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Un problema que ha reflejado todo el debate constitucional en los últimos meses es que, sin importar el resultado del plebiscito del día 4 de septiembre, ni la izquierda ni la derecha garantizan compromisos creíbles respecto a asuntos esenciales. Es decir, no son capaces de generar expectativas creíbles en sus contrapartes.

La izquierda no garantiza ser buena perdedora ni necesariamente respetuosa de derechos y libertades claves en cualquier Estado social democrático y de derecho. Constantemente amenaza con estallidos que, mirados en perspectiva, parecen más planificados que sucesos espontáneos. La derecha cada tanto muestra un afán de inmovilismo a estas alturas políticamente miope, aunque en sus filas se precian de liberales y modernos. Generalmente desdeña de temas que no necesariamente son ajenos a los marcos de una sociedad capitalista como si fueran ideas propias de sus contrapartes más anticapitalistas.

El desorden producido en octubre de 2019 en parte se explica por estas lógicas adoptadas por los bloques políticos que han ido haciendo imposible la posibilidad de compromisos creíbles entre adversarios torno al debate constitucional. La derecha y su postura miope frente a la necesidad de reformas y cambios incrementales en el modelo contribuyó subterráneamente a anular la existencia de compromisos creíbles con la centroizquierda cuando el contexto lo ameritaba. Ahora, varios añoran la propuesta de Bachelet. Esto, se quiera o no, fue el pivote perfecto para que la izquierda radical y el Partido Comunista azuzaran el desorden y pusieran en cuestión la noción de consensos, como si siempre aquello fuera un pacto espurio. Un craso error que se ha traducido en la imposibilidad del propio gobierno, surgido de esa izquierda radical, de restablecer el imperio de la ley en un país amenazado por una creciente criminalidad. Aunque el Presidente Boric acuse cherry picking cuando se lo recuerdan en alguna entrevista.

“Si, sinceramente, tanto la izquierda como la derecha desean generar más bienestar para Chile y sus habitantes, la principal preocupación debería ser establecer el orden en base a compromisos creíbles entre grupos políticos con ideas radicalmente distintas”.

Si, sinceramente, tanto la izquierda como la derecha desean generar más bienestar para Chile y sus habitantes, la principal preocupación debería ser establecer el orden en base a compromisos creíbles entre grupos políticos con ideas radicalmente distintas. Eso no está pasando y no lo instaurará la nueva Constitución, pues esta misma refleja un tema que sin duda será clave en el debate político de los próximos meses, la ausencia de consensos respecto al rol del estado y sus fines legítimos entre los grupos políticos.

La existencia de una base consensual no se produce por los apoyos mayoritarios producidos al interior de una convención como algunos pretenden plantear desde el Apruebo, sino que una base consensual se produce cuando el resto de los grupos y élites de la sociedad se suman a ese consenso respecto al rol del Estado, sus límites y ámbitos de acción. Es decir, cuando todos asumen las mismas reglas del juego político. Y eso se produce cuando los adversarios políticos asumen que los otros respetarán los límites a su comportamiento político. Por ejemplo, que en caso de perder una elección, no azuzarán el vandalismo callejero o que acusarán fraude sin presentar prueba fehaciente. O que en caso de ganar, no pasarán a llevar certezas jurídicas que sustentan inversiones de mediano y largo plazo, o que cumplirán con reformas comprometidas durante la campaña.

Lo anterior además exige que los actores asuman que el marco constitucional debe establecer límites al ámbito de injerencia de la política, pues se parte de la presunción de que en un sistema democrático, el poder no siempre está en las mismas manos. Si miramos Chile, lo que vemos es que contrariando ese criterio, la propuesta constitucional apunta abiertamente a extender los ámbitos de injerencia del Estado. Esto es reflejo del hecho de que en la Convención no existió la búsqueda de un compromiso entre élites o grupos, sino más bien una lógica de imposición de parte de quienes se presumieron como parte de una mayoría monolítica que, por tanto, siempre tendrá control del Estado.

El problema de todo lo anterior, es decir, la ausencia de un marco consensual y la extensión de los ámbitos de injerencia del Estado que la propuesta constitucional establece, es que de aprobarse existe un alto riesgo de que surjan tendencias oportunistas, hacia la captura de rentas y lógicas corporativistas, pues hay más recursos a repartir desde el Estado. A la larga, eso trae consigo el riesgo del desarrollo de tendencias autoritarias desde los grupos políticos dominantes, pues los costos de renunciar al poder serán muy altos. Por otro lado, quienes queden fuera de esos arreglos se mostrarán dispuestos a recurrir a métodos que pondrán en riesgo la seguridad jurídica y la eficacia de las normas jurídicas.

Más allá del resultado del plebiscito, los actores políticos deberían estar viendo el modo en que establecen compromisos creíbles entre ellos respecto a sus propias dinámicas políticas. De lo contrario, no habrá orden político democrático, sino un orden basado en la imposición autoritaria, donde a la larga todos estarán enfocados en capturar rentas más que en producir bienes y servicios. Obviamente, bajo un escenario así, el desarrollo económico que es necesario para garantizar derechos sociales básicos y un creciente bienestar general de la sociedad, será una quimera escrita en papel.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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"La libertad no se pierde por
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