Los inmigrantes y la ciudad

El debate sobre la inmigración partió mal, abrupta y atolondradamente. Eso es lo que pasa cuando un tema así no se aborda a tiempo, dejando a la ciudadanía sin respuestas ante las inquietudes que un gran flujo migratorio necesariamente suscita. El gobierno actual descartó la iniciativa legislativa promovida bajo la presidencia de Sebastián Piñera y optó por una lamentable inacción que ahora trata de reparar con un apuro que presagia una improvisación más para salir del paso.

Sin embargo, eso es justamente lo que debemos evitar en un tema así. De mi experiencia como vocero del Partido Liberal de Suecia en materias de migración y director de Observatorio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre el tema, me permito extraer cinco principios que, a mi juicio, deberían orientar nuestra política migratoria a fin de hacerla verdaderamente sustentable.

El primero es su integralidad. La política migratoria debe abarcar tanto los objetivos y regulaciones migratorias como una visión clara acerca de la integración de los inmigrantes y las formas de alcanzarla. Las necesidades y capacidad de integración de una sociedad dada deben ser los factores determinantes de los volúmenes y composición de la inmigración que se busca promover.

Discutir la regulación del flujo migratorio sin esclarecer previamente su utilidad y formas de integración es poner la carreta delante de los bueyes. El segundo es el principio de responsabilidad, tanto para con los recién llegados como para con la población nativa. Esto último es clave y se refiere especialmente a los sectores sociales que sentirán directamente los efectos más complejos del impacto migratorio.

Se trata de la competencia por los puestos de trabajo, la convivencia barrial o la eventual saturación y deterioro de los servicios públicos en las áreas donde los inmigrantes tienden a concentrarse en un primer momento. Paliar esto requiere de inversiones públicas significativas, pero también de un diálogo con quienes se sientan amenazados o desplazados por los migrantes. No hacerlo a tiempo es abonarle el terreno a la xenofobia. El tercero es el principio de legalidad.

Sobre ello se debe ser tajante. La inmigración ilegal no debe aceptarse, ya que genera no solo formas muy problemáticas de inmigración sino, además, un sentimiento muy nocivo en la población nativa de que la situación está fuera de control y que cualquiera puede avecindarse en nuestro país. También es vital castigar con la expulsión las conductas delictivas severas o reiteradas, pero sin olvidar que la presunción de inocencia es universal.

El cuarto es el principio de progresividad, que en vez de partir de la plena igualdad de derechos establece un camino hacia esa igualdad, que se logra progresivamente en la medida en que el inmigrante va mostrando su capacidad de aportar al país y cumplir sus leyes. Es decir, los derechos se deben ir ganando sucesivamente hasta llegar al derecho máximo, que es el convertirse en ciudadano chileno. El último principio es el de un patriotismo abierto.

Llamo de esta manera una postura acogedora y generosa basada en una clara afirmación de la identidad del país que abre sus puertas. No se trata de exigir la asimilación, sino de potenciar la diversidad dentro de un marco de valores compartidos y una lealtad y gratitud con Chile que nos haga parte de una misma comunidad. Así han hecho incontables colonias de inmigrantes en nuestra historia y en esa lealtad a una patria de todos debemos seguir basando nuestra visión de la inmigración.

Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.