Tributariamente incompetentes

Esta semana, el centro de estudios Tax Foundation dio a conocer su Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2020 el cual mide los sistemas tributarios de los países de la OCDE a través de dos criterios: competitividad —capacidad para atraer inversiones— y neutralidad —capacidad para generar la mayor cantidad de impuestos con la menor cantidad de distorsiones económicas—.

En el caso de nuestro país, Chile bajó un puesto en comparación con el año pasado, ocupando en esta edición el penúltimo lugar del ranking solo superando a Italia. Se trataba de un resultado esperable porque poco y nada se ha hecho para mejorar. Sin embargo, por muy previsible que este resultado sea no deja de ser una mala noticia. En tiempos donde la pobreza arrecia y el empleo se vuelve cada vez más escaso, un sistema tributarios alambicado y poco atractivo para las inversiones no contribuye a revertir esta lamentable tendencia.

No sé si es causa del resultado o un factor que nos condena a ocupar las últimas posiciones de este ranking, pero ya va siendo hora de cuestionar el “tributarismo mágico” en el que se desarrollan todos nuestros debates fiscales. En Chile, la discusión tributaria es todavía muy inmadura: siempre se trata de que otro pague más. Las exenciones y la progresividad en las tasas terminan por cristalizar la idea de que siempre habrá personas con más ingresos o con una actividad menos relevante en la economía que estarán más obligados a asumir mayor carga tributaria.

Los políticos tampoco colaboran con dotar de mayor seriedad a la discusión fiscal a causa de su eterna y vana promesa de que serán los más ricos quienes soportarán sus reformas tributarias, como si se tratara de seres celestes que no guardan relación alguna con los ingresos del resto de los chilenos. Hayek decía que la principal razón del rápido aumento de los impuestos en el siglo XX fue «la ilusión de que la fiscalidad progresiva desplazaría la carga tributaria sobre la espalda de los ricos y, bajo la influencia de esta ilusión, las masas han aceptado, a su vez, soportar una presión fiscal mucho mayor de lo que habría ocurrido de producirse las cosas distintamente».

Mientras Chile está en el lugar número 35 con una puntuación de 46,3, el ranking es liderado por Estonia —con una puntuación de 100— y secundado por Letonia —84,4—; Nueva Zelandia —82,4— y Suiza —77,1—. Los dos países mejor posicionados en este índice son ex repúblicas soviéticas que, tras abandonar los sistemas de planificación central, en los últimos 10 años han logrado un desarrollo económico notable. Cuatro son los factores que ubican a Estonia en el primer lugar: primero, tiene un impuesto a la renta tipo plano del 20%; segundo, un impuesto sobre sociedades de 20% que se aplica solo a los beneficios distribuidos; tercero, el impuesto sobre la propiedad se aplica sobre el valor de los terrenos en lugar de establecer valoraciones sobre el precio de las propiedades; por último, Estonia deja libre de impuestos al

100% de los beneficios conseguidos en el extranjero por sus empresas nacionales. A primera vista, es evidente que la política tributaria chilena ha tomado el camino opuesto que la estonia.

Difícilmente podremos avanzar en este indicador si nuestros candidatos a la presidencia amenazan con meter la mano en los bolsillos de los ricos. Sin madurez tributaria es imposible avanzar. Ahora bien, ¿cuándo tendremos un debate tributario maduro? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que la presión impositiva nos afecta a todos, solo que algunos lo advierten antes? Ese día llegará cuando con verdadera empatía digamos que «lo que no quiero para mí, no lo quiero para nadie», ahí podremos discutir los impuestos en serio.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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