, el debilitamiento sistemático del sector privado producto de las medidas políticas intervencionistas y un gasto público sin control, era incapaz de enfrentar la crisis.
Entonces, la escasez irrumpió de manera brutal, no por eventuales sanciones externas como algunos acusan engañosamente[23], sino por las malas políticas contra cíclicas aplicadas por el régimen chavista. Tan funestas, que incluso el propio gobierno de Nicolás Maduro dejó de presentar el índice de escasez en el año 2014.
“el socialismo del siglo XXI, habían potenciado el modelo económico rentista, mono productor y consumista que criticaban y que prometían abolir”
El chavismo, el socialismo del siglo XXI, habían potenciado el modelo económico rentista, mono productor y consumista que criticaban y que prometían abolir en el Libro Rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El populismo rentista, basado en la exportación de un solo recurso, impulsado por los socialistas venezolanos para acabar con el capitalismo, había hecho más dependiente a la economía de Venezuela de los cambios externos y más miserable y dependiente del poder político al pueblo venezolano.
Lo peor es que ante todos esos problemas, los burócratas chavistas, en vez de favorecer al mercado y la iniciativa privada, agudizaron su intervencionismo en la economía, aumentando el control de precios sobre los bienes y burocratizando aún más el proceso productivo y de intercambios. En enero de 2009, el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, decía que en Venezuela no habría recesión. Aquello no mejoró la situación, sino que aumentó su gravedad. Así, en 2009, la discrecionalidad de Hugo Chávez diciendo ¡exprópiese!, alcanzó ribetes desquiciados, haciéndose del control de las fábricas de arroz, de los puertos y de empresas de diverso tipo. Bajo esa lógica se crearon invernaderos que nunca funcionaron.
En 2010, Hugo Chávez anunció la estatización de Agro isleña, una de las mayores empresas de insumos y suministros agrícolas, siendo convertida en Agro Patria. La nueva empresa se constituyó en un monstruo burocrático y monopólico que fue un total fracaso, incapaz de satisfacer la demanda y producir de manera adecuada.
Según lo que el propio Chávez explicaba con respecto a dichas expropiaciones, las empresas confiscadas pasarían a conformar una especie de complejo industrial socialista ligado a lo propuesto en 2007, el llamado Plan socialista de la nación, cuyo objetivo no era otro que estatizar sectores estratégicos de la economía. Ya en 2009, empresas telefónicas, de electricidad y fábricas de cemento, como Argos, estaban bajo control del régimen socialista venezolano. Para ello se gastaron cerca de 23 mil millones de dólares.[24] Lo mismo sucede con las empresas eléctricas, cuya improductividad se ha traducido en apagones prolongados, tal como los que describe Rodrigo Blanco Calderón en su novela The Night y como el que afectó por varios días a Venezuela recientemente.[25]
En 2010, cerca de 260 empresas de alimentos, como Lácteos Los Andes, habían sido expropiadas o eran controladas por el gobierno. Dijo Chávez en esa ocasión que aquello sería el modelo productivo para Latinoamérica. No obstante, «la industria siderúrgica, cementera y minera está hoy día prácticamente paralizada». [26] De seguro Alejandro Navarro, Camila Vallejo, Claudia Mix, Daniel Jadue y tantos otros adeptos al socialismo del siglo XXI habrán estado de acuerdo con aquellas medidas. No olvidemos que la actual diputada chilena Camila Vallejo dijo en 2013: «Creo que aquí en Chile, más que en cualquier otro país quizás, tenemos que seguir con más convicción la tarea de Chávez». Mejor que no, viendo lo que pasa hoy día en ese país rico en petróleo, pero sin comida ni medicamentos.
Una efímera alza en el precio del crudo durante 2010 le daba un cierto respiro al despilfarro socialista de Chávez y su desenfrenado proceso de expropiaciones de empresas, llevado a cabo bajo la excusa de la utilidad pública y el interés social. Tal como ya se indicó, en diciembre de ese año, un mes antes de que la Asamblea Nacional se conformara con una mayoría opositora al chavismo, el parlamento otorgó plenos poderes a Hugo Chávez para gobernar por decreto en diversas áreas, tal como lo hacían otros dictadores latinoamericanos en los setenta y ochenta. La excusa que el chavismo había ido construyendo desde 2009 era que la soberanía venezolana estaba siendo amenazada de manera externa. Una vez establecido el control interno, había que inventar un enemigo externo, al más puro estilo de 1984 de Orwell.
