Que se vayan todos

“El Estado de derecho se encuentra en jaque”, aseguró Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema. Esto, producto de los 603 asesinatos conocidos en lo que va del año, prácticamente uno cada 10 horas.

Si consideramos las personas gravemente heridas por delincuentes, los delitos contra la propiedad, la extorsión mafiosa que ocurre en ciudades del país, portonazos sin víctimas fatales, terrorismo, etcétera, solo queda concluir que Chile se encuentran hoy con niveles de seguridad casi centroamericanos.

De hecho, en los dos últimos meses ha habido más homicidios en nuestro país que en El Salvador. Y es que, en esta nación, usualmente considerada la más peligrosa del mundo, el presidente Nayib Bukele ha puesto todo el empeño en terminar con la violencia de las pandillas. Como consecuencia, y más allá de las críticas que se le puedan hacer, su popularidad se alza por sobre el 80%. Así como El Salvador consiguió convertirse en un territorio más seguro producto de su liderazgo político, Chile destruyó sus niveles de seguridad debido a la incompetencia e ideologismo de sus élites políticas e intelectuales.

Fueron estas las que insistieron en reformas al sistema de justicia criminal en parte inspiradas en la premisa de que el delincuente es una víctima de la sociedad y de que el aparato represivo del Estado es un mecanismo al servicio de la opresión de clases. Fueron también ellas, de derecha a izquierda, salvo excepciones, las que trabajaron décadas por destruir la legitimidad de la fuerza pública y las Fuerzas Armadas para restaurar y mantener el orden que hoy ha colapsado. Y también fueron ellas, siempre arrojadas a la fatua pose moral del buenismo, las que abrieron de par en par las puertas a la inmigración descontrolada que, muchos advirtieron, traería graves problemas al país.

Pero más sabían los “académicos” en centros de estudio y universidades, y los periodistas que los citaban y que hoy callan frente al desastre, o cuentan en pantalla, con lágrimas en los ojos, sus traumáticas experiencias cuando han sido víctimas de algún delito. Lo cierto también es que ni Piñera ni Bachelet, ni ninguno antes, hizo nada serio por frenar la delincuencia o el terrorismo en el sur. Es más, sectores de izquierda hoy en el Gobierno lo apoyaban abiertamente y continúan haciéndolo.

“En resumen, el desmadre de Chile en materia de seguridad es obra de una gran parte de nuestros políticos, periodistas, intelectuales y de no pocos jueces. Todos ellos han trabajado décadas para hacerles la vida más fácil a los delincuentes y más difícil a los chilenos de bien.”

En resumen, el desmadre de Chile en materia de seguridad es obra de una gran parte de nuestros políticos, periodistas, intelectuales y de no pocos jueces. Todos ellos han trabajado décadas para hacerles la vida más fácil a los delincuentes y más difícil a los chilenos de bien. Y mientras día a día más chilenos siguen siendo asesinados en las calles, la clase política se dedica a discutir sobre una cuestión totalmente irrelevante para los problemas de la gente, como es el crear una nueva Constitución.

Por si fuera poco, parte de esa misma clase política e intelectual, con su discurso igualitarista, social cristiano y “antineoliberal” ha llevado al país a la peor crisis económica en décadas y a un camino de decadencia que parece casi irreversible.

Todo esto es muy peligroso para la democracia. Si nuestra dirigencia quiere evitar lo peor, debe generar cambios profundos que beneficien la calidad de vida de la población. De lo contrario podría enfrentarse, en algún tiempo más, a que la misma población comience a exigir que se vayan todos.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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"La libertad no se pierde por
quienes se esmeran en atacarla, sino por quienes
no son capaces de defenderla"

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