Voto obligatorio, la vuelta a la democracia mercantil

La semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 15° de la Constitución, con el objetivo de reestablecer el voto obligatorio. La iniciativa ganó con el respaldo de 105 diputados. La confirmación del proyecto era de esperarse, ya que como se explicaré en esta columna, va en beneficio directo de sus promotores, bonificándolos en dinero. No tienen nada que perder; al contrario, tienen mucho y todas las de ganar.

¿Sabía usted que su voto tiene precio? Pues así es, hoy la ley establece la obligación del Fisco de reembolsar a los candidatos los gastos electorales que hayan incurrido en campañas. El total de la devolución es calculado de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por el candidato, que se multiplica por una fracción de UF, que a su vez es definida por ley. Lo peor, los partidos no han transparentado todavía que, si se restablece el voto obligatorio, podrán obtener el máximo de financiamiento público legal (más de 3.000 millones) luego de cada elección.

Ahora bien, se ha intentado justificar la vuelta al voto obligatorio desde distintos argumentos. Es por eso que conviene realizar un breve análisis al respecto.

Unos de los argumentos más interesantes y, en mi opinión, más importantes, es el que tiene que ver con la definición de la naturaleza del voto. Es decir, si el voto es un deber o un derecho. La respuesta no es fácil. Pese a todo, debe decirse que el sufragio es por naturaleza un derecho, ya que como acto ciudadano y jurídico cumple con tres condiciones inherentes de todo derecho: 1) es susceptible de tutela jurisdiccional 2) puede ser ejercitado o reivindicado frente a un sujeto determinado 3) su contenido consiste en una obligación de conducta bien definida, al igual que el sujeto titular.

Por otro lado, el voto es intangible al soberano; no puede ser agravado, aligerado o eximido por decisión de la autoridad política. Sólo el titular puede renunciar a éste, de forma voluntaria; consecuencia de ser un atributo inherente a su ciudadanía. Con todo, considerar al voto como un derecho no quiere decir que este no pueda ser también un deber. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de un deber moral, cuyo incumplimiento pesa únicamente en la conciencia del ciudadano y que no puede conllevar sanción pública. Es por eso que la figura del voto obligatorio es una anomalía jurídica, donde se utiliza la fuerza punitiva del Estado a través de la multa para forzar a los ciudadanos a cumplir su derecho.

Considerar al voto como un derecho no quiere decir que este no pueda ser también un deber. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de un deber moral, cuyo incumplimiento pesa únicamente en la conciencia del ciudadano

Asimismo, es común también que se defienda el restablecimiento del voto obligatorio apelando a los resultados desiguales de la participación electoral, según sectores socioeconómicos -el llamado “sesgo de clase”-. A este último lo he denominado el “argumento utilitarista”, por su justificación de los fines, pero en lo principal es una tesis paternalista. Y es que lo que implica en la práctica es obligar a participar a la gente de comunas con altos niveles de abstención, que coinciden muchas veces con las de mayor vulnerabilidad urbana, para intentar igualar a la gente de mayores recursos, desestimando así la opinión democrática de quienes eligieron abstenerse. ¿Cuál sería la razón para obligar a los ciudadanos que han mostrado su descontento hacia la política y su rechazo ante los candidatos? ¿Por qué incluirlos a la fuerza, bajo la amenaza de una multa, y no por la persuasión de los proyectos? Se olvida -o se quiere hacer olvidar- que la abstención es una herramienta de protesta política pacífica y, además, una señal de reprobación ante la ineficiencia de las clases dirigentes.

El restablecimiento del voto obligatorio no hace más que intentar maquillar el problema por medio de una solución parche, y poco refinada en lo intelectual. Nuestras dificultades no son relativas solamente a la participación política, sino que son mucho más profundas, y tienen que ver con el deterioro de nuestras virtudes públicas. Este es el grave problema que nos aqueja. Querer solucionarlo con restricciones a las libertades de las personas, chantajeándolos con una multa para que los políticos puedan ser reembolsados en sus gastos electorales, es solo un tanque de oxígeno que durará menos tiempo del que piensan.

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Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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