Mercado y libertad

Hay liberales para los cuales el mercado es una especie de fetiche, una panacea de eficiencia que, si se le permite funcionar en plena libertad, resuelve todos los problemas por sí mismo. Para esos liberales, toda intervención política destinada a corregir el resultado espontáneo de los mecanismos de mercado es anatema, ya que lo perfecto no puede ser mejorado.

Esta forma de ver las cosas me parece que no solo es errada, sino contraproducente. El mercado es una forma muy eficiente de organizar libremente nuestros esfuerzos productivos, pero ello no quiere decir que no tenga problemas ni excluya intervenciones políticas que tiendan a fortalecer su eficiencia productiva y su legitimidad ética. Más aún, el no ver ni menos enfrentar las deficiencias del mercado implica abrir las puertas a intervenciones políticas tendientes no ya a mejorar el funcionamiento del mercado sino a destruirlo. En suma, no hay nada más anti mercado que amarlo sin mesura ni capacidad de ver sus defectos y actuar para corregirlos.

Dejo aquí de lado las regulaciones tendientes a combatir los abusos o la colusión, que doy por obvias, para pasar a discutir la necesidad de intervenciones políticas de carácter redistributivo destinadas a ampliar la igualdad básica de oportunidades y potenciar así la participación social en la economía de mercado. De ello dependen, a mi juicio, tanto el grado de eficiencia como la fortaleza ética y política de una economía libre.

Veamos primero el tema de la eficiencia. El mercado libre es un distribuidor muy eficiente de los recursos productivos existentes. Sin embargo, sin una intervención correctiva puede tender a subutilizar los recursos potenciales de la sociedad, en particular el capital humano y los talentos de la población. La razón es que la falta de condiciones adecuadas para su desarrollo hace que una parte del potencial productivo y creativo de la sociedad nunca se realice y llegue al mercado para que este la distribuya eficientemente. Por cierto que el mercado, en el largo plazo, crea incentivos para el desarrollo del capital humano de la población, pero su capacidad correctiva de las “desventajas de la cuna” dista, por su lentitud, de ser óptima. Esto es un lastre decisivo en países donde grandes segmentos de la población carecen de las condiciones para realizar su potencial y aportar plenamente al proceso de desarrollo, como es el caso del Chile actual. Se trata, resumiendo, de un enorme desperdicio social y, no menos, de una tragedia para cada persona afectada.

Lo dicho en torno a la eficiencia es importante, pero aún más lo son las consideraciones éticas. Desde el punto de vista de la ética de la libertad, el ejercicio de la libertad no debe ser el privilegio de algunos sino, en la medida de lo posible, un derecho real de todos. Este debe ser el fundamento ético de una sociedad libre y puede resumirse en la máxima: la mayor libertad posible para el mayor número posible de personas.

Ahora bien, el ejercicio real de la libertad exige condiciones que tienen que ver con el acceso a ciertos recursos y seguridades básicas, sin las cuales la libertad queda reducida a una pura promesa incumplida. La libertad de leer libros es más una burla que una posibilidad para quien nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer, la libertad de información queda reducida a muy poco cuando no se tiene la formación mínima que se requiere para procesarla, y la libertad de circulación no es más que una parodia cuando la delincuencia se apropia de nuestras calles o la falta de medios de transporte adecuados la hace, de hecho, imposible o sumamente costosa. En suma, el ejercicio de la libertad requiere, como lo ha señalado el premio Nobel de Economía Amartya Sen, del acceso simultáneo a ciertos derechos, capacidades y recursos.

Finalmente, las razones políticas para poner el acento en las intervenciones que hagan posible una igualdad básica de oportunidades tienen que ver con la estabilidad y la cohesión social, ya que estas dependen de la existencia de un sentido general de justicia acerca del orden establecido. Por ello, la legitimidad política del orden social basado en la libertad solo será sólida cuando la gran mayoría de los ciudadanos sienta que ha tenido una oportunidad justa de realizar sus potencialidades y alcanzar sus sueños, y que sus hijos también la tendrán. Un orden político justo no puede basarse en la lotería del nacimiento, sino en nuestra responsabilidad común de que a nadie le falten las condiciones básicas del ejercicio de la libertad.

En nuestro contexto, estas condiciones se refieren a la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la infraestructura. Es en torno a ello que se deben focalizar las intervenciones correctivas de los efectos espontáneos del mercado, comprometiéndonos a que todo chileno tenga acceso a esas condiciones o recursos, sin las cuales el ejercicio de la libertad se hace, en gran medida, ilusorio.

Asumir este compromiso no implica proponer un Estado de bienestar al estilo socialista, donde el Estado asume no solo la responsabilidad de que a nadie le falten esas condiciones sino que, de hecho, pretende monopolizar su gestión. Un Estado liberal debe ser subsidiario respecto de lo que pueda emprender la sociedad civil. Las intervenciones políticas deben tender a potenciar la sociedad civil, empoderando directamente a los ciudadanos y no al Estado ni a los políticos de turno. Esa es la opción de la solidaridad con libertad o del Estado solidario, que es diametralmente opuesto al Estado-patrón de la ideología socialista.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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