Media página de ficción

Un grupo de senadores —liderado por un alfil del narcodictador venezolano Nicolás Maduro— ha presentado un proyecto de ley con el fin de ‘nacionalizar’, es decir, confiscar las platas ahorradas por los trabajadores chilenos en las AFP. El episodio, inimaginable hace poco tiempo, nos permite reflexionar sobre temas esenciales para la subsistencia de nuestro país.

El primero y más evidente es la constatación de que el populismo se encuentra plenamente desatado entre la clase política y no será posible revertirlo por mucho tiempo. Este virus que hoy infecta el cuerpo político nacional se introdujo en Chile con el segundo gobierno de Bachelet y su agresiva agenda de reformas igualitaristas, las que tenían por objeto pasar una ‘retroexcavadora’ al modelo ‘neoliberal’. Algunos advertimos en artículos y libros ya entonces que Bachelet II, con su desprecio por los argumentos técnicos, abriría una puerta que jamás se volvería a cerrar.

Estos senadores que han jurado respetar la Constitución la transgredan conscientemente sin pagar ningún costo confirma que el caos prepandemia continuará en el tiempo.

La respuesta a esta alarma fue todo tipo de ataques de la izquierda y también de académicos de derecha más preocupados de la definición de populismo ofrecida por textos académicos que de la realidad. La centroderecha, hay que decirlo, fracasó totalmente en calibrar la magnitud política e ideológica de la transformación llevada a cabo por Bachelet. Con pocas excepciones, sus intelectuales y políticos no entendieron —y siguen sin entender— lo que se está jugando en Chile. Como consecuencia no se ha configurado un frente para combatir decididamente el proyecto de la izquierda y se sigue actuando como si lo peor no pudiera llegar a pasar. Ahora bien, el hecho de que senadores presenten proyectos sabiendo que son inconstitucionales plantea otros dos aspectos que vale la pena considerar. El primero es que la destrucción de las normas sociales, morales y legales que hacen posible la convivencia civilizada no tiene arreglo, porque parte precisamente en aquellos encargados de resguardarlas.

Que estos senadores que han jurado respetar la Constitución la transgredan conscientemente sin pagar ningún costo confirma que el caos prepandemia continuará en el tiempo. El segundo aspecto que debemos considerar es que si no fuera por la actual Constitución, posiblemente los senadores podrían salirse con la suya y efectuar el robo del siglo, haciéndose de los dineros de los trabajadores chilenos para gastarlos como ellos estimen. Si llegara a ganar el Apruebo en octubre, no hay garantía de que la próxima Constitución permitirá declarar inadmisible de entrada proyectos de ley como el presentado por los senadores en cuestión. Más aún, si la próxima Constitución no establece exactamente los mismos resguardos de la propiedad, de las cuentas fiscales, etc., entonces es cosa de tiempo para que los populistas de nuestra clase política confisquen nuestros ahorros.

Es cosa de tiempo para que los populistas de nuestra clase política confisquen nuestros ahorros.

Y si pueden hacer eso, no hay razón alguna para que el día de mañana no puedan nacionalizar la minería, la banca, el retail o lo que se les ocurra. No es casualidad que sea un miembro del círculo de confianza de la dictadura venezolana, junto a otros políticos afines, quienes planteen la colectivización de las pensiones. Jaime Guzmán, de cuya inteligencia no dudaban ni sus peores enemigos, afirmó alguna vez que con la Constitución anterior a la de 1980 bastaba ‘una simple ley para que se convirtiera en un país colectivista’. Y tenía razón. Lo inentendible es que juristas y políticos de derecha sean incapaces de ver lo que Guzmán tan claramente entendió: que parte de la izquierda jamás cambiaría su esencia marxista y que la clase política chilena retornaría a la demagogia tan pronto tuviera la oportunidad, llevando a cabo la destrucción de la economía y, tal como en el pasado, de la democracia.

Si el país comete el suicidio de cambiar su Constitución en este clima de crisis económica y social, demagogia desatada y colapso del orden público, no es descartable imaginar en algún futuro no demasiado lejano una demanda ciudadana por la restauración del orden mediante la vía autoritaria. Después de todo, ¿qué alternativa quedaría ante una democracia desbordada e inoperante? A muchos esto puede parecer pura ficción, algo que jamás podría volver a pasar en Chile. Tal vez, pero también hasta hace poco parecía ficción casi todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos.

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