No le demos a las opiniones estúpidas el placer de escandalizarnos

Estando a meses de una elección presidencial me parece lamentable que el tema de la semana pasada haya sido si un candidato retiró o no parte de los fondos destinados a su pensión, sobre todo en estas elecciones. La última Encuesta CEP ya nos daba indicios de que no existe un ambiente de presidenciales como en otras ocasiones. Si en septiembre de 2017 los personajes mejor evaluados eran Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, en septiembre de este año fueron Paula Daza y Pamela Jiles. Es decir, todavía en agosto —fecha en la que se realizó la encuesta— los temas que seguían dominando la agenda eran la pandemia y los retiros. La elección y la Convención Constitucional seguían en segundo plano. 

Volvamos a la polémica en cuestión y analicémosla por partes:  

1° Un político retiró parte de los fondos destinados a su pensión en virtud de tres reformas constitucionales que lo permitían… ¿Cuál es el problema? Fue exactamente lo mismo que hicieron millones de compatriotas. Para ser más exactos, según los últimos datos de la Superintendencia de Pensiones, 11.105.322 personas sacaron el primer retiro; 8.836.400 hicieron lo propio con el segundo y ya van 7.128.629 respecto del tercero. ¿Tiene sentido calificar el retiro de Sebastián Sichel como un privilegio, tal como lo hizo Yasna Provoste? La legalidad de la medida y el número de personas que la aprovecharon indican todo lo contrario. 

2° Un político retiró parte de los fondos destinados a su pensión en virtud de tres reformas constitucionales que lo permitían, aunque estuvo en contra de ellas en el momento de su tramitación… ¡¿Se olvidaron de algo tan básico como la generalidad de ley?! Su aplicación no puede estar supeditada a como votó un parlamentario y mucho menos a la opinión de un ciudadano. ¿Qué espera Yasna Provoste, que las leyes valgan solo para los que estuvieron a favor de estas en el momento de su tramitación?  

3° Un político retiró parte de los fondos destinados a su pensión en virtud de tres reformas constitucionales que lo permitían, aunque estuvo en contra de ellas en el momento de su tramitación, para depositarlos en un APV. Esta parte de la polémica no tiene el menor sentido porque, mientras se renovó el parque automotriz gracias a los retiros, quien depositó ese dinero en un APV sigue usándolo para fines previsionales (a menos que lo retire antes y se sujete a las reglas del artículo 42 bis de la Ley sobre impuesto a la renta). Si un ciudadano está en todo su derecho de comprarse un auto 0 km con sus retiros con mayor razón lo está si con ellos sigue ahorrando para su vejez. Por suerte no le he escuchado a Yasna Provoste este reproche, porque incurriría en una hipocresía monumental, dado que tiene más de 94 millones de pesos ahorrados en APV, según su última declaración (de agosto de 2021) que está en el portal de InfoProbidad. 

Por lo visto, estamos ante una polémica absurda que no mereció estar en el centro de la noticia. Mucha culpa de su relevancia fue gracias a la absurda táctica de personajes como Carolina Schmidt o Katherine Martorell, quienes pensaron que aduciendo motivos de necesidad se iban a librar de la polémica. Tampoco acertó Sebastián Sichel en no responderle a Provoste para luego asumir que hizo un retiro. Ambas reacciones avivaron el fuego de una polémica sin sentido. Todo por ignorar algo básico en política, explicado por Nicolás Gómez Dávila con singular maestría: «No le demos a las opiniones estúpidas el placer de escandalizarnos». 

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Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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