La seguridad no es prioridad

Autor: Juan Lagos

Vivimos una crisis de seguridad sin precedentes. Las estadísticas de Carabineros dan cuenta de un aumento anual de 50% en casos de delitos violentos y la sensación de temor en la ciudadanía ha crecido como nunca. Según el Informe de Paz Ciudadana 2022, un 28% de los encuestados se ubica en un nivel de “temor alto”, cifra inédita en los 22 años que lleva este estudio. Vistos estos números, es normal que la ciudadanía indique en todas las encuestas que la delincuencia debería ser la primera prioridad del Gobierno. Atendiendo a las últimas declaraciones del presidente Boric, esta demanda parece ser correspondida por su Gobierno. Sin ir más lejos, ayer en el Encuentro de la SOFOFA, dijo: «la seguridad es nuestra primera prioridad». Además, cómo olvidar su enérgica sentencia en su gira por Antofagasta: «vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia». 

Ahora bien, ¿sus dichos son refrendados por sus actos? Por el momento no. Han pasado dos semanas desde que Su Excelencia señalara su voluntad de transmutarse en un can para perseguir la delincuencia y no hemos visto todavía una agenda sólida de parte del Gobierno para hacerle frente a este flagelo. Para más inri, vemos que existen decenas de proyectos de ley en materia de seguridad pública que duermen el sueño de los justos en el Congreso sin que sean reactivados por parte del Poder Ejecutivo. Y no faltan las iniciativas legales que hibernan en lugar de dormir a juzgar por la larguísima tramitación que llevan a cuestas. 

Uno de estos últimos es el proyecto de ley que «Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado», el cual lleva 1444 días de tramitación y el presidente Boric nunca ha presentado urgencia para una pronta discusión. Si algo hemos aprendido de estos tiempos convulsos es la necesidad de contar con un sistema de inteligencia a la altura que pueda prever los riesgos y amenazas a nuestra seguridad, tanto interior como exterior. Por desgracia, no parece ser prioridad para La Moneda.

«Han pasado dos semanas desde que Su Excelencia señalara su voluntad de transmutarse en un can para perseguir la delincuencia y no hemos visto todavía una agenda sólida de parte del Gobierno para hacerle frente a este flagelo.»

Otra iniciativa que descansa sin que se espere un pronto despertar es aquella que busca perfeccionar la ley antiterrorista (Boletín N° 12.589-07). Y no es porque no se necesite, dado que una de las falencias en el combate contra el terrorismo en el sur ha sido la ausencia de técnicas especiales de investigación que permitan al Ministerio Público perseguir los delitos terroristas debidamente. Para estos efectos, la reforma en comento contempla el uso de agentes reveladores, así como también otras técnicas que ya se utilizan para la persecución del narcotráfico. Se trata de una solicitud que han elevado en varias oportunidades los últimos fiscales nacionales. Sin embargo, a pesar de la necesidad de incorporar estas herramientas y de la insistencia de los interesados, este proyecto lleva 1282 días sin pasar siquiera el primer trámite. 

Estas no son las únicas iniciativas de largo descanso. Así, el proyecto que busca castigar con más dureza los daños al transporte público lleva 1324 días de tramitación. En similar estado de ensueño está aquel que busca incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso —con 1076 días de tramitación—. Y así suma y sigue, duerme la creación de la Defensoría de las Víctimas (660 días) y  lo mismo pasa con los proyectos que buscan aumentar las penas, ya sea por tomar un terreno (828 días) o por atacar a un carabinero o a un gendarme (218 días). Al igual que todos los proyectos anteriormente señalados, nunca han tenido urgencia durante el actual Gobierno. 

Esta demora mal podría achacársele a nuestro sistema parlamentario. Nuestros congresistas han dado sobradas muestras de eficiencia a la hora de legislar, sobre todo en temas que son de su especial interés. Así por ejemplo, en 2021, el Senado aprobó en tiempo récord (20 minutos en sala) la llamada Ley Celis —bautizada así en honor al diputado Ricardo Celis— que permitió la reposición de candidaturas parlamentarias y a CORES que fueron impugnadas por el SERVEL, estableciendo un nuevo plazo para acompañar la autorización del director del Servicio Electoral para abrir una cuenta bancaria. A su vez, no es de recibo argüir en este caso la necesidad de un largo tiempo para meditar y llegar a grandes acuerdos. Este tipo de demoras son fruto de la negligencia y no de la reflexión. 

Es cierto que el actuar del Gobierno no se limita a la actividad legislativa, pero también vemos que la seguridad no es prioridad a la hora de definir el Presupuesto para 2023. «Donde está tu tesoro allí estará tu corazón» y al parecer el corazón del Gobierno no está con la mayor urgencia de los chilenos. De acuerdo con el último informe de Libertad y Desarrollo, el aumento en proyectos de inversión para Carabineros y la PDI es apenas de 1,1%. Todavía más grave es constatar la mediocre ejecución presupuestaria de este año por parte del Gobierno, la cual, en el mismo ítem anteriormente señalado apenas alcanza un 6,7%. 

Ni mil metáforas presidenciales podrán hacer algún efecto en nuestra crisis de seguridad. Desde La Moneda es necesario pasar de las palabras a la acción, porque el legítimo temor a la delincuencia que sienten las familias chilenas no debería ser tal ante un Estado que crece día a día sin ser capaz de cumplir su principal misión: resguardar el orden público.