Mi infierno en el Sename

Hace unos días se publicó una carta de Edison Gallardo, escritor del libro “Mi infierno en Sename”, dirigida a la diputada Camila Vallejo. En ella, Gallardo relataba su experiencia yendo al Congreso a presentar diferentes propuestas para mejorar la hoy famosa institución. Tenía un objetivo claro: además de dirigírsela a la diputada, aludía a Giorgio Jackson y Gabriel Boric. A la primera, porque fue con quien conversó y quién le lloró en la cara luego de haber escuchado sus dramas de niño y, aludía a los tres, por ser los más fieles representantes de la idea de que los políticos no se corromperían y nunca perseguirían sus propios intereses, sino que, como ángeles incorruptibles, siempre velarían por el “bien común”.

Serían ellos, además, la realización terrenal, al fin, de este ideal: son jóvenes y nuevos, sin manchas en estas lides de la política. Y es por esto que Gallardo los increpa, por haber fallado en algo tan simple como no haber aprobado un informe de la Cámara de Diputados que induciría a claras acciones de mejora en el Sename. Algo inexcusable y, finalmente, hecho en pos de una barata defensa política. Los impolutos jóvenes habrían finalmente sucumbido, a pesar de toda su monserga. Así, concluía Gallardo, una vez más se había “demostrado que la clase política sólo protege sus intereses y favores para perpetuarse en sus cargos”. Primaba la defensa de intereses propios en desmedro de los niños, simplemente porque no son votos.

Hechos como este demuestran, por enésima vez, los riesgos a los que nos exponen las ideas de estos adalides de la bondad humana y estatal: al introducir un sistema de reparto: al riesgo de que los políticos aumenten las pensiones actuales (los viejos sí votan) con cargo a las generaciones futuras, llevando al país al desfalco –para perpetuarse en sus cargos, como en Grecia–; al impedir la libre elección educacional y curricular, además de la creación de colegios y universidades: al riesgo de uniformar las instituciones y educación en pos de evitar la diversidad educacional y que surjan ideas que el poder establezca como “importantes” –para perpetuarse en sus cargos manipulando conciencias, como ha ocurrido en varios países–; al introducir al Estado como agente empresarial: al riesgo de que los recursos y creación de empresas no se atengan a criterios empresariales sino que a criterios políticos o amistosos –como ocurrió “aquí y en la quebrada del ají”–. Ejemplos sobran, pero responsables escasean.

Comprender esto no implica eliminar ni satanizar al Estado, sino que simplemente, con mayor escepticismo, diseñar sus instituciones en función de nuestra débil naturaleza humana y sus móviles, no olvidando lo que somos. Es meramente sentido común que, día tras día, sin embargo, se nos confirma por enésima vez también, es el menos común de los sentidos.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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