Las instituciones importan y la prudencia también

Las instituciones importan, no cabe duda alguna. En realidad, todo el mundo dice que estas son importantes, por lo tanto, esta afirmación podría ser trivial. Esto último no me lo enseñaron en Harvard, pero lo aprendí viendo en la televisión a uno que, cansado de que le dijeran que el sistema era “perfectible”, dijo que en esa universidad le habían dicho: “Cuando tú dices algo que nadie diga lo contrario, lo que tú estás diciendo es trivial”. Y tenía toda la razón.

Pero cuando un liberal clásico habla de la importancia de las instituciones, no lo hace de manera trivial. En realidad, se refiere a algo más profundo: las instituciones son «el resultado de actos humanos y no la ejecución de un designio humano», como bien señaló Adam Ferguson siglos atrás. Es decir, las instituciones responden más a un proceso evolutivo que al diseño deliberado de una persona y, por lo tanto, cualquier cambio institucional exige mucha prudencia.

Como bien advirtió Hayek, esta idea contradice la intuición primitiva de «interpretar toda regularidad observada en sentido antropomórfico y como resultado de la intención de una mente pensante». Por lo tanto, si la evidencia histórica nos dice que no podemos planificar todo y que, por ende, debemos ser prudentes en nuestras decisiones —por la potencial magnitud de los efectos no deseados— nuestro corazón siempre nos dirá: “todo saldrá de acuerdo con el plan”; “amiga, voh dale” o como dijo Nicolás Massú en Rancagua: “nada es imposible (…) ni una (…)”.

Lamentablemente, esta mezcla de voluntarismo y constructivismo en política es garantía segura de fracaso. Con estos ingredientes se hizo el Transantiago —ignorando los recorridos probados durante décadas— y seguimos pagando los costos de la peor política pública de la historia. La única forma de evitar desastres de esta naturaleza es elevando el estándar ético de los políticos y exigirles lo mismo que se le exige a cualquier hijo de vecino: ser responsables por los efectos no intentados que debieron prever. Si un ciudadano saca a pasear a su perro sin bozal y este muerde a otra persona, el dueño del perro no puede ‘sacarse los pillos’ y decir: “mi intención era pasear al perro, no quería que te mordiera”. En cambio, un político causa desastres y se justifica diciendo que su intención era otra y, para colmo, ¡le resulta! ¡Se sale con la suya!

Para hablar seriamente de cambios institucionales, debemos advertir que los últimos cambios de esta naturaleza en nuestro país no han salido de acuerdo con lo previsto. En 2005, Ricardo Lagos quería ser presidente nuevamente y acortó el periodo presidencial a 4 años. Esto ha tenido un efecto nefasto al incentivar una oposición desleal por hacer coincidir las elecciones parlamentarias con las elecciones presidenciales y, por ende, se gobierna durante una legislatura completa —cuando antes se gobernaba a lo largo de dos—. Diez años después se cambió el sistema electoral con la promesa de tener un Congreso más diverso y colaborativo que, además, “no nos costaría un peso más”. Estamos en presencia del peor Congreso de los últimos 30 años y que nos cuesta 15 mil millones de pesos adicionales al año.

Si todos estos cambios han sido unas verdaderas chapuzas que en su tiempo se vendieron con gran pompa ¿Qué nos dice que las actuales propuestas —como el semipresidencialismo— serán lo contrario? Ya es hora de poner los pies sobre la tierra, advertir las consecuencias de nuestros actos y concluir que no bastan las “buenas intenciones”. Esto no significa que no se precisen cambios, todo lo contrario. Buena parte de nuestra crisis actual se debe a reformas mal hechas que deben ser reparadas con urgencia. En estos tiempos, donde se precisa de reformismo pero evitando el adanismo, la receta es la de siempre: mucha prudencia y mucho respeto a las instituciones.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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