UBER, el Estado contra los ciudadanos

Señor Director:

La reciente decisión del Ministerio de Transportes de sancionar a conductores de Uber y empresas similares es un excelente ejemplo de la lógica con que opera el Estado en general: proteger a grupos de interés que se benefician a expensas de los demás.

No cabe ninguna duda de que Uber es más eficiente, seguro, cómodo e incluso barato que los taxis tradicionales. Además, estaba generando crecientes empleos justo en un momento en que las políticas del Gobierno y el contexto internacional han desplomado nuestra economía. Así, por beneficiar a unos pocos, se ha perjudicado a la mayoría de los ciudadanos chilenos.

La mejor prueba de que el Gobierno busca preservar un oligopolio creado por el Estado la dio el presidente de la Confederación de Taxis de Chile, cuando dijo: “Esta competencia no puede existir”. Es evidente que el Gobierno, que ha hecho de la persecución de la colusión su máximo estándar moral, cree en la competencia solo cuando le conviene políticamente. Todos sabemos que había otras soluciones al dilema de los taxistas. Pero lo relevante del caso, repito, es que la gente debe tener muy presente este popular ejemplo a la hora de formarse una opinión sobre quienes controlan el poder y la lógica con la que operan.

Ejemplos de protección legal del Estado a grupos de interés hay muchísimos en nuestro país, aunque sean menos conocidos. Y como en el caso de Uber, en todos los otros no es el bien común lo que inspira a nuestros funcionarios estatales y gobernantes, sino el interés de grupos particulares que los pueden beneficiar políticamente mientras coartan nuestra libertad de elegir y nos meten la mano al bolsillo.

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Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.

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