Pensiones verdaderas

Agustín Squella dijo que “todo derecho tiene un límite”, cuestionando el derecho de los padres de traspasar sus valores a sus hijos. Lo más chistoso que le he leído desde que acusó a Roger Scruton de «neoliberal». En algo tiene razón, eso sí: los derechos tienen límites, algo que Fernando Atria olvida cuando le conviene. La regulación de barrios, por ejemplo, pone esos límites: si me compro una casa donde no puedo construir un edificio, se está limitando mi derecho de propiedad, pero esa casa no deja de ser mía. Es lo que Atria olvida y aplica a las pensiones, para esparcirlo por matinales. Cual mesías, dice que los chilenos hemos sido engañados. Limitar el uso de nuestros ahorros implicaría que no serían nuestros. Falso, pero no le importa. La idea permeó tanto que ya cayeron políticos y “técnicos”. Y parece que se cortan los frenos: demagogos profesionales, desde la izquierda hasta Desbordes y unos UDI, dicen que sacar fondos ayudará a los chilenos cuando, la verdad, es mejor la propuesta del Gobierno: no destruye pensiones, focaliza, se devolverá solo si es que hay ingresos y, de paso, no arriesga el sistema (y el país) completo —que algunos quieren romper, claro—.

Eso es lo que ocurre con el poder y la plata: tienta hasta a las mejores almas. Por eso es que en 1990 se independizó al Banco Central, que venía generando inflación desde su creación en 1925. No se aguantaba de financiar al Estado. Antes existía una regulación de emisiones ideada por Jean Gustave Courcelle-Seneuil, quizás la única persona citada por Marx que haya escalado el cerro Santa Lucía —además de Darwin, para quien subir ese cerro era una “fuente de placer infalible”—. La ley ideada por este asesor y profesor liberal (no es un invento de los Chicago) fue de apoco distorsionada en función de los intereses del Estado. A pesar de esto, los pocos estudios de economistas sobre la época relatan que fue un periodo estable y de baja inflación, y que nadie perdió sus depósitos. Había reglas cruciales de corresponsabilidad. Entre esos años hubo incluso un microensayo: la junta rebelde de 1891 se estableció en Iquique. Allá la plata llegaba en números grandes por el salitre, pero era difícil ir al supermercado con denominaciones gigantes de libras esterlinas. Se necesitaban billetes chicos. El crédito era escaso y lo daban, como siempre, las casas comerciales (eso tampoco es un invento de los Chicago), que empezaron a emitir billetes, a lo que espontáneamente se sumaron hoteles, restoranes, librerías y hasta peluquerías. Ese fue otro feliz examen de una idea que habría sido imposible defender porque, explica sobre esto Ramón Santelices en 1893, «la omnipotencia de nuestros gobiernos tiene tantos defensores que las sabias enseñanzas de la historia y, aun, el ejemplo en casa propia, habrían sido desestimados, así como se sostienen hoy tantos errores victoriosamente combatidos por la ciencia». La ciencia, entonces, cuando conviene.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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