La llamada ley habilitante era expresión del carácter autoritario explícito que tomaba el régimen socialista de Hugo Chávez, vulnerando las propias reglas democráticas que había establecido. Sin embargo, no era la primera sino la cuarta vez que el gobernante recurría a esta facultad dictatorial. En el año 2011, vía ley habilitante, Hugo Chávez crea la Superintendencia de Costos y Precios, en cuyos listados de precios fijados se encontraban una variedad de productos de diverso tipo y que estableció que los productores reduzcan sus márgenes de ganancia, aun cuando la inflación y el alza en los insumos no bajaba, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno. Así, bajo la presión del gobierno, los particulares debían producir prácticamente a perdida.
En 2012, Nicolás Maduro iría tomando paulatinamente el lugar de un cada vez más débil y enfermo Hugo Chávez, primero como su vicepresidente y luego como su sucesor, también gobernando por decreto en varias ocasiones. Con la muerte del militar a inicios de 2013, el proceso de degeneración en Venezuela entraría en su etapa más difícil.
El intervencionismo gubernamental en la economía venezolana, iniciado durante los primeros gobiernos bolivarianos, no había resuelto el problema de la escasez de alimentos. La ley de precios justos aplicada por el gobierno de Maduro en 2014, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), no mejoró la situación, sino que la empeoró. Era obvio, no solo puso topes máximos de ganancia al comercio (30%), sino que estableció mayores controles que afectaron la producción, distribución de bienes y servicios. Incluso «funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y de la Guardia Nacional Bolivariana obligaron a los proveedores a reducir los precios de algunos de los productos que comercializaban, sin seguir los procedimientos establecidos para ello en la Ley de Costos y Precios Justos y las demás normas de desarrollo de esa Ley. En algunos casos, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra comerciantes, los cuales fueron privados de libertad por orden judicial, por considerarse que habían incurrido en los delitos de usura y especulación».[27] Bajo ese escenario, donde el valor del barril de petróleo caía sostenidamente y además el poder ejecutivo emitía papel moneda sin criterio alguno, la inflación se disparó «convirtiendo a Venezuela en la economía con mayor inflación del mundo entre 2013 y 2015». [28]
El año 2018, la inflación alcanzó los 1.700.000%. [29] Entonces, Nicolás Maduro, en una medida claramente irracional, fijó el salario mínimo en 18.000 bolívares. Lo peor es que todo esto fue justificado como acciones destinadas a agudizar la revolución. Lo mismo dijo la actual alcaldesa de Caracas en junio de 2016. Puro socialismo.
El caso venezolano muestra que el intervencionismo gubernamental en la economía no genera mejoras, sino que enormes distorsiones porque no existe algo así como un precio justo, menos aún uno dirimido desde una oficina burocrática. Peor aún si los funcionarios tienen amplias facultades para decomisar bienes y ordenar la ocupación o cierre temporal de establecimientos. Esto no genera justicia en los precios sino por el contrario, genera un descalabro total del sistema económico al destruir el sistema de precios mediante el cual los agentes económicos toman decisiones y las personas producen e intercambian bienes. Es eso y no un complot internacional, ni las sanciones aplicadas a funcionarios chavistas, lo que genera y aumenta el desabastecimiento. Para que se entienda mejor esto hay que considerar que, según el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, el índice de escasez aumentó desde un 11,2% en julio de 2011 a un 22,2 % en diciembre de 2013.
“la escasez en Venezuela surge antes del supuesto efecto de las sanciones estadounidenses”
Es decir, la escasez en Venezuela surge antes del supuesto efecto de las sanciones estadounidenses, que además no alteraron el flujo comercial con Estados Unidos, y es producto del creciente intervencionismo estatal de parte del chavismo, expresado durante años en el control de divisas, la fijación de precios, la expropiación indiscriminada, el gasto público descontrolado a costa de los recursos petroleros, el populismo monetario y medidas contra cíclicas mal aplicadas. Esto toma más sentido aun si se considera que la escasez de bienes surge cuando el precio del barril aun bordeaba los 100 dólares y que Venezuela ha seguido vendiendo cerca de un 20% de su petróleo a Estados Unidos de forma sostenida y sin interrupciones. Un detalle es que gran parte de su petróleo, casi 60% va a China e India, donde al primero le provee el crudo en forma de pago por deudas soberanas adquiridas por Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez.
