¿Por qué la izquierda habla tanto de «lawfare»?

Autor: Juan Lagos

En los últimos años, el termino «lawfare» ha ganado relevancia en el discurso político latinoamericano, especialmente entre los líderes y movimientos de izquierda. Este término, una combinación de «law» (ley) y «warfare» (guerra), se utiliza para describir un supuesto uso de mecanismos legales con finos políticos, a menudo para deslegitimar y perseguir a adversarios. Pero, ¿por qué la izquierda habla tanto de «lawfare»?

El término empezó a cobrar fuerza a raíz de las causas anti-corrupción que pusieron en el banquillo de los acusados a los líderes más emblemáticos del socialismo del siglo XXI. Así, las causas abiertas contra Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Lula da Silva o Dilma Rousseff no fueron abordadas por parte de sus seguidores atendiendo al mérito jurídico de cada caso, sino como una supuesta persecución de los poderes fácticos en defensa del status quo que presuntamente estos mandatarios habían puesto en juego durante sus gobiernos. Esto evidencia el débil compromiso de la izquierda latinoamericana con las instituciones y el Estado de derecho.

«El uso del término "lawfare" se convierte así en una herramienta para defenderse de las acusaciones legales sin atender al real mérito de estas, porque solo les importa preservar la imagen de sus líderes como salvadores intachables de sus pueblos».

La izquierda en nuestra región percibe que sus líderes deberían estar por encima de la ley debido a sus intenciones «altruistas» y «transformadoras». Consideran que las acciones de estos líderes, aunque puedan contravenir la ley, están justificadas por el bien mayor que buscan alcanzar. Esta visión idealizada de sus dirigentes ignora la necesidad que todos, sin excepción, se sometan a las mismas reglas y normas que rigen a la sociedad. El uso del término «lawfare» se convierte así en una herramienta para defenderse de las acusaciones legales sin atender al real mérito de estas, porque solo les importa preservar la imagen de sus líderes como salvadores intachables de sus pueblos.

Esta postura es extremadamente peligrosa, ya que implica una aceptación implícita de la ilegalidad en aras de un supuesto bien mayor. Cuando los líderes se consideran por encima de la ley, se abren las puertas de par en par a la corrupción a al abuso de poder, ya que se sienten legitimados para actuar sin rendir cuentas. La justicia debe ser ciega y aplicarse de manera equitativa a todos, independientemente del color político del acusado. Al eludir la responsabilidad bajo el pretexto del lawfare, la izquierda latinoamericana socava la base misma de un sistema democrático y justo.

Otro riesgo grave de la narrativa del «lawfare» es la politización de la justicia. Cuando la izquierda denuncia sistemáticamente que las acciones legales en su contra son meros actos de persecución política, están sugiriendo que el sistema judicial está manipulado por sus adversarios. Esta percepción puede conducir con más fuerza a reformas que busquen manipular el poder judicial al antojo de las fuerzas políticas de izquierda. En este sentido, acusar «lawfare» es otra estrategia que busca abonar el terreno para reformas constitucionales que busquen politizar la justicia tal como lo quisieron hacer en nuestro país con la fallida Convención Constitucional o como lo intenta hacer AMLO en México con su reforma a la Corte Suprema. 

Además, la izquierda habla tanto de «lawfare» también por una necesidad de defender la ruina institucional, económica y política que han significado sus gobiernos durante las primeras décadas del siglo XXI. Ante las críticas y el descontento popular, la narrativa del «lawfare» se presenta como una forma de desviar la atención de sus fracasos y presentarse como víctimas de conspiraciones en lugar de asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus políticas. Esta táctica de victimización no solo impide un análisis honesto de los errores cometidos, sino que también perpetúa un ciclo de desconfianza y división.

Que Pedro Sánchez desde España acuse «lawfare» en la persecución judicial de su esposa es una señal de lo cerca que está el mandatario ibérico de lo peor del socialismo del siglo XXI. Que ahora desde la madre patria se intente elevar a los altares de los mártires del «lawfare» a Daniel Jadue es una muestra de que no estamos libres de partidos políticos que desprecian nuestra institucionalidad.

En conclusión, la narrativa del «lawfare» utilizada por las izquierdas latinoamericanas merece una crítica rigurosa. Si de verdad la izquierda chilena quiere conocer un caso de persecución política con la complicidad de la justicia chilena, deberían leer el último libro de Pilar Molina: Jovino Novoa y Caso Spiniak: ¡Y todo era mentira!. Para así entender cómo Jovino Novoa enfrentó un montaje judicial sin atentar contra las instituciones del país, demostrando un compromiso con el Estado de derecho que la izquierda latinoamericana debería emular si desea verdaderamente fortalecer la democracia en lugar de socavarla.