La Araucanía: ¿cómo condenar a lo que no se persigue?

Autor: Juan Lagos

Pasa el tiempo y las cosas en la Macrozona Sur se ven cada día más complejas. De acuerdo con el último Barómetro de Conflicto de la Multigremial de La Araucanía, las cifras de delitos violentos en la zona han escalado de forma dramática. Si en abril de 2020 se habían perpetrado 29 atentados incendiarios, en abril de este año este número ascendió a 69. Se aprecia un aumento todavía más severo en el número de atentados con armas de fuego (de 4 en 2020 a 69 en 2021) y las usurpaciones se multiplicaron por siete en relación con el año pasado.

Definitivamente, algo no funciona bien en el sur y debe ser sangrante para muchos compatriotas que habitan dicha zona financiar vía impuestos a un Estado incapaz de otorgar garantías mínimas de paz. Sin embargo, nada sacamos con lamentos o diatribas al voleo. No apuntar correctamente a los verdaderos responsables de este descalabro es tan inconveniente como diluir el terrorismo en una cuestión étnica a la usanza de Loncón, Linconao y tantos otros. Los habitantes de la Macrozona Sur, muchos de ellos ataviados de chalecos antibalas a toda hora del día, buscan una solución concreta a su drama y no las típicas condenas enérgicas a las que nos tienen habituados aquellos llamados a garantizar el orden público.

Los habitantes de la Macrozona Sur, muchos de ellos ataviados de chalecos antibalas a toda hora del día, buscan una solución concreta a su drama y no las típicas condenas enérgicas a las que nos tienen habituados aquellos llamados a garantizar el orden público.

En este sentido, son reiteradas las acusaciones en contra del Poder Judicial como principal responsable del fracaso en la Macrozona Sur y hay muchos disparates capaces de cristalizar un sólido prejuicio en la ciudadanía. Recordemos a José Ignacio Rau Atria, juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco para el caso Luchsinger-Mackay. No encontró mejor momento para estrenar una horrible chaqueta roja que el día en que absolvió a los 11 imputados de este miserable crimen. ¿Y qué me dicen de Juan Pablo Pirce Valenzuela? El funcionario del Segundo Juzgado de Garantía de Traiguén en cuya casa encontraron un arsenal que ya lo habría querido Italo Nolli.

Es cierto, el Poder Judicial no ha perdido ocasión para defraudarnos últimamente: jueces garantistas; otros poco apegados a las leyes y más dados a juzgar a discreción tal como les enseñó Carlos Cerda en la Academia Judicial y lobbystas judiciales como Eugenio González, “El Pingüino” que hace y deshace en los pasillos de los tribunales operando para Guido Girardi, por solo nombrar algunos. Sin embargo, aunque parezca extraño, si nos basamos en la evidencia, las causas de la impunidad en el sur de Chile se deben buscar primero en otras instituciones.

De acuerdo con el último informe del Observatorio Judicial la impunidad en la Macrozona Sur se explica principalmente por una deficiente persecución penal, por lo que deberíamos poner el foco en la Fiscalía y en las policías antes que en los tribunales. De las 128 causas estudiadas, relativas a delitos graves como homicidios, lesiones y amenazas, solo 29 comenzaron por denuncia por parte de la Fiscalía. A su vez, señala el informe que «solo un 33% de las causas se promueven contra un imputado conocido, lo cual es muy notorio respecto de los casos de homicidio, en donde apenas 4 causas de un total de 65 se conoce la identidad del imputado». Estas son solo algunas estadísticas que brinda este informe de obligada lectura para todo aquel que quiera conocer lo que está pasando en la Macrozona Sur.

Para los que insisten en cargar toda la culpa en los jueces —estrategia que siempre ha sido tentadora dentro de la política chilena— por lo menos podrían decir que, en esta ocasión, “los jueces no han tenido la oportunidad de defraudarnos”. Puesto que es imposible condenar a lo que no se persigue.

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