No fue extraño que en febrero de 2014 se iniciaran diversas protestas en varias ciudades venezolanas. Ese año 2014 se produjo la tormenta perfecta cuando, «con una renta de origen petrolero mermada, ingresos tributarios internos insuficientes y sin acceso al financiamiento internacional, el sector público no ha encontrado otra fuente de financiamiento que la impresión explosiva de dinero primario». [30] A la carestía se habían sumado los altos niveles de criminalidad e impunidad que, entre otras cosas, hacían de la capital venezolana una de las ciudades más peligrosas del mundo. La represión del gobierno y sus esbirros, los colectivos motorizados y armados, fue brutal en contra de la sociedad civil movilizada.
Nicolás Maduro, sin embargo, a fines de ese año y luego de reconocer la situación de crisis en Venezuela, culpó de la situación a las protestas, la oposición y la guerra económica. En ningún caso consideró el intervencionismo estatal, impulsado por su gobierno, como un factor esencial de la carestía y la miseria. Peor aún, prometió perfeccionar el modelo económico social de distribución de la riqueza y los programas socialistas del régimen.
El largo camino de servidumbre venezolano alcanzó su esencia en 2016 cuando el gobierno venezolano anunció la creación del llamado Carnet de la Patria y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y la inclusión de los militares en el control de la distribución de alimentos. Nicolás Maduro designó a un oficial en cada rubro básico, militarizando totalmente el acceso a la comida, que además estaba mediada por las CLAP.
Según The Associated Press, los militares venezolanos no solo vendían ilegalmente alimentos en la frontera, sino que lo hacían a precios exorbitantes. Como los puertos fueron estatizados en 2009 por Hugo Chávez, en nombre del socialismo y la revolución, en la actualidad diversas mafias de militares controlan el flujo de alimentos y medicinas, cobrando sobornos, aprovechando su absoluto control sobre la distribución y sobre las fronteras. El propio Ministerio de Alimentación de Venezuela hizo notar los sobrepagos de los militares. Pero no pasó nada.
Del timbre en el brazo pasaron a la tarjeta y la huella dactilar. Un avance tecnológico dirá más de alguno. Al menos eso cree Nicolás Maduro, pues según él: «usted va a poder realizar sus compras en varias tiendas del país sin estar utilizando billetes. Venezuela tiene que ir hacia el uso de los pagos electrónicos».
La salvedad, que no se menciona, es que las personas solo pueden adquirir los bienes regulados ―que son los principales― en ciertos días y horarios según el número de cédula. Ni pensar en improvisar el almuerzo o armar una completada. Tampoco se menciona que el carnet alimenticio es un explícito método de control sobre la población. Aunque según los funcionarios del régimen, tiene como fin estimar a cuántas personas les llegan las políticas sociales del gobierno bolivariano. En otras palabras, lo usan para saber cuántos estómagos les deben fidelidad. En Venezuela, si no te registras, no comes. Si eres opositor, agachas el moño o mueres de hambre.
Todo este proceso de desmantelamiento del aparato productivo privado responde al propósito socialista de reemplazar las lógicas de mercado por las lógicas burocráticas del Estado. A lo que apuntan los promotores del socialismo del siglo XXI es a eliminar a los intermediarios que operan en el mercado, dando paso a una relación directa entre el ciudadano y el Estado, que no es de libertad sino de dependencia. Una relación que a todas luces se convierte en una obediencia a través del hambre. El dominio socialista a través del estómago ya lo advertía Trotsky: «En un país donde el único empleador es el Estado, esto significa la muerte lenta por hambre».
Patria o hambre es el lema de estos carteles mafiosos socialistas armados. Nada de extraño pues la burocracia reemplazando al mercado no genera prosperidad para los ciudadanos sino su sumisión al poder.
A tal nivel ha llegado la carestía en Venezuela que a la búsqueda de comida en la basura se le ha sumado la prostitución a cambio de alimentos, según varios observadores. Esa es la dignidad del pueblo que promueve el socialismo.
“La promesa del socialismo del siglo XXI, tan promocionado en Venezuela y Latinoamérica por años, contrasta con la realidad miserable que vive el pueblo venezolano en la actualidad.”
