¿Quién defiende a la bandera?

La performance de antipatriotismo escatológico realizada en un acto de campaña del Apruebo en Valparaíso fue un triste espectáculo que despertó un unánime rechazo de la ciudadanía y —por consiguiente— de la clase política. Explicito esta relación de causalidad, porque el octubrismo no se ha cansado de entregarnos postales similares a lo largo de estos aciagos últimos tres años y la reacción de la clase política no había estado a la altura.

En el mundo se discute si el ultraje de la bandera debería ser considerado un delito o una desagradable forma de libre expresión. Denigrar los símbolos patrios figura como delito en buena parte de las legislaciones del mundo, siendo ejemplos de esto los códigos penales de Alemania (§90), España (art. 543), Francia (art. 433-5-1) e Italia (art. 292). Distinto es el caso de los Estados Unidos, donde quemar la bandera de trece franjas y cincuenta estrellas es un acto amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de acuerdo con lo fallado por su Corte Suprema en el caso Texas v. Johnson. Respecto a este tema, y en un esfuerzo por conciliar el libertarianismo con el patriotismo, el gran Johnny Cash dijo lo siguiente: «Doy gracias a Dios por las libertades que tenemos en este país. Las valoro. Incluso el derecho de quemar banderas, estoy orgulloso de esos derechos. Pero (…) también tenemos el derecho a ir armados, y, si quemas mi bandera, te disparo. Pero te dispararé con mucho amor, como buen americano».

En el caso chileno, el legislador dejó este problema en manos de la Justicia —y no de los justicieros—. En virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley de Seguridad del Estado arriesgan una pena de hasta cinco años de presidio: «Los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo, el nombre de la patria o el himno nacional». La investigación de los hechos constitutivos de este tipo de delitos solo puede ser iniciada por el Ministerio del Interior y no por la Fiscalía. Como ya se está volviendo costumbre en ciertos casos incómodos para el Gobierno de Gabriel Boric —basta recordar a Llaitul—, desde La Moneda desestimaron querellarse por este delito y solo lo hicieron por el de ultraje público a las buenas costumbres contemplado en el artículo 373 del Código Penal.

Para notificarnos de la inacción del Gobierno, su vocera Camila Vallejo se valió de una mentira y de una media verdad. Mintió cuando dijo que no invocaban la Ley de Seguridad del Estado porque esta ley «tiene que ver con hechos que afecten gravemente la seguridad de la nación». Eso es mentira, dicha ley no solo contempla delitos contra la soberanía de la nación y la seguridad externa o interna del Estado (títulos I y II), sino que también incluye delitos contra el orden público (título III) y delitos contra la normalidad de las actividades nacionales (título IV). En definitiva, no es necesario estar en una situación especial para que ultrajar la bandera sea delito. En cuanto a la media verdad se comprometió con «garantizar de que no haya impunidad respecto de estos hechos», esto puede ser verdad respecto al delito de ultraje a las buenas costumbres, pero el ultraje a la bandera quedará en la más completa impunidad. Sería prudente que la ministra Vallejo se dejara asesorar por algún abogado —incluso puede ser uno de esos lirones que se despiertan las 11:00 de la mañana [madrugada para ellos] y no llegan a las audiencias— para que le explique lo que es el concurso ideal de delitos.

“La bandera chilena es de todos, no rechaza a nadie. Sospecho profundamente de quienes la repudian y se autoexcluyen de este símbolo, porque no dudarán en imponernos uno nuevo el día en que triunfe su revolución.”

La bandera de Chile es mancillada en público y el encargado de iniciar la persecución penal de este hecho (en último término, Gabriel Boric) no hace nada. El poco compromiso que tiene Boric con los símbolos republicanos nos debería alarmar, pero no extrañar. Recordemos el caso de Marcela Inostroza Pérez, quien, en medio del delirio octubrista, se puso a trapear el piso con la bandera chilena. El Ministerio del Interior de la época se querelló por el delito descrito anteriormente. Gabriel Boric apenas llegado a La Moneda retiró la querella que pesaba en su contra.

La bandera chilena es de todos, no rechaza a nadie. Sospecho profundamente de quienes la repudian y se autoexcluyen de este símbolo, porque no dudarán en imponernos uno nuevo el día en que triunfe su revolución. Puestos a elegir, prefiero el emblema tricolor, impuesto solo por el peso de nuestra historia republicana. Si el presidente Boric insiste en no cumplir su deber legal, ¿quién defenderá a la bandera de los ultrajes?

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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"La libertad no se pierde por
quienes se esmeran en atacarla, sino por quienes
no son capaces de defenderla"

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