Terrorismo en La Araucanía

Definir si los hechos de violencia son terrorismo o no, no se trata de un simple problema léxico o conceptual, sino de un problema penal en cuanto a la tipificación del delito.

La palabra terrorismo pareciera ser tabú en Chile. Cada vez que el conflicto en La Araucanía sufre nuevas escalas, surge en el debate público la discusión sobre si los actos de violencia en la zona son constitutivos o no de terrorismo. Algunos, viendo la oportunidad política de cuadrarse con la reivindicación mapuche, intentan quitarle relevancia a esta discusión, y argumentan de que sólo se trataría de un problema léxico, aprovechando de paso para entremezclar los actos terroristas con algunas de las demandas.

Sin embargo, este es un error que no se puede dejar pasar. Primero, porque con terroristas no se negocia, ya una negociación implica de por sí eliminar toda violencia o coerción de un grupo sobre otro. Segundo, porque para terminar con la parte violenta del conflicto es necesario contar con un diagnóstico certero de cada una de sus aristas, y el terrorismo es, lamentablemente, una de ellas.

Definir si los hechos de violencia, que hoy son rutinarios, son terrorismo o no, no se trata de un simple problema léxico o conceptual, sino de un problema penal en cuanto a la tipificación del delito. Y, además, resolver el problema de diagnóstico, es el primer gran paso para tratar de establecer los elementos del problema de forma precisa, permitiendo así la definición de un plan de acción en cuanto a la violencia.

En razón de esto, y argumentando de acuerdo a lo establecido por nuestro estado de derecho —algo casi olvidado hoy—, debemos utilizar las definiciones que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda. Así, la ley 20.830 que “Determina conductas terroristas y fija su penalidad” establece que se constituye delito terrorista “cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o una parte de ella el temor justificado de ser víctima de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias” (artículo 1).

Es decir, el delito terrorista puede tener tres móviles: 1. Infundir temor en una población determinada; 2. un plan premeditado con el fin de atentar contra un grupo de personas; 3. el fin de presionar a la autoridad. En La Araucanía se cumplen las tres. De tal forma, esta ley que hoy es denostada debido al problema normativo expuesto, sólo viene a refrendar lo estipulado por la Convención Interamericana contra el Terrorismo —a la cual Chile está suscrito—, en lo pertinente a que los Estados Parte se comprometen a adoptar las medias necesarias para terminar o prevenir este delito especial. Sin embargo, la ley no sirve de nada si no es aplicada. Esto es lo más peligroso de todo.

El país está en deuda con los pueblos originarios (inclúyanse Aimaras, Changos, Rapa Nui, Yaganes y los restantes). Pero con los mapuches si bien la deuda existe y es grande —por ejemplo en materia de trato—, esta no es unilateral. Este pueblo también tiene sus déficits, ya que desde los inicios de este antiguo conflicto ciertos sectores de él han puesto trabas y problemas para una sana colaboración que ayude a resolver las diferencias. Es más, si se remonta a la época de la colonia, una parte importante de las arcas fiscales se iba a la mantención del ejército permanente ubicado en la frontera mapuche, aún cuando ya estaba definida la línea divisoria (río Biobío), lo que dificultó de gran manera la prosperidad de los habitantes de una Capitanía General relativamente pobre. Malones y matanzas. Raptos y secuestros. Destrucción y quema de ciudades. Ambos lados tienen manos con sangre.

Los mapuches forman y formarán parte fundamental de la cultura chilena, y así lo sienten muchos de ellos. Esto no quiere decir que la sociedad chilena absorba sus costumbres y tradiciones para dejarlas en el olvido, al contrario, mantenerlas depende de ellos mismos. No seamos ilusos, este conflicto de tierras ancestrales seguirá por un buen tiempo —si no para siempre—, hasta que ambas partes comiencen a ceder parte de sus pretensiones. Lo que no puede continuar —y nosotros permitir— es la violencia, y para esto es momento de comenzar a llamarle a las cosas por su nombre. El terrorismo, sea de Estado o de particulares es una aberración. La violencia, intolerable.

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Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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"La libertad no se pierde por
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