Es tal el nivel de desorden y desesperación entre la población, que el gobierno de Nicolás Maduro ahora multa a los establecimientos donde se producen colas. Así buscan ocultar la miseria a la que han llevado a sus ciudadanos. Por tanto, para evitar las represalias del gobierno, los venezolanos están haciendo filas a dos cuadras de los locales. Ni hablar del tiempo que duran las colas. La productividad ha caído enormemente lo que aumenta la penuria. Pero al mejor estilo del ministerio del Amor de la distopia de 1984 de Orwell, tienen un ministerio con nombre pomposo y a estas alturas ridículo: Ministerio del Poder Popular para la alimentación. La promesa del socialismo del siglo XXI, tan promocionado en Venezuela y Latinoamérica por años, contrasta con la realidad miserable que vive el pueblo venezolano en la actualidad.
Lo que ocurre en Venezuela, país con altas reservas de petróleo, no es solo un problema de gestión del gobierno de Nicolás Maduro, sino que es reflejo de un proceso paulatino de decadencia institucional y social, cuya guinda de la torta fue el proyecto socialista iniciado por Hugo Chávez. Si Venezuela venía siendo decadente a fines de los 80, el socialismo del siglo XXI, la supuesta cura revolucionaria socialista, terminó por agudizar la metástasis corrupta y rentista que venía pudriendo los cimientos institucionales venezolanos.
Tal como ocurría con el antiguo dictador de la URSS, ahora los socialistas latinoamericanos dicen que en Venezuela no hay socialismo de verdad, sino que Nicolás Maduro, designado por el fallecido Hugo Chávez como su sucesor natural en el proceso revolucionario, sería una especie de desviación del proyecto chavista que, además, ha desvirtuado los altos ideales socialistas. No obstante, y tal como demuestra este documento, lo cierto es que la deriva que ha tomado el régimen en Venezuela es la consecuencia lógica de aplicar el socialismo. Esto, porque el socialismo, aunque se llame del siglo XXI, sigue siendo el mismo camino de servidumbre que advertía Hayek. Tampoco cumple aquella cita de Simón Bolívar, que Chávez gustaba usar cada tanto: «Darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible».
Lo que el socialismo le entrega al pueblo es sumisión y miseria. Porque en el fondo, digámoslo con honestidad, la historia demuestra que la aspiración de crear una economía socialista, centralmente planificada, es aspirar a crear una economía militarizada. Por ello, la pretensión socialista siempre ha terminado siendo el camino hacia una economía basada en el racionamiento, que liquida el pluralismo democrático e impulsa la implantación de una dictadura, donde los ciudadanos deben enrolarse como tropa o sufrir la persecución. Eso ha ocurrido en Venezuela, aunque la constitución bolivariana, en el artículo 299, diga que su régimen socioeconómico pretende asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa. Quizás por eso Maduro, en un extraño ataque de lucidez, mientras recordaba el inicio del socialismo del siglo XXI avizoró: «ahora se viene la revolución».
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Otras fuentes documentales
http://base.socioeco.org/docs/sistema_economico_comunal.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/57ee7c1c4.pdf
https://foropenal.com/2019/03/04/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-febrero-2019/
http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/09/Plan-de-la-Naci%C3%B3n-2001-2007.pdf
https://encovi.ucab.edu.ve/ediciones/encovi-2017/
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/05/22.-Informe-seguimiento-junio-2012.pdf
https://www.dinero.com/internacional/articulo/por-que-se-fue-la-luz-en-venezuela-en-2019/268147
[1] Para más detalles véase http://allanbrewercarias.com/
[2] Brewer, A. «La constitución venezolana de 1999 como promesa incumplida». Pp. 7
[3] http://base.socioeco.org/docs/sistema_economico_comunal.pdf
[4] Véase https://www.refworld.org/pdfid/57ee7c1c4.pdf
[5] Para más detalle pueden verse los diversos informes de Foro Penal venezolano https://foropenal.com/2019/03/04/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-febrero-2019/
[6] Vera, Leonardo, «Cambio estructural, desindustrialización y pérdidas de productividad: evidencia para Venezuela», Cuadernos del CENDES, vol. 26, número 71, mayo-agosto, 2009, pp. 89-115.
[7] Blanco Muñoz, Agustín «Habla el comandante Hugo Chávez Frías», p. 626. Citado en Rodríguez C., Francisco, Las consecuencias económicas de la revolución bolivariana, Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional.
[8] Vera, Leonardo, «Venezuela: Anatomía de una recesión profunda y prolongada», Nueva Sociedad, número 28, julio-agosto, 2010, pp. 23.
[9] Santos, Miguel Ángel, «¿Por qué hay escasez de dólares?», Prodavinci, 25 de mayo de 2013. Disponible en http://historico.prodavinci.com/2013/05/25/economia-y-negocios/por-que-hay-escasez-de-dolares-por-miguel-angel-santos/
[10] Véase http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/09/Plan-de-la-Naci%C3%B3n-2001-2007.pdf
[11] Para el año 2009, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) creado por decreto en 2002, controlaba cerca de 2 millones de hectáreas de tierras en su mayoría destinadas a la ganadería.
[12] Véase https://encovi.ucab.edu.ve/ediciones/encovi-2017/
[13] Abadi, Anabella; García Carlos, «14 años del actual control de precios en Venezuela: un balance de una regulación perversa», Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano, n°10, 2016.
[14] Santos, Miguel Ángel, «Venezuela: Running on Empty» en Lasa Forum vol. XLVIII, n°1, 2017. Citado en Vera, Luis, ¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?, Nueva Sociedad, número 274, marzo-abril, 2018, pp. 86.
[15] López Maya, Margarita; Lander, Luis, «El socialismo rentista de Venezuela ante la caída de los precios petroleros internacionales», Cuadernos del CENDES, vol. 26, núm. 71, mayo-agosto, 2009, pp. 67-87.
[16] Vera, Leonardo, «Venezuela: Anatomía de una recesión profunda y prolongada», Nueva Sociedad, número 28, julio-agosto, 2010, pp. 19.
[17] Véase https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/05/22.-Informe-seguimiento-junio-2012.pdf
[18] Véase https://www.transparency.org/whatwedo/publication/promover_la_transparencia_en_los_ingresos_informe_2008_sobre_la_transparenc
[19] Santos, Miguel Ángel; Bustos, Sebastián; Baquero, Gustavo, « La emergencia económica, la brecha externa y el mito del petróleo», ProDavinci, 13 julio 2016. Disponible en http://historico.prodavinci.com/2016/07/13/actualidad/la-emergencia-economica-la-brecha-externa-y-el-mito-del-petroleo-por-miguel-angel-santos-sebastian-bustos-y-gustavo-baquero/
[20] Véase Vera, Leonardo, «¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?», Nueva Sociedad, número 274, marzo-abril, 2018.
[21] Vera, Leonardo «Venezuela: anatomía de una recesión profunda y prolongada», www.nuso.org, julio-agosto 2010. Disponible en http://nuso.org/articulo/venezuela-anatomia-de-una-recesion-profunda-y-prolongada/
[22] Vera, Leonardo, «¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?», Nueva Sociedad, número 274, marzo-abril, 2018, pp. 89.
[23] Las primeras sanciones fueron aplicadas por Barack Obama y estaban destinadas a personas específicas, altos funcionarios del régimen venezolano. Las primeras sanciones financieras fueron aplicadas en 2017 por el gobierno de Donald Trump.
[24] Vera, Leonardo, «¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?», Nueva Sociedad, número 274, marzo-abril, 2018, pp. 91.
[25] https://www.dinero.com/internacional/articulo/por-que-se-fue-la-luz-en-venezuela-en-2019/268147
[26] Vera, Leonardo, «¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?», Nueva Sociedad, número 274, marzo-abril, 2018, pp. 92.
[27] Abadi, Anabella; García Carlos, «14 años del actual control de precios en Venezuela: un balance de una regulación perversa», Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano, n°10, 2016, pp. 23.
[28] Abadi, Anabella; García Carlos, «14 años del actual control de precios en Venezuela: un balance de una regulación perversa», Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano, n°10, 2016, pp. 32.
[29] https://www.europapress.es/internacional/noticia-venezuela-cerro-2018-inflacion-record-mas-millon-medio-ciento-20190109180738.html
[30] Vera, Leonardo, «¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?», Nueva Sociedad, número 274, marzo-abril, 2018, pp. 95.
«La libertad es un derecho humano fundamental,
sin él no hay vida digna